Chavismo pide iniciar proceso de remoción de la fiscal general

Chavismo pide iniciar proceso de remoción de la fiscal general

Además, ha pedido dos medidas cautelares: la primera es la prohibición de enajenar el patrimonio.

Luisa Ortega

A juicio de Pedro Carreño, la fiscal ha incurrido en las faltas de “atentar, lesionar, o amenazar la ética pública y la moral administrativa”, entre otras.

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Luis Robayo / AFP

16 de junio 2017 , 11:00 p.m.

El diputado oficialista Pedro Carreño solicitó este viernes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela iniciar el proceso de remoción de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, contra quien también pidió una medida de prohibición de salida del país y la congelación cautelar de sus bienes.

La solicitud también exige que el alto tribunal determine si hay razones para llevar a juicio a la funcionaria, dijo Carreño a los periodistas desde la sede del máximo tribunal.

A juicio del parlamentario, la fiscal ha incurrido en las faltas de “atentar, lesionar, o amenazar la ética pública y la moral administrativa”; “actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución”; y de “violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución”. Todas las anteriores son causales de una falta grave, según la ley orgánica del Ministerio Público, que leyó Carreño.

Además, he pedido dos medidas cautelares: la primera es la prohibición de enajenar, gravar, ceder, vender, permutar cualquiera de sus bienes, para preservar el patrimonio”, indicó para señalar que si se determinara algún daño al patrimonio se debían asegurar los bienes para resarcir el daño.

La siguiente medida responde a que el chavismo evalúa el proceder de la fiscal “como la génesis de las actuaciones de las personas que se van a fugar del país, y por lo tanto en el escrito hemos solicitado una prohibición de salida del país”, añadió el diputado.

La legislación venezolana establece que la remoción de los integrantes del Consejo Moral Republicano (Fiscalía, Contraloría, Defensoría del Pueblo) está en manos de la Asamblea Nacional, con el previo pronunciamiento de la Sala Plena del TSJ sobre una falta grave.

Carreño pide además que con base en esas faltas “se declare si hay mérito para su enjuiciamiento, es decir que no solo debe ser destituida sino que puede y debe ser enjuiciada”. Esta es la segunda acción que emprende Carreño sobre la funcionaria y para quien ha pedido antes que se conforme una junta médica para evaluar su conducta por “insania mental”.

EFE

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