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Latinoamérica

La novela judicial de la líder de Madres de Plaza de Mayo

Hebe de Bonafini sale el jueves de la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en Buenos Aires.

Hebe de Bonafini sale el jueves de la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, en Buenos Aires.

Foto:AFP

Hebe de Bonafini, fundadora de la asociación, podría ir a la cárcel por causa lejana a sus luchas.

El jueves, Argentina se estremeció cuando el juez Marcelo Martínez de Giorgi emitió una orden de detención en contra de Hebe de Bonafini, quien encarna la lucha de muchos argentinos por saber qué pasó con los suyos durante la última dictadura (1976-1983) a través de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo. Pero la acción de De Giorgi no tiene nada que ver con la valiente causa de esta líder social.
Aunque la orden ya fue levantada este viernes tras un arreglo entre su defensa y el juzgado, Bonafini está a punto de sufrir graves consecuencias jurídicas por unas maniobras fraudulentas con un programa de construcción de viviendas sociales llamado Sueños Compartidos, en el cual se desviaron 2.043 millones de pesos argentinos (cerca de 138 millones de dólares).
Según las investigaciones, Sueños Compartidos recibió estos fondos durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), y el proceder del supuesto fraude operó casi idénticamente al montado por el exviceministro de Obras Públicas José López, que era alimentado por sobornos en la concesión de contratos para viviendas e infraestructura.
Bonafini, muy aliada del kirchnerismo, puso a la Fundación Madres de Plaza de Mayo al frente del proyecto. Los hermanos Sergio y Pablo Schoklender se constituyeron como apoderados de esta ONG y, por lo tanto, conocían de primera mano toda la información del proyecto.
La justicia comenzó a investigar los estados financieros de Sueños Compartidos recién en el 2011, cuando se detectaron incrementos inusitados en el patrimonio de los Schoklender y extraños balances de sobrecostos tanto en las cuentas del Ministerio de Planificación (en cabeza de Julio de Vido) como en las del Viceministerio de Obras Públicas.
Ante el escándalo, tanto Sergio como Pablo Schoklender deciden dejar las cuentas de la fundación en manos de un fideicomiso para que así Hebe de Bonafini y sus demás colaboradores pudieran seguir gestionando los proyectos de construcción, que se llevaban a cabo tanto en las afueras de Buenos Aires como en otras provincias del interior.
El caso siguió su curso y en junio de este año, ya estando encargado el juez Martínez de Giorgi, llamó a declarar a De Vido y pidió el testimonio del ya encarcelado López, entre rejas por el escándalo en el que se vio dejando casi 9 millones de dólares en sacos en un convento del conurbano bonaerense.
La próxima en ser citada fue la misma Bonafini, pero ella hizo caso omiso al aviso judicial. Desde ahí se negó de forma vehemente, alegando que la justicia, ahora con el gobierno de Mauricio Macri, está “politizada”.

Defensa

“Desde 1977 vengo padeciendo las agresiones de la mal llamada justicia”, aseguró el jueves Bonafini en una concentración de movimientos sociales que juró defenderla ante cualquier intento de detenerla.
No vamos a dejar que avancen sobre nosotros”. “Nos quieren hacer desaparecer”, dijo Bonafini ante sus seguidores, entre los que figuraban varios exministros kirchneristas que acompañaron a este ‘símbolo’ que divide a la sociedad argentina entre amores y odios hacia su figura. Un abogado denunció este viernes por encubrimiento a varios de esos dirigentes kirchneristas, hoy legisladores, afirmó Martínez de Giorgi.
Por su parte, el jefe de gabinete del presidente Mauricio Macri, Marcos Peña, consideró que conductas como las de Bonafini “tienen que ver con el final de la sensación de impunidad”.
Enmarcó su negativa a declarar ante la justicia en una “reacción de gente que se había acostumbrado a estar más allá de la ley”.
El nobel de Paz Adolfo Pérez Esquivel aseguró por su parte que “ante la ley somos todos iguales”, pero consideró “un escándalo” lo ocurrido el jueves y dijo que el juez debió haber tomado la declaración de Bonafini en su vivienda. “No se puede apoyar la corrupción, provenga de quien provenga”, dijo Pérez Esquivel.
Bonafini, cuyos dos hijos, Raúl y Jorge, así como su nuera están desaparecidos desde la dictadura, recalcó que se mantendría en su posición de no asistir a los tribunales.
“Yo ya dije todo lo que tenía que decir, ya mandé todo (la documentación) lo que tenía que mandar”, insistió Bonafini al reafirmar –como falló un juez anterior– que son “víctimas” de la defraudación de ese proyecto social.

Evo defiende a Bonafini

El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó este viernes su solidaridad con Madres de Plaza de Mayo y aseguró que son “víctimas de la justicia”, ante la acción judicial contra Hebe de Bonafini. “Nuestra solidaridad con las Madres de Plaza de Mayo, respeto y admiración a las grandes defensoras de la vida y la libertad”, escribió Morales en Twitter. Agregó que los “padres, hijos y nietos” fueron antes “víctimas de la dictadura” en Argentina y ahora sus “madres y abuela” son “víctimas de la justicia”.
INTERNACIONAL*
*Con AFP, EFE y La Nación / GDA
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