Va una adivinanza.
Existe un pacto internacional (CIAT) para la captura del atún del Pacífico. De este acuerdo, que busca controlar la explotación pesquera para no liquidar el atún de los huevos de oro, son miembros o asociados 22 países, entre ellos Estados Unidos y Colombia. Desde hace años, los científicos advierten que el número de las dos principales especies atuneras (el atún de aleta amarilla y el de ojo grande) disminuye velozmente, hasta el punto de que podrían extinguirse en breve. Respaldada por las principales ONG ecológicas del mundo, la CIAT se reunió en Panamá en junio pasado para acordar una urgente veda temporal que permita la repoblación del atún. Lamentablemente, el consenso fue imposible porque uno de los países asistentes se empeñó en boicotear la negociación a fin de obtener ventajas especiales para su flota pesquera.
Pregunta: ¿cuál fue el país que hizo fracasar el acuerdo y ha aumentado así el peligro del agotamiento de los bancos atuneros? Quien haya pensado en Estados Unidos, se equivocó. Por una vez, Washington fue firme promotor del acuerdo, pues sabe que abandonar los controles de hoy es conspirar contra la pesca de mañana. En esta ocasión -¿están preparados?- el villano de la historia, el país egoísta, miope, enemigo del medio ambiente y entregado a los intereses privados fue Colombia.
Así lo señala un comunicado suscrito por las ONG y la industria pesquera internacional: "Colombia, el miembro más nuevo de la CIAT, rompió el proceso de negociación al demandar una excepción a la implementación de un cierre temporal por siete semanas que permita la recuperación de las poblaciones (de peces) que las otras naciones acordaron".
¿Qué pretendía exactamente nuestra delegación? Que, en vez de la veda forzosa, los buques colombianos pudieran escoger, escalonadamente y a su arbitrio, el período de abstinencia de pesca. El problema es que el atún, muy poco respetuoso con el gobierno de Colombia, no se reproduce cuando nuestros ministros y gerentes quieren, sino cuando la biología lo dispone. Lo más lamentable es que el año pasado el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural decretó la recomendada veda de 42 días, y este año, cuando la escasez de pesca es más extrema, Colombia retrocede y se declara filibustera del Pacífico.
Varias veces he escrito que una de las más perversas consecuencias del permanente alboroto político alimentado desde la Casa de Nariño es que pasan de agache muchos otros problemas nacionales. Rara vez el Gobierno, el Congreso o la prensa tienen tiempo o interés por ocuparse de asuntos distintos a la política y la 'parapolítica', cuestiones fundamentales pero no únicas en el complejo mosaico nacional. Hace falta debatir muchas otras, como el torpe y apasionado matrimonio del Gobierno con los agrocombustibles. O el inexcusable papel de esquirol en la veda atunera. Qué deshonra que una nación cuya principal referencia de desarrollo debería ser la defensa del medio ambiente ande ofreciendo espectáculos de matonería ecológica a favor de intereses privados que valdría la pena escudriñar a fondo.
Internacionalmente quedamos señalados como un paisito insensato capaz de entorpecer la producción sostenible para satisfacer apetitos comerciales. Denuncia el comunicado: "Las negociaciones se rompieron debido a que las naciones insistían en que las medidas tenían que ser aplicables a todas y Colombia rechazó su cumplimiento".
Ayer mismo, Daniel Pauly, considerado por Scientific American como de los 50 científicos más influyentes del mundo, advertía: "Si no se hace algo, el atún será la próxima especie en desaparecer". Y, para mayor angustia, la Unión Internacional para Conservación de la Naturaleza señalaba que uno de cada cuatro mamíferos está en peligro de extinción.
¿Qué Ministerio responde por este desafuero (si es Medio Ambiente, apaga y vámonos)? ¿Quién está tomando a nuestro nombre decisiones que empobrecerán a nuestros hijos?