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A la medida

Colombia necesita de la ONU, pero no su molde tradicional de mantenimiento de paz.

Laura Gil
El mantenimiento de paz de las Naciones Unidas necesita reforma. Desde los años 90, poco tiene para mostrar. Colombia necesita de la ONU, no el molde tradicional de mantenimiento de paz, sino una operación de paz diseñada a la medida.
La ONU aplica la misma receta en cada lugar. Se trata de presencias multidimensionales con componentes civil, policial y militar, con fórmulas similares de funcionamiento, sea cual sea el contexto, y un fuerte potencial para la suplantación estatal. Este no es el camino.
El presidente Santos decidió introducir la situación de Colombia en la agenda del Consejo de Seguridad. Según la práctica de la organización, solo el despliegue militar requiere la aprobación de este órgano. ¿Contempla el Gobierno la presencia de soldados extranjeros?
El caso de Colombia demanda un tratamiento especial. Estamos ante un Estado de renta media, ad portas de la admisión en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, marcado por debilidades internas remediables en el posconflicto, con proyección en la arena internacional y dotado de una Fuerza Pública de notable efectividad.
No precisamos ni observadores militares ni contingentes de cascos azules. El país tiene una amplia experiencia en la verificación de ceses del fuego y treguas por civiles nacionales e internacionales. La verificación del cese bilateral debería ser realizada por personal civil extranjero y, en particular, militares retirados, tal como hizo la misión de Naciones Unidas en Nepal.
La sostenibilidad de un mandato restringido al acuerdo militar resulta reducida. La experiencia muestra que las responsabilidades de las operaciones crecen poco a poco hasta la reducción paulatina que antecede el retiro. La verificación internacional de todos los acuerdos internacionalizaría la agenda interna de desarrollo rural y política antidrogas, por ejemplo, y debemos ser conscientes de los costos y los beneficios.
El sello ONU da legitimidad, pero es costoso. En ningún caso debería Colombia aceptar que la operación en terreno fuera financiada por el presupuesto regular, en tanto estos dineros están reservados de manera exclusiva a sustentar la burocracia internacional.
El fondo de mantenimiento de paz, alimentado por las cuotas ponderadas exigidas de cada país, solo puede costear misiones creadas por el Consejo de Seguridad. Estas contribuciones pueden ser utilizadas tanto para el funcionamiento de las Naciones Unidas como para la construcción de paz. Quizás esta sea la ganancia más importante, si no la única, para llevar el posconflicto al Consejo de Seguridad.
Sería fundamental, entonces, dar un paso para alterar la práctica: el Gobierno puede negociar para que el mayor porcentaje de fondos quede en Colombia y no se adjudique a los gastos de la misión, como ha sucedido en los demás países hasta ahora.
El presidente Santos insiste en que, una vez firmados los acuerdos, debemos estar listos para la implementación. Pero la puesta en marcha de una operación ‘onusiana’ demora. La misma unidad de lecciones aprendidas de la ONU admite la lentitud en hacer llegar los programas a las regiones. Los tiempos también son materia de negociación.
La Secretaría General de la ONU entiende que el mantenimiento de paz está en crisis y percibe a Colombia como una oportunidad. Las condiciones están dadas para solicitar una misión a la medida de nuestras necesidades. La mejor alternativa está en las Naciones Unidas, pero por fuera del Consejo de Seguridad. Si hemos de acudir a él, hagámoslo de la mejor manera posible y sentemos precedente.
Laura Gil
Laura Gil
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