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Foco central de la paz

El proceso de paz y la marcha del 9 de abril vienen suscitando diversas reacciones de alineación (y aun de alienación) de las fuerzas políticas en torno de dos puntos específicos: la combinación de las formas de lucha y el tratamiento judicial a los alzados en armas por razón de actos de terrorismo, genocidio y secuestro.
Sobre el primero, se apresuró a pronunciarse el Polo Democrático al negarse a participar en la manifestación popular que por entonces propiciaba el partido llamado Marcha Patriótica, mientras esta incógnita no se despejara. Sobre el segundo, han sido caudalosos los pronunciamientos del expresidente Álvaro Uribe y de sus seguidores, así como del Procurador General de la Nación, convencidos de que no se debe dejar de sancionar los crímenes atroces de lesa humanidad. Un tercer punto, el relacionado con el narcotráfico, también mueve las inquietudes en el sentido de que es indispensable proscribir cualquier nexo con esta actividad ilícita y cortar de tajo compromisos anteriores de asociación o protección.
El secreto de las negociaciones de La Habana obliga al resto de los compatriotas a opinar tan solo sobre conjeturas o filtraciones. Es un riesgo que, al parecer, se compensa con los beneficios de avanzar en la mesa de las negociaciones sin mayores alharacas y sin trasladar a la opinión el calor de las discusiones internas. Aun así, no es posible evitar que dirigentes y ciudadanos se apresuren a tomar posiciones y aun a captar prosélitos en temas tan sensibles.
De pronto, resulta útil a la mesa de negociaciones saber cómo repercuten sus planteamientos en diversos sectores del país. En asuntos de suyo contenciosos, no resulta viable unificar criterios en todas las materias. Menos en vísperas electorales, cuando las aspiraciones buscan el cauce más propicio y surge la tendencia a apuntarse al probable ganador. El optimismo del Jefe del Estado sobre el resultado final es la clave de cómo avanza el denominado proceso de paz. Preocupa sí que, a veces, los protagonistas aparezcan como dos altas partes contratantes, en perfecta igualdad de condiciones, sin mayor miramiento por la esencia de la legalidad democrática con la cual se negocia.
Las buenas perspectivas oficiales han inducido a ver de calcular el monto de la operación de paz en cuanto deba asimilar la reincorporación a la fuerza laboral de los siete u ocho mil milicianos de las Farc. A ojo de buen cubero se hacen cábalas sobre su costo, presumiblemente partiendo de que en la mesa de negociación se hayan diseñado los probables escenarios, con énfasis en la órbita campesina. No en vano el primer punto del temario de la mesa de negociaciones fue el agrario, no únicamente por haber sido en ese ámbito donde se inició y fortaleció la guerrilla, ni por haberse nutrido financieramente de las siembras y exportaciones ilícitas, ni por haber sido su campo de atrincheramiento y abastecimiento.
Por supuesto, el cálculo del costo probable de la inserción masiva supone una economía colombiana saludable y dinámica. De tener la más baja inflación de América Latina se ufana, pero simultáneamente se duele de mostrar el mayor desempleo. Ahora mismo, el Fondo Monetario Internacional le ha reducido su pronóstico de crecimiento económico.
A sabiendas del accidente de debilitamiento, el Gobierno lanzó un plan de impulso a la productividad y el empleo, estrictamente dentro del campo del mercado, sobre el cual pretende influir con medidas indirectas o marginales, sin intentar regularlo y sin tratar de "sembrar" el auge minero-energético.
Algún efecto favorable habrá de tener, pero su misma índole no autoriza a demasiadas ilusiones. En todo caso, el foco central sigue siendo el de la paz.
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