"Durante las justas deportivas no cesaron las matanzas ni las torturas", aseguró ante la justicia española Urgen Tenzin, representante del Ministerio de Seguridad de la tierra del Dalai Lama.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que investiga la querella interpuesta contra siete responsables políticos y militares del actual Gobierno chino por su actuación en los disturbios registrados en Tíbet desde el pasado 10 de marzo, escuchó el testimonio de Tenzin.

Tras abandonar el juzgado,    Urgen Tenzin, que dirige el centro tibetano para los derechos humanos y la democracia  en el exilio, le dijo a la prensa que a causa de las protestas de los tibetanos contra "las políticas represivas" del Ejecutivo chino, hay más de cien personas muertas y alrededor de 6.000 detenidos que son sometidos a "torturas inhumanas".

Agregó que la situación "no ha mejorado" después de los recientes Juegos Olímpicos celebrados en Pekín y, por ello, recomendó al magistrado que se desplace hasta el Tíbet "para verificar" los hechos denunciados.

"A los tibetanos se les detiene por intentar defender sus derechos humanos básicos", subrayó Tenzin, que deseó que a raíz de esta investigación "haya justicia para el pueblo tibetano".

El abogado José Elías Esteve explicó, por su parte, a la prensa que Tenzin entregó al magistrado un vídeo que recoge los disturbios acaecidos el pasado mes de marzo en el Tíbet.

Anunció además que, al haber algunos refugiados -testigos directos de la masacre, según el letrado- en países cercanos a China, como la India, se estudia la posibilidad de solicitar a Pedraz que se desplace hasta allí para interrogar a esas personas.

El magistrado de la Audiencia Nacional admitió el pasado día 5 de agosto la querella interpuesta por el Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Privada Casa del Tíbet y Tubten Wahghen Sherpa Sherpa.

El juez Pedraz investiga a los responsables que presuntamente dirigieron desde el pasado 10 de marzo un ataque "generalizado y sistemático contra la población tibetana", con el resultado de 203 muertes, un millar de heridos graves y 5.972 desaparecidos.

Los siete políticos y militares chinos imputados en esta causa son: el ministro de Defensa, Lian Guanglie; el ministro de Seguridad del Estado, Geng Huichang; el secretario del Partido Comunista Chino en la región autónoma del Tíbet, Zhang Qingli, y el miembro del Politburó en Pekín Wang Lequan.

La investigación también afecta al líder de la Comisión de Asuntos Étnicos, Li Dezhu; al comandante del Ejército de Liberación Popular de Lhasa, el general Tong Guishan, y al comisario político del comando militar de Chengdu, el general Zhan Guihua.

Otro juez de la Audiencia Nacional española, Ismael Moreno, tiene abierta desde 2006 una causa en la que investiga el supuesto genocidio perpetrado por el Gobierno chino en el Tíbet durante las décadas de los 80 y los 90.

MADRID
Efe