El Gobierno anunció ayer, en otra medida que generó fuertes críticas, que las licencias de varias emisoras serán revertidas por "incumplir la Ley de radiodifusión".

Los directivos y periodistas que hasta el martes manejaban los canales de televisión 'Gamavisión', 'Telecentro', 'CN3' y 'CN7', que fueron incautados por el gobierno del presidente ecuatoriano Rafael Correa, estaban ayer a la espera de la orden de cambiar la línea editorial de los informativos, considerada como de oposición, mientras que organismos de prensa del mundo expresaron ayer su preocupación por el talante de la decisión.

De suceder esto, se le daría mayor munición a quienes consideran que el embargo no fue exclusivamente para cobrar una deuda de 661 millones de dólares al poderoso grupo financiero Isaías, dueño de los canales y acusado de delitos bancarios; sino para asumir el control de unos populares medios de comunicación en momentos en que los ecuatorianos están próximos a decidir en un referendo si aprueban o no la nueva Constitución, que debe ser presentada el próximo 26 de julio.

A esto se sumó ayer el anuncio oficial de que 229 emisoras de radio y televisión serán sometidas a un "proceso de reversión" de sus frecuencias al Estado por "incumplir la Ley de Radiodifusión".

Lolo Echeverría, ex vicepresidente de noticias de 'Gamavisión', dijo a EL TIEMPO que al removerlo de sus funciones, el nuevo administrador de los canales incautados, Enrique Arosemena, le advirtió que "no estaba de acuerdo con la línea editorial de la televisora".

Los directores periodísticos de los canales fueron despedidos y en su lugar fue nombrado José Toledo, cercano al Gobierno.

"Dentro de pronto quedará en evidencia que tras este discurso de recuperar los dineros del pueblo ecuatoriano está el interés de controlar estos medios en vísperas de un plebiscito en que el Gobierno se juega su proyecto político con la aprobación de la nueva Constitución que, según las encuestas, a la fecha solo tiene el 35 por ciento de aceptación", señaló Echeverría.

"Si es verdad que no quieren controlar la información, ¿cómo se entiende que llegaron listos con un administrador, un nuevo vicepresidente de noticias para los canales, y removieron solo a las personas que ocupaban las direcciones y jefaturas de noticias?, se preguntó, por su parte, uno de los periodistas de 'Gamavisión'.

La duda también se apoya en que en casi todas las empresas que hacen parte de los 195 bienes del Grupo Isaías que debían ser incautados, "no ha pasado nada", como indicó un trabajador de la empresa proveedora de televisión por cable e Internet, TV Cable, al informar que hasta esas instalaciones "no había llegado ningún administrador estatal y solo estaban rodeados por un grupo de policías".

La acción fue dispuesta el martes pasado por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), oficina estatal encargada de recuperar los dineros de los bancos que cerraron o fueron a la quiebra durante la crisis financiera de finales de los 90, para muchos, la peor que ha tenido Ecuador en su historia. Entre esas instituciones financieras estaba el Filanbanco, que perteneció al Grupo Isaías.

Para reforzar la decisión del Gobierno, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Ecuador 'blindó' la incautación de los canales de televisión y de los otros bienes que hasta el martes pertenecían al Grupo Isaías, con un "mandato" para evitar posteriores demandas, quejas, amparos y otras acciones judiciales en contra de la medida.

Los acreedores del Filanbanco apoyaron al Gobierno en la medida adoptada, aduciendo que aún quedan 60 mil clientes que no han recibido sus depósitos y a los que se les adeuda un total de 350 millones de dólares.

Según Oscar Ayerve, vocero de los reclamantes, "el perjuicio total en contra del Estado por la quiebra de ese banco es de más de 2 mil millones de dólares".

Alarma y preocupación

Pero a los organismos defensores de la libertad de prensa en el mundo no los convence del todo que el embargo sea un mero acto administrativo.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su alarma y profunda preocupación por la incautación de los canales y el manejo editorial oficial: "Esa medida no hace otra cosa que disfrazar de licitud una política de censura (...) Es obvio que el nuevo director (de los canales) tendrá una visión editorial diferente, y que no será independiente para nada de la visión gubernamental. Eso no se puede disfrazar".

Por su parte, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) mostró en un comunicado su "rechazo a posibles acciones en contra de la libertad de expresión que pudieran derivarse de la incautación" de los canales, y advirtió que el Gobierno "tiene la obligación moral y legal de garantizar la plena vigencia de los derechos a la libre expresión y difusión del pensamiento, que podrían afectarse si se manipula el contenido noticioso, analítico y de opinión de esos medios".

Para Reporteros sin Fronteras (RSF), se trata de una "medida inoportuna cuando se acerca el referéndum constitucional, e injusta con sus respectivas redacciones (periodísticas)".

Entre tanto, la actividad de los cuatro canales de televisión paulatinamente vuelve a la normalidad de su parrilla de programación, que capta el 38 por ciento del total de la audiencia ecuatoriana.

MAGGY AYALA SAMANIEGO
PARA EL TIEMPO
QUITO