Con ‘juicio histórico’ a opositores, aumenta la represión en Venezuela

Con ‘juicio histórico’ a opositores, aumenta la represión en Venezuela

El último anuncio de la Constituyente se suma a medidas como la destitución de Luisa Ortega.

Constituyente de Venezuela

‘La patria no se vende, la patria se defiende’ fue el lema en la sesión de la Constituyente que aprobó el decreto para el ‘juicio histórico’.

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Agencia Venezolana de Noticias / EFE

03 de septiembre 2017 , 11:30 p.m.

El régimen chavista es juez y parte en el “juicio histórico” que decidió abrirle a la oposición venezolana.

Mientras el presidente, Nicolás Maduro, usa las recientes sanciones económicas aplicadas por EE. UU. para condenar política y judicialmente a la disidencia por “traición a la patria”, la Asamblea Constituyente afila su aparato represivo.

Atendiendo una exigencia de Maduro, la Constituyente resolvió la semana pasada iniciar “conjuntamente con los órganos del Estado un juicio histórico por traición a la patria” contra la dirigencia opositora, a la que acusan de promover y apoyar las medidas dictadas por la Casa Blanca, las cuales, entre otras cosas, prohíben “realizar transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el Gobierno venezolano y su compañía petrolera estatal (PDVSA)”.

“Sabemos que Freddy Guevara (primer vicepresidente del Parlamento) es un delincuente y tiene que pagar, que Julio Borges (presidente del Parlamento) es otro delincuente que tiene que pagar, ellos no tienen patria”, sentenció la constituyente Iris Varela.

El Código Penal Venezolano impone penas de hasta 30 años de prisión –tope del ordenamiento jurídico local– a quienes incurran en el delito de traición a la patria.

Valiéndose de la “plenipotenciaria” Constituyente, foro integrado por 545 chavistas, Maduro ha recrudecido la persecución contra sus adversarios políticos. Al día siguiente de su instalación, el 4 de agosto, destituyó a la fiscal general, Luisa Ortega, y designó en su lugar a Tarek William Saab.

De esta forma, el Ejecutivo retomó el control sobre el Ministerio Público, institución que dirige la acción penal y, además, lleva la investigación y el registro oficial de las víctimas de las últimas protestas, que arrojaron más de 130 muertos.

Luego de remover a Ortega, activaron una “comisión de la verdad” para castigar a los culpables de los “hechos de violencia por motivos políticos e intolerancia” que han ocurrido en el país desde 1999.

La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, definió esta instancia como “un instrumento muy poderoso para determinar responsabilidades políticas y morales de aquellos que, amparados en poderes imperiales y fácticos, se han dedicado (...) a subvertir el Estado de derecho”.

Maduro solicitó a la Constituyente aprobar una “ley constitucional contra el odio, la intolerancia y la violencia” para meter en la cárcel hasta por 25 años a todo “aquel que salga a las calles a expresar intolerancia y odio”.

“Hay un resurgimiento de las corrientes neonazis, fascistas, y el odio y la intolerancia que impulsaron ellos lo impulsó la MUD (Mesa de la Unidad Democrática, coalición opositora)”, dijo el mandatario.

El último eslabón de la cadena con la que el régimen chavista está asfixiando a la disidencia es este “juicio histórico”, planteado por Maduro y apoyado por la Constituyente, el Ministerio Público y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, quien propone elevar la pena por traición a la patria a más de 50 años de prisión.

La Constitución de Cuba parte de la premisa de que la peor amenaza que enfrentan es el imperialismo norteamericano

Plan perfecto

“El ‘juicio histórico’ es un importante elemento de la coherente y consistente estrategia que ha adoptado la revolución para excluir a los partidos políticos y a la oposición organizada de los marcos institucionales del nuevo Estado que se está instaurando en Venezuela. Una estrategia que ya habíamos vislumbrado desde la anulación del referendo revocatorio en el 2016 y que se ha acentuado durante 2017”, explica Óscar Vallés, jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad Metropolitana (Unimet).

Vallés afirma que el eventual enjuiciamiento de los diputados y representantes de la MUD por traición a la patria es la continuación de un plan que ha incluido el desmantelamiento del Parlamento y la limitación de los “canales de participación política como revocatorio, manifestaciones pacíficas y medios de comunicación”.

Ante la proximidad de las elecciones regionales, que se harán en octubre, el catedrático de la Unimet advierte que Maduro puede “ejecutar una nueva razia en el liderazgo opositor para subir el costo de participar en esos comicios”, aunque cuidándose de dejar abierta alguna rendija “democrática” para tratar de recuperar legitimidad internacional.

El régimen chavista se presenta como el heredero directo de Bolívar y el gran defensor de los intereses nacionales. Sin embargo, el politólogo Daniel Varnagy considera que los juicios por traición a la patria para hostigar a la disidencia son un calco del modelo cubano.

“La Constitución de Cuba parte de la premisa de que la peor amenaza que enfrentan es el imperialismo norteamericano. Ese concepto se está intentando trasladar a Venezuela, esa noción de ‘juicio histórico’ es la implementación pragmática de la nueva Constitución –inspirada en el texto cubano– que se desea para Venezuela”, enfatiza Varnagy.

El analista subraya que la figura de traición a la patria es “un concepto bélico, propio de los gobiernos militares y militaristas” que dicen encarar el peligro de una invasión. “En realidad, el madurismo profundiza el aspecto militar de la revolución cubana en Venezuela”, dice el académico.

Varnagy estima que habrá un “aumento de la represión” en el país, pero descarta que eso lleve a la “eliminación” total de la disidencia. ¿La razón? “Al gobierno de Maduro no le conviene llegar a ese extremo, necesita tener un enemigo visible”.

PEDRO PABLO PEÑALOZA
Para EL TIEMPO
Caracas

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