Las recientes actuaciones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y del Presidente de la República, más que una crisis política, amenazan con convertirse en una crisis institucional. Ahora bien, si a lo anterior se suma la falta de credibilidad del Congreso, tenemos a las tres ramas del poder involucradas en la delicada situación.
Nada se podría criticar a la Corte Suprema de Justicia si se hubiera limitado a condenar a la ex-congresista Yidis Medina por su confesión y los demás elementos de prueba por el delito de cohecho. Se equivocan los magistrados que dieron un paso carente de soporte jurídico al remitir copia de la providencia a la Corte Constitucional para la revisión del Acto Legislativo 2 de 2004 de reelección presidencial, a sabiendas que dicha revisión no está prevista en el ordenamiento constitucional, pues solo tiene lugar por demanda ciudadana dentro del año siguiente a su publicación. Se trata de una decisión que se sale de los cauces institucionales, y genera desorden e incertidumbre.
Tampoco se podría criticar al Presidente si hubiera acatado la decisión y hubiera manifestado su inconformidad con argumentación razonada. Equivocadas sus declaraciones porque fueron dirigidas a descalificar al órgano judicial más que a señalar la evidente debilidad jurídica de la sentencia proferida, para concluir de manera inesperada con la propuesta de un referendo para repetir las elecciones presidenciales de 2006.
No corresponde al Jefe de Estado desconocer a la Corte Suprema de Justicia, por criticables que sean sus decisiones; por el contrario, debe velar por el funcionamiento armónico de los poderes públicos; de otro lado, si bien es cierto que se pueden proponer reformas a la Constitución, mal se hace al proponer repetir unas elecciones sin que exista pronunciamiento judicial que las invalide y produzca semejante incertidumbre sobre una de las principales reglas de juego del sistema democrático, cual es el ejercicio del poder presidencial por un periodo determinado. Se trata de conductas y propuestas imprevistas institucionalmente que no conducen a la solución de las diferencias, sino que más bien suman al conflicto entre los órganos del Estado.
Por otra parte, se equivoca la presidente del Senado aprovechando la coyuntura, al pretender que se repitan las elecciones de Congreso junto con las presidenciales, que no solo no están previstas en la Constitución, sino que está prohibido que se realicen conjuntamente.
Se insiste, se trata de actuaciones y propuestas que no están previstas constitucionalmente y que generan innecesariamente inestabilidad institucional. Después de seis años de esfuerzos para ganar la confianza, generar estabilidad y ofrecer seguridad a nacionales y extranjeros, con este lamentable enfrentamiento se borra con el codo lo escrito con la mano.
Ahora, corresponde a la Corte Constitucional dar una respuesta dentro de los cauces institucionales: no hay revisión de las sentencias de constitucionalidad de actos legislativos, estos solo son objeto de control por demanda ciudadana interpuesta dentro del año siguiente a su publicación.
Presidente, ante este panorama de propuestas desestabilizadoras del orden constitucional, es necesario dar un paso atrás, pues si bien la Corte Suprema no puede modificar su decisión, el Presidente puede retirar su propuesta de referendo para repetir las elecciones presidenciales y dejar en manos de la Corte Constitucional, dentro del diseño institucional, la respuesta jurídica en el contexto normativo de nuestra ordenamiento.
Finalmente, es de advertir que todas estas situaciones demuestran la rigidez e insuficiencia del sistema presidencial, abriendo paso certero a la necesaria adopción de un sistema parlamentario mucho más flexible, que fortalezca los partidos y el Congreso, y permita resolver situaciones políticas convocando a elecciones, sin generar crisis institucionales.