La novela de la presidencia de Venezuela en el Mercosur

La novela de la presidencia de Venezuela en el Mercosur

El Gobierno de Nicolás Maduro estará al frente de la organización por los próximos seis meses.

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Argentina, Brasil y Paraguay están de acuerdo en la inconveniencia de permitir que Nicolás Maduro dirija por seis meses los rumbos del Mercado Común.

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REUTERS

04 de agosto 2016 , 06:58 p.m.

El pasado 29 de julio, el Gobierno del Uruguay, a través de nota diplomática enviada por su Canciller Rodolfo Nin Novoa, informó a los demás ministros de relaciones exteriores de los Estados Parte del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela) que finalizaba su Presidencia Pro Témpore de la Organización, por vencimiento del periodo de seis meses dispuesto en los instrumentos fundacionales para el ejercicio de la misma.

En su misiva, Nin Novoa afirmó que: “Uruguay entiende que al día de hoy no existen argumentos jurídicos que impidan el traspaso de la Presidencia Pro Témpore a Venezuela”, frase con la que pretendía reiterar su posición disidente de los cuestionamientos elevados por los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay, quienes consideran que existen razones políticas de conveniencia, así como jurídicas, por las cuales Venezuela no debe asumir la presidencia de la organización.

A pesar de los cuestionamientos, y sin dar espacio a una nueva discusión sobre la sucesión de Uruguay, como lo habían pactado los Estados Parte después de la reunión sostenida el pasado 11 de julio en el Palacio Santos –sede de la cancillería uruguaya-, el Gobierno de Nicolás Maduro asumió de manera automática y unilateral la Presidencia Pro Témpore del MERCOSUR, sosteniendo que su ejercicio pleno y legítimo constituye un derecho reconocido en los Acuerdos que dieron origen al Mercado Común, concretamente haciendo referencia a los artículos 12 del Tratado de Asunción y 5 del Protocolo Adicional a éste, que contiene la estructura institucional del MERCOSUR, denominado Protocolo de Ouro Preto.

Lo primero que llama la atención sobre esta incómoda situación, es que el Gobierno venezolano entienda una función de representación, en este caso de una organización internacional, como un “derecho” y no como una designación que se legitima en la manifestación, libre y expresa, de la voluntad de aquellos a quienes se quiere representar. Sin duda, eso demuestra una coherencia en el ejercicio del principio autoritario anti-democrático, aplicado en sus asuntos internos y que ahora se hace extensivo a las relaciones internacionales, en lo que algunos nos atreveríamos a llamar actuaciones que demuestran una “falta de altura diplomática” o simplemente una “desesperada búsqueda de la legitimidad perdida”.

Ahora bien, jurídicamente, si es cierto que los dos artículos en los que la Cancillería venezolana fundamenta su “derecho”, sostienen que “la Presidencia del Consejo del Mercado Común será ejercida por rotación de los Estados Partes, en orden alfabético, por un periodo de seis meses” y Venezuela es un Estado Parte de MERCOSUR desde el 12 de agosto de 2012 (MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 27/12).

Lo que omite la interpretación del vecino país, es que en ningún lado las citadas disposiciones hablan de la posibilidad de ejercer la Presidencia automáticamente, que la misma es del Consejo –máximo órgano de la entidad- y que por ello son sus miembros quienes deben estar de acuerdo con su designación, y que la práctica uniforme del MERCOSUR es que esa designación se legitima con el consenso de sus miembros, tal y como dispone el artículo 37 del Protocolo de Ouro Preto que deben ser tomadas todas las decisiones en este organismo de integración.

Precisamente sobre ese último punto, algunos medios de comunicación han manifestado que la Cancillería argentina no reconocería la presidencia de Venezuela alegando que, de acuerdo con la costumbre del bloque, ésta debería ser traspasada en una cumbre de los Estados. La Canciller venezolana manifestó el 1 de agosto en entrevista al canal TeleSur que: “eso es una maniobra antijurídica y el pseudo derecho. La costumbre en los Tratados Internacionales, desde el punto de vista de la interpretación de la norma no puede imponerse a la Ley, la ley es clara".

Pero más allá de las razones jurídicas que puedan existir para dejar sin piso la decisión de Venezuela de asumir de forma automática la Presidencia del MERCOSUR, la falta de una institucionalidad democrática debería ser razón suficiente, no solo para que el Gobierno de Nicolás Maduro no pueda ocupar el sitial de honor en la organización, sino para que el Estado sea suspendido de ella.

El Protocolo de Ushuaia “Sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR”, otro de los instrumentos fundacionales del bloque, es claro al establecer que: “La plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial para el desarrollo de los procesos de integración (…)”, por lo que consigna que una ruptura del orden democrático podrá generar la suspensión del derecho a participar en los órganos del proceso de integración, e incluso la suspensión del Estado afectado de la organización.

Los Estados Parte de MERCOSUR tienen la oportunidad histórica de adoptar las primeras consecuencias internacionales en contra del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Pero incluso, si llegaran a considerar que aplicar la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia, como en su momento lo hicieron en contra de Paraguay, tiene un costo muy alto, por lo menos deben evitar legitimar dicho régimen con la Presidencia del bloque económico subregional, ojalá, condicionando su continuación en el MERCOSUR a la liberación de los presos políticos, el respeto por las instituciones democráticas y la no obstaculización del referéndum revocatorio.

Argentina, Brasil y Paraguay están de acuerdo en la inconveniencia de permitir que Nicolás Maduro dirija por seis meses los rumbos del Mercado Común, esperemos que las gestiones de Luis Almagro (Ex Canciller Uruguayo, hoy Secretario General de la OEA quien ha actuado valientemente contra el Gobierno venezolano) y el ex Presidente José Mujica, logren convencer de sumarse a los otros tres Estados Parte para alcanzar el consenso que permita tomar una medida efectiva a favor del pueblo venezolano.

Carlos Arévalo
Profesor Maestría en Derecho Internacional
Universidad de La Sabana

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