Sería en represalia por el ataque con una excavadora que dejó 3 muertos y unos 45 heridos. La derecha promueve seis proyectos de ley para privar a las familias de terroristas de la ciudadanía israelí.

El principio de una generalización de semejante sanción era discutido por el procurador general del Estado y los responsables políticos y militares involucrados este jueves, en conformidad con una solicitud del Gobierno luego de este atentado. 

"Hay que poner fin a los ataques terroristas perpetrados por los árabes de Jerusalén este. Si para eso debemos utilizar medios disuasivos o destruir casas, lo haremos", afirmó el primer ministro Ehud Olmert, citado por a página web del diario 'Yediot Aharonot'.

En el 2005, el general Moshe Yaalon, un ex jefe del Estado mayor, había ordenado el fin de esta práctica, pues una comisión investigadora militar había llegado a la conclusión de que en lugar de ser disuasiva, conducía a los palestinos a perpetrar atentados.

"Luego de una solicitud del Gobierno, el procurador general del Estado, Menahem Mazuz, examinará los problemas legales que plantearía la destrucción de casas en Jerusalén este", conquistada y anexada por Israel en 1967, indicó el portavoz del Ministerio de Justicia, Moshe Cohen.

Según Cohen, luego se presentarían recomendaciones al Gobierno. 

De acuerdo con una emisora de radio pública, Olmert se reunió con el ministro de Defensa, Ehud Barak, y con la ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, después del atentado cometido ayer en el centro de Jerusalén. 

Su autor, Hossam Dwayyat, de 30 años y padre de dos niños, vivía en Sur Baher, una aldea situada en Jerusalén este. Según el comandante en jefe de la Policía israelí, Dudi Cohen, tenía antecedentes penales y probablemente actuó "en forma aislada", ya que no estaba vinculado a ninguna organización palestina armada. 

Al ser interrogado por los medios, Benjamin Netanyahu, jefe del Likud (partido de derecha), hizo un llamado a "utilizar un puño de hierro para castigar y reprimir la violencia y la incitación a la violencia de los terroristas venidos de Jerusalén este (...) que incluya la ayuda de medidas legislativas disuasivas".

Unos 250.000 palestinos viven en Jerusalén este y disponen de documentos de identidad israelíes que les otorgan diversas facilidades (libertad de circular en Israel, subsidios familiares y asistencia médica).

El 6 de marzo pasado, otro palestino de Jerusalén este que dispone de ese documento de identidad abrió fuego contra un instituto de estudios talmúdicos de la Ciudad Santa, matando a quemarropa a ocho de sus estudiantes.

En esa oportunidad, Ehud Barak indicó que era "partidario de la demolición de la casa del autor de ese ataque", pero no insistió en que se tomaran medidas al respecto.

El número dos del gabinete, Haim Ramon, declaró a los periodistas que "sería justo que la casa del terrorista con la excavadora fuera destruida, pero eso no impedirá el siguiente atentado". 

De acuerdo con Meir Margalit, portavoz del Comité contra las Destrucciones de Casas, esa medida, heredada de las leyes de emergencia del mandato británico sobre Palestina, constituye "un castigo colectivo". 

JERUSALÉN (AFP)