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De la maraña a la dura realidad

Se han venido denunciando las tretas de que han sido víctimas departamentos y municipios. Cada vez se encuentran más casos de defraudación de los fiscos seccionales.

Mientras las tropas de las Farc convergen a las zonas previamente determinadas por el Gobierno como primer paso a su desmovilización y desarme, el país continúa desenredando las numerosas operaciones financieras a todo nivel que se fueron acumulando sin percatarse exactamente de su contenido y alcance nacional, departamental y municipal.
Lo que se consideró, en principio, expresión neta de dinamismo y progreso resultó, a la postre, envuelto en complicada maraña de anomalías y corrupción. Sin que faltaran los espíritus de buena fe, convencidos de que así contribuían al desarrollo del país o de sus comarcas, a oscuras de las maquinaciones inmorales.
Recientemente se han venido denunciando las tretas de que han sido víctimas departamentos y municipios, desde dentro o desde fuera. Cada vez se encuentran más casos de defraudación de los fiscos seccionales, en la misma forma como en no lejano ayer los recursos de la salud fueron presa codiciada de los entes departamentales. Se suelen aplicar curativos de emergencia, de efecto eminentemente efímero, y, a poco, se vuelve a las andadas.
Lo de Odebrecht fue de otro orden y cuantía descomunal. Todavía se está en el proceso de descubrir sus numerosas y poderosas ramificaciones y complicaciones. Por ejemplo, en lo que atañe a la navegabilidad del río Magdalena, de la cual disfrutamos en tiempos remotos y en vista del empeño de restablecerla por el bien de la actual y futura economía colombiana. Era de ver cómo se transportaba la carga pesada de Puerto Salgar a Barranquilla o a Santa Marta, aprovechando la entonces recientísima conexión férrea.
Todo este panorama de progreso se halla condicionado, por supuesto, a la existencia de medios de transporte aptos para cumplir su misión. Quién iba a pensar que este objetivo pudiera fallar por falta de sus elementos básicos. Porque no se consiga empatar sus troncales o no se logre preservar su correcto y continuo funcionamiento. En el pasado, ni siquiera remoto, se logró conectar el interior, específicamente la capital de la República, según acaba de recordarse, con la costa Atlántica, sin escándalos ni ruinosos desembolsos, con todo al descubierto.
Las obras se ejecutaban como respuestas a derechos incuestionables de la comunidad nacional. No como oportunidades de enriquecerse. Quizá el motivo de perturbación provenga de este designio o circunstancia. La semana pasada se denunció el caso de Cúcuta, repetido en otros municipios, de un solo proponente para obra u obras muy valiosas que necesariamente se le habrían adjudicado. En principio, cabe procurar el concepto del costo de la mercancía o del servicio y no el de su retribución graciosa.
Otro factor de inflación de costos ha sido el narcotráfico. Al fin y al cabo, todo lo domina, en su esfera de influencia, el valor comercial de la yerba maldita que desgraciadamente crece en grandes extensiones, tradicionalmente incultas. Habría que ver cómo se la elimina de raíz y con qué cultivos se la sustituye para dar trabajo a gentes numerosas e ingresos con los cuales subsistir.
La sustitución no es materia negociable, de tire y afloje, sino obligación perentoria de la legalidad democrática, nacional e internacional. Vano sería esperar a que otros asuman el deber de erradicarla con medios de eficacia irrecusable. Esta etapa ya se surtió, con los resultados conocidos.
Ahora, cuando se abre la etapa de diseñar la justicia para el posconflicto, debemos entender que el caso del narcotráfico reviste prioridad ineludible. Incluso, si se la dejara a merced de las normas transnacionales, no podríamos eludir que las aplicaran los jueces de esa vasta jurisdicción, según su leal saber y entender. La realidad de las cosas acabaría por imponerse, sin considerar la opinión de Colombia, cualquiera fuere.
Abdón Espinosa Valderrama
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