"La mayoría de los que fueron reemplazados nunca los propuse yo. Casi sin excepción llegaron a sus cargos propuestos por otros compañeros de la dirección del Partido o del Estado", dijo.

Los cambios de Gobierno -se trata de la remoción más amplia realizada por el régimen comunista- fueron anunciados en una nota oficial del Consejo de Estado difundida en televisión, en la que se explicó que habían sido decisiones en "consonancia" con el compromiso asumido por Raúl durante su asunción presidencial, en febrero del 2008.

Entonces, el Presidente indicó que en el curso del año haría una reestructuración de la Administración del Estado para aumentar su eficiencia y racionalidad con una reducción del número de organismos y una mejor distribución de sus funciones.

Lage (57 años) y Pérez Roque (44 años) estaban entre los miembros más jóvenes del gabinete y no participaron en las luchas guerrilleras. Ambos fueron formados desde adolescentes por el propio Fidel Castro.

Los cambios han hecho que diez generales, de los más cercanos a Raúl, queden en la cima del poder.

La remoción en la mayoría de los ministerios del sector económico, además, abrió interrogantes acerca de si ahora se concretarán cambios que aún espera la población.

LA HABANA (Efe-AFP-AP)

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"Las amenazas sobre nuestro país son reales. Se pretende imponer una doctrina imperialista de proyectar y aplicar el poder militar más allá de las fronteras", añadió Carrizález sin nombrar explícitamente a Santos.

El vicepresidente hizo estas declaraciones en referencia a las recientes afirmaciones del ministro Santos, sobre el supuesto derecho de los países a realizar operaciones contra terroristas más allá de las fronteras nacionales.

Ello ya fue repudiado oficialmente esta semana por Venezuela y Ecuador y ayer llevó al presidente colombiano, Álvaro Uribe, a hacerle un llamado de atención a Santos y a recordarle que los temas de política exterior de ese país son competencia de la cancillería.

"Aquí tenemos que dejar claro que nosotros no somos amedrentables, que nosotros predicamos y practicamos una doctrina de paz, pero defenderemos este territorio con la vida", añadió el vicepresidente y ministro venezolano de Defensa.

Ayer, el pleno del Parlamento venezolano se sumó al rechazo que el Gobierno del presidente Hugo Chávez expresó a las declaraciones de Santos, consideradas como "una amenaza a la estabilidad y soberanía de los países de la región".

El acuerdo de la unicameral Asamblea Nacional (AN) de Venezuela subraya su rechazo "enérgico" a esas declaraciones por constituir "una agresión a las relaciones de convivencia y respeto que deben imperar en los países de la región".

Caracas
Con EFE.

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A pesar de ello, los productores aún no dieron por terminado el conflicto que desde hace un año pone en aprietos a la presidenta Cristina Kirchner.

El gobierno argentino anunció el martes un acuerdo con las patronales agrarias en torno a la producción de alimentos, aunque los productores aún no dieron por terminado el conflicto que desde hace un año pone en aprietos a la presidenta Cristina Kirchner. 

"Hemos llegado a un acuerdo", dijo el ministro del Interior de Argentina, Florencio Randazzo, en rueda de prensa al término de una reunión en la que participó la presidenta Cristina Kirchner.

Randazzo manifestó su esperanza de que el acuerdo en torno a la producción de trigo, leche y carne "ponga fin al conflicto y finalmente podamos, todos los sectores de la vida económica, trabajar para resolver este difícil momento, en el marco de la crisis internacional".

La ministra de la Producción, Débora Giorgi, precisó además que el acuerdo contempla distintos beneficios para las economías regionales.

Los dirigentes de las cuatro entidades agrarias, que nuclean a unos 250.000 productores, valoraron que Kirchner haya participado dos de las más de cinco horas que duró el encuentro y consideraron el convenio un paso en el sentido correcto, pero no dieron por terminado el conflicto.

"El conflicto de ninguna manera está resuelto", dijo Mario Llambías, representante de los poderosos ganaderos de la Pampa Húmeda (centro), el corazón agropecuario argentino.

En el mismo sentido se manifestó Eduardo Buzzi, líder de los pequeños y medianos agricultores, que señaló que "los productores no tienen la sensación de que el conflicto está terminado. No podemos darlo por terminado, como dice el ministro, solo hemos dado un paso", insistió.

El acuerdo establece, entre otros puntos, la eliminación de los impuestos a las exportaciones de todos los productos lácteos, compensaciones para la industria molinera, el envío de proyectos de ley al Congreso para el sector cárnico y mejoras para la comercialización de productos regionales.

El documento no hace mención a la reducción o eliminación del impuesto a las multimillonarias exportaciones de soya, uno de los principales reclamos de los productores.

Randazzo explicó que la presión fiscal sobre las ventas al exterior de soja sigue siendo un tema de disputa, pero insistió "en la necesidad de que todos los sectores entiendan que el Gobierno pretende mantener el nivel de actividad económica y empleo en un contexto mundial excepcional".

El conflicto, que está por cumplir un año el 12 de marzo, se generó en el intento oficial de imponer un sistema de gravámenes a las exportaciones de granos cuya cuota dependiera de la fluctuación de los precios mundiales.

La puja por la distribución de la renta agraria se desarrolla ahora en un marco desfavorable para el país sudamericano, a raíz de la caída mundial de la demanda y de los precios.

Argentina exportó el año pasado unos 25.000 millones de dólares en materias primas agrícolas y unos 14.000 millones en agroindustriales, lo que representa más de 50% de las ventas al exterior.

Los ingresos fiscales por retenciones significan un 12% del total de la recaudación del Gobierno. Argentina es el mayor proveedor mundial de aceites de soya y de girasol, además de figurar entre los cinco primeros de otros granos como el trigo y el maíz, según la secretaría estadounidense de Agricultura.

Cristina Kirchner y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), líder del gobernante peronismo, enfrentan este año el duro desafío de elecciones de renovación del Parlamento con una fuga de aliados que nació de las discrepancias por su manejo del conflicto con el agro.

BUENOS AIRES
AFP

La justificación de este decreto, según voceros del gabinete venezolano, es garantizar que las empresas sigan elaborando estos alimentos, los cuales están sometidos a un control de precios desde el año 2003 también por orden gubernamental, y que no se "desvíen" a producir productos parecidos cuyo precio no está controlado.

"Si alguna industria desea atropellar a los consumidores con el fin de obtener mayores dividendos, nosotros vamos a proceder", dijo el superintendente nacional de silos y almacenes, Carlos Osorio.

"Para el Gobierno, el acceso a los alimentos es un tema de seguridad de Estado", dijo.

Y es que para el Gobierno, una de las causas principales del desabastecimiento crónico de algunos productos se debe al "principio capitalista" de las empresas de querer ganar cada vez más y más dinero. Se acusa a los empresarios de no producir alimentos que están bajo control de precios, lo que habría causado desabastecimiento.

Estos, a su vez, argumentan que bajo esas condiciones se desestimula la producción porque merman las ganancias.

Desde todos las empresas y gremios productores de bienes a precio regulado se escucha un coro unitario: nadie puede producir a pérdida. Tan solo el año pasado, que cerró con una inflación del 30,7 por ciento, el grupo de alimentos y bebidas en general sufrió un aumento del 41,3, pero no sucedió lo mismo con el precio de decenas de productos regulados, que no fue flexibilizado.

El caso del arroz blanco

El decreto publicado establece, por ejemplo, que las empresas productoras de arroz deberán dedicar el 80 por ciento de su producción al arroz blanco al precio regulado de 2,15 bolívares por kilo (1 dólar).

El resto, 20 por ciento, podrán destinarlo a la elaboración de otros tipos de arroces no regulados -como los saborizados- que en el mercado se consiguen hasta 6,2 bolívares el kilo (2,88 dólares).

Las empresas privadas, como Polar (intervenida por el gobierno venezolano la semana pasada por supuesta negligencia para producir arroz a precio regulado) aseguran que la sola producción de un kilo de arroz blanco ya está por encima de los 4,41 bolívares por kilo (2,05 dólares).

"Obligar a la empresa a producir arroz a pérdida no resuelve el problema, lo agrava", dijo el gerente de operaciones de la empresa, Luis Carmona.

Por su parte, el asesor legal de Polar, Guillermo Bolinaga, llamó a reflexionar sobre el artículo 112 de la Constitución venezolana, que establece el derecho a la libertad de empresa y la libertad económica.

Pero esa reflexión quedará para los ejercicios teóricos pues, por ahora, las empresas de aceite comestible, azúcar, café, salsa de tomate y quesos deberán dedicar el 95 por ciento de su producción a elaborar productos a precios regulados.

Las de harina de maíz, leche, margarina y mayonesa deberán dedicar el 90 por ciento, y las de pastas, el 70 por ciento.

El gobierno venezolano, paralelamente, inició un operativo de intervención y vigilancia a todas las empresas productoras de arroz del país. A lo que el martes se añadió la intervención de algunas industrias de harina de maíz y aceite.

Aunque los precios de estos y otros alimentos básicos están controlados, sin cambiar ni un céntimo, desde el año 2003, la realidad muestra cómo la cadena de producción está cada vez más lejos de encajar en los límites establecidos.

De nuevo, el caso del arroz es más que ilustrativo, pues para poder lograr el precio de 2,15 bolívares por kilo, las empresas aseguran que deben poder comprar a los agricultores el producto bruto -sin procesar- a un precio de 0,78 bolívares por kilo.

Sin embargo, los industriales del arroz han explicado que desde hace al menos 4 años no consiguen un solo agricultor venezolano que les venda el arroz a ese precio.

De hecho, no consiguen alguno que les venda el arroz en bruto a menos de 2 bolívares el kilo. Esto hace imposible que al fabricar su producto final puedan venderlo a menos de 4,4 bolívares, para tener un margen mínimo de ganancia.  

VALENTINA LARES MARTIZ
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
CARACAS

Según su relato, después del bombardeo fue conducida a una base militar en Lago Agrio, capital de la provincia amazónica de Sucumbíos, cercana al sector del bombardeo, donde le realizaron un "interrogatorio extrajudicial" y fue "víctima de torturas".

"Me quitaron la ropa mientras se me interrogaban (...) y me curaban las heridas. Se me sacó, sin anestesia, la esquirla más grande de mi cuerpo", declaró Morett.

Después de eso, la mexicana fue trasladada a Quito, donde recibió
"una atención humanitaria, respetuosa".

Morett, junto a las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez, sobrevivieron al bombardeo que el Ejército colombiano efectuó el 1 de marzo de 2008 sobre el sector ecuatoriano de Angostura, donde estaba radicado un campamento clandestino del número dos de las Farc, 'Raúl Reyes', quien murió en el ataque.

Morett aduce en la entrevista que su presencia en el campamento respondía a "una investigación para conocer más la guerrilla y para conocer más sobre el posible intercambio humanitario" de secuestrados por la Farc por guerrilleros presos.

Sin embargo, Mario Pazmiño, ex jefe de la inteligencia militar ecuatoriana, destituido un mes después del ataque por retener información sobre el bombardeo, declaró hace 11 días a Efe que la existencia de unos informes y fotografías confirman, según él, la presencia de Morett en otros campamentos de las Farc.

Pero Morett, desde sus primeras declaraciones oficiales, horas después de ser rescatada, afirmó que llegó a Angostura, junto con sus cuatro compañeros universitarios, que murieron en la operación, la misma noche que se produjo el bombardeo.

En la entrevista con El Universo detalla que no conoció a Reyes, que sólo más tarde se enteró de que era él.

Según la mexicana, las personas que la torturaron la "obligaron a decir que había llegado antes" al campamento. "No recuerdo bien la fecha que me dijeron, que había sido como un mes antes. Me hicieron que les dijera el nombre de mis compañeros y que ellos me habían llevado (a Angostura) desde México".

Morett señaló al diario que antes de salir de Ecuador dejó testimonio ante notario público de esas torturas.

Sin embargo, "no lo había comentado (hasta ahora) porque tenía un profundo agradecimiento, y lo sigo teniendo, hacia el Gobierno ecuatoriano por salvarme la vida", dijo.

La estudiante dijo que salió de Ecuador "como cualquier ciudadano normal" y que fiscal general ecuatoriano, Washington Pesántez, le dijo que era "completamente inocente", que no había nada en su contra.

Sin embargo, el pasado enero Pesántez pidió a la Corte Nacional de Justicia tramitar la orden de extradición de la mexicana, y de las otras dos sobrevivientes, acusadas de atentar contra la seguridad del Estado.

EFE

Se trata de la peor epidemia de dengue en la última década y el Gobierno teme que durante este mes la cifra de infectados llegue a 50.000.

Si bien la mayoría de los casos registrados está bajo control, hay 106 personas afectadas por la variante hemorrágica, que es trasmitida por una doble infección provocada por el mosquito 'Aedes Aegypti'.

En Santa Cruz, los hospitales están prácticamente colapsados desde hace varios días y hasta allí se han desplazado expertos cubanos, venezolanos, argentinos, peruanos y ecuatorianos para colaborar en la lucha contra el dengue.

En esa ciudad, la más poblada de Bolivia, el Ministerio de Salud, su Prefectura (Gobernación) y el municipio han programado para el próximo sábado una jornada de movilización regional para destruir los criaderos del mosquito transmisor de la enfermedad.

Según el diario cruceño 'El Deber', estudios realizados por el Centro Nacional de Enfermedades Tropicales han detectado que el 'Aedes Aegypti' ha llegado a adaptarse a aguas sucias en el oriente de Bolivia, cuando su área natural de desarrollo eran aguas limpias.

LA PAZ (Efe) 

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