Después de la feria de contratos en el Distrito Capital de Bogotá y del asalto de los paramilitares a los recursos departamentales de la salud, en connivencia con los caciques de las regiones, el marasmo empezó a frenar la capacidad de invertir de las diversas entidades públicas, so pretexto o por causa de la necesidad de corregir las delictuosas irregularidades, de tomar máximas precauciones y de redefinir o reestructurar los proyectos de infraestructura.

Así se ha llegado a la paradoja de un fisco boyante y de obras fundamentales a la espera del impulso decisivo de su ejecución en medio del auge minero energético, parcialmente restringido o encarecido por la deficiencia de transportes adecuados para sus productos. Germán Arciniegas observaba que en la Colonia la mina fue el indio, antecesor de los que ahora alborotan en el Cauca, más que los yacimientos de oro, plata y sal. En la última época, vino a serlo, quién lo creyera, el Tesoro Público, al azar del apetito insaciable de hampones sin ningún escrúpulo, unos armados y otros duchos en trampas ominosas o amparados en el llamando clientelismo.

Para no hablar de los que contratan mañosamente con el propósito de incumplir y de demandar por motivos ficticios al Estado, cuando no por no haber obtenido la rentabilidad esperada. O del escándalo de los anticipos con los que se ponía el pie en el estribo de la defraudación. O de los pactos para repartirse nada menos que las rentas departamentales de la salud. Ámbito en el cual se ingeniaron, en la nación, mecanismos para defraudar al Estado y cometer monstruosos latrocinios. Además de la licencia para especular con los precios de los medicamentos.

Aparte de estos aspectos específicos, siempre ha sido difícil la inversión puntual de las rentas públicas. Determinados organismos del gasto tienden a diferirla e incluso a atesorar sus ingresos. En general, puede ser atractivamente redituable su inversión en cualquier clase de papeles, sin excluir los bonos del Estado.
En épocas anteriores, cuando la Dirección Nacional de Presupuesto tenía delegados en las entidades oficiales de la Nación, era fácil seguirles el curso a los giros respectivos y comprobar si se estaban invirtiendo o no de conformidad con la ley de apropiaciones.

Claro que la Contraloría General de la República puede cumplir esta función, pero no en forma previa a nuevas erogaciones y mientras tanto el mal seguirá haciendo de las suyas. Más de una vez se comprobó que la obra en cuestión no se había iniciado siquiera y, sin embargo, aparecía próxima a inaugurarse. La función de proveer y girar los recursos debiera implicar la de verificar el ritmo de inversión para continuar su flujo o para reanudarlo. La ejecución fiel y honrada del Presupuesto anual es tan importante como su expedición.

Con explicable regocijo se anuncia que para el año venidero se han aprobado cuarenta billones de pesos para inversión. Será de ver cómo se traducen en obras tangibles. En materia de autopistas, querríamos complacernos en el espectáculo de varias en ejecución simultánea, a lo largo y lo ancho del país. Porque, si se juzga, por el caso de Bogotá, donde repavimentar una calle o cuadra supone largos meses, si no años, el retraso crónico continuaría afectando a Colombia.

Es la hora del brío en la ejecución. No la de recostarse en los contratistas y fiarse de su celo, con prescindencia de la vigilancia de sus pasos. El famoso 'carrusel' de la contratación debiera servir de escarmiento y acicate para no exponerse a más dilaciones y fracasos. Desde luego, conviene mantener estrecha coordinación institucional con gobernadores y alcaldes para la buena marcha de las inversiones a su cargo.