Quito, en consecuencia, podría caer en 'default' el próximo 15 de diciembre, cuando vence el plazo para pagar los 30,6 millones de dólares correspondientes a los intereses de los Global 2012.

"Si tenemos que llegar al 'default' lo haremos con responsabilidad", afirmó la ministra de Finanzas, María Elsa Viteri.

Poco antes, el ministro coordinador de la política, Ricardo Patiño, lo anticipó al diario local El Universo. El funcionario presidió una comisión especial que auditó la deuda externa comercial, multilateral y bilateral que tiene Ecuador con diferentes gobiernos o entidades oficiales, así como la deuda interna, que incluye emisiones de bonos del Estado.

Recientemente, esa comisión auditora presentó un informe que detalla la supuesta "ilegalidad" de varios compromisos ecuatorianos, por lo que el Gobierno busca no pagar algunas de esas deudas.

"Los (bonos) Global son el resultado de procesos llenos de ilegitimidad e ilegalidad... Estamos haciendo lo posible para anular y convertir en nada los Global", resaltó Patiño.

"(El presidente, Rafael) Correa está decidido a desconocer, anular y convertir en nada esos bonos, la decisión es muy fuerte", resaltó.

El ministro dejó entrever que se demandará a los acreedores y a los responsables nacionales. La comisión auditora responsabilizó a ocho ex presidentes, que ejercieron desde 1981 hasta el 2005, y a varios funcionarios del área económica de sus gobiernos por haber comprometido al país en una "deuda ilegal".

Patiño aseguró que "la legislación internacional establece la posibilidad de repudiar deudas odiosas e ilegítimas y pedir el resarcimiento por los daños".

Basada en el informe de la auditoría, la Fiscalía General de la Nación ya inició una indagación.

Muchos de los involucrados dicen que el documento está lleno de imprecisiones, confusiones y errores, y que fue redactado con una gran carga política y electoral.

Según el informe, en lo relacionado con los bonos Global, hubo "abuso de la banca internacional contra Ecuador". Entre las irregularidades cita que la emisión de esos bonos no estuvo autorizada por las leyes ecuatorianas, que hubo un informe incompleto de la Procuraduría, que los agentes Salomón Smith Barney Inc. y J. P. Morgan actuaron sin autorización legal en la negociación, y que la liquidación de garantías se efectuó en forma arbitraria e ilegal.

En las últimas semanas, Ecuador también impugnó un préstamo de 286,8 millones de dólares otorgados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil (Bndes), para la construcción de la central hidroeléctrica San Francisco, luego de detectar graves fallas en la construcción, que estaba a cargo de la brasilera Odebrecht.

El analista económico Ramiro Crespo advierte que tomando en cuenta que Ecuador es el segundo país de Latinoamérica con menos deuda, está manejando muy mal su negociación de endeudamiento externo. "Ecuador se está quedando cada vez más aislado de los organismos internacionales y de países amigos como Brasil, y por eso deberá recurrir a financiamientos y acuerdos con países como Irán".

Precisamente, Correa emprendió ayer una gira hacia Teherán, donde prevé suscribir varios proyectos petroleros, hidroeléctricos y de cooperación comercial con su homólogo Mahmmud Ahmadinejad.

La impredecible política económica del Gobierno ecuatoriano ha traído graves consecuencias: el índice riesgo país llegó a 4.600 puntos, las líneas de crédito se cerraron y hay un gran incertidumbre en el sector privado. "Si no paga la deuda se hará un grave daño al país; y sí paga, también ya se le hizo daño", concluyó Crespo. 

MAGGY AYALA SAMANIEGO
PARA EL TIEMPO
DESDE QUITO

• Demanda de Chevron-Texaco contra Ecuador será estudiada por Corte Internacional

BUENOS AIRES
Efe

El buque de turismo "Ciudad de Ushuaia", con 89 pasajeros y 33 tripulantes, encalló en la Bahía Guillermina, al noroeste de la Península Antártida.

El funcionario aclaró, sin embargo, que aún no está en condiciones de precisar la nacionalidad de los tripulantes y pasajeros.

Mémolli reveló que está en marcha un operativo naval de rescate combinado en cooperación entre Argentina y Chile.

En las próximas horas se espera el arribo al lugar de un barco chileno, que será el que comience el operativo de evacuación preventiva de los pasajeros, dijo el portavoz.

También se encuentra en un área cercana a la zona del siniestro un buque de la National Geographic, que también puede participar del rescate, acotó.

El especialista informó que el armador del barco es una empresa argentina, que realiza viajes de turismo a la Antártida desde Ushuaia, la ciudad más austral de Argentina, 3.500 km al sur de Buenos Aires.

La Antártida es el destino de casi medio centenar de cruceros en la primavera y el verano austral y no son infrecuentes los accidentes de este tipo.

El crucero noruego "Fram", con 256 pasajeros y 70 tripulantes a bordo, estuvo dos horas a la deriva en diciembre de 2007 por una falla en el sistema de propulsión en la zona norte de la Península Antártica, hasta que se procedió al salvamento.

El crucero "Explorer" chocó contra un iceberg a 96 km de la Península Antártica en noviembre de 2007, pero los 154 ocupantes pudieron ser rescatados ilesos, aunque se produjo un derrame de 185.000 litros de combustible en el mar antártico, considerado un santuario natural.

BUENOS AIRES
AFP

Sostuvieron que los resultados oficialmente anunciados por el Consejo Supremo Electoral (CSE) "han sido burdamente alterados y han omitido los resultados de un porcentaje de importantes Juntas Receptoras de Votos no solamente en Managua, sino en todos los municipios donde los resultados no son favorables al partido de gobierno".

Esos resultados oficiales dan al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como ganador en 105 de los 146 municipios en disputa, incluida Managua.

Los firmantes piden a los gobernantes del área que analicen "las violaciones a los derechos políticos y humanos de los nicaragüenses cometidos por el Gobierno de Daniel Ortega", en particular "las violaciones flagrantes al principio del sufragio universal".

"Como ha sucedido tantas veces en el pasado, estos abusos ponen en riesgo la democracia, la paz y la estabilidad de Nicaragua, y representan una violación a los principios del SICA y una amenaza para la seguridad y el proceso de integración de los países de la región", agregaron los firmantes de la carta.

También pidieron que una Comisión Centroamericana del más alto nivel que visite Nicaragua y participe, junto a observadores internacionales y nacionales, en el recuento de actas de votación que solicitó el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

Recordaron que este recuento también lo han pedido la iglesia Católica y numerosas organizaciones de la sociedad civil.

Entre los que firman la carta figuran, además de líderes del PLC, la Fundación Violeta Chamorro, Iniciativa Ciudadana por la Democracia, Comisión Permanente de Derechos Humanos, Movimiento Por Nicaragua, Movimiento Autónomo de Mujeres, Movimiento Renovador Sandinista y Movimiento Vamos con Eduardo.

Al encuentro de San Pedro Sula asistirán, además del presidente anfitrión, Manuel Zelaya, los de Guatemala, Álvaro Colom; El Salvador, Elías Antonio Saca y Nicaragua, Daniel Ortega.

El SICA, con sede en El Salvador, está integrado además por Belice, Costa Rica y Panamá.
República Dominicana es miembro asociado.

Managua
Efe

La tranquilidad está muy lejos todavía de llegar a Bolivia.

Poco después de que una misión de Unasur concluyó que la muerte en Pando de unos 20 campesinos seguidores del presidente Morales el pasado 11 de septiembre constituyó un crimen de "lesa humanidad", tres gobernadores opositores demandaron por "genocidio" al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por su presunta responsabilidad en dichas muertes, en las que también se incluye a dos funcionarios de la prefectura (gobernación) de la región.

En la legislación penal boliviana, el delito de genocidio también alcanza los casos de "masacres sangrientas".

La demanda, firmada por los gobernadores de Santa Cruz, Rubén Costas; de Beni, Ernesto Suárez, y de Tarija, Mario Cossío, fue presentada el miércoles pasado en la Fiscalía General contra el ministro.

Los prefectos acusan al ministro de Morales por los delitos de "genocidio, sedición, conspiración, uso indebido de influencias e instigación a la violencia, entre otros", señala un comunicado difundido ayer por la prefectura cruceña.

El prefecto Costas dijo que la demanda se justifica porque, a su juicio, Quintana fue "el causante de los hechos violentos de Pando", que no se hubieran realizado sin su "directa, personal y activa participación".

La demanda fue presentada el mismo día en que esa comisión de la Unasur presentó al presidente Morales el informe final sobre su investigación realizada en Pando.

El coordinador de la misión de la Unasur, el argentino Rodolfo Mattarollo, señaló en el acto de entrega del informe al Gobierno boliviano que se cometió un "crimen de lesa humanidad" y se produjo una masacre planificada de campesinos en la que participaron empleados de la Prefectura pandina.

Tras la presentación del informe, dirigentes de los partidos opositores Poder Democrático y Social (Podemos) y Unidad Nacional (UN) criticaron a la misión de "parcialidad" porque no se menciona la presunta responsabilidad del Ejecutivo boliviano en esos hechos.

"Este es un informe parcializado, de gente que viene pagada por (el presidente venezolano) Hugo Chávez, con la única intencionalidad de confundir más al país", sostuvo el senador Roberto Yáñez, de Podemos.

La oposición boliviana ha señalado varias veces que el Gobierno de Morales también es responsable de esos sucesos porque, en su opinión, organizó a los campesinos para enfrentarse al ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández.

Fernández es el principal acusado por este caso y se encuentra recluido en una cárcel de La Paz desde septiembre pasado, también acusado de genocidio.

La comisión recomendó al Gobierno profundizar la investigación sobre "ejecuciones sumarias de niños", "enterramientos clandestinos", "el destino de personas cuyo paradero se desconoce", que fueron denunciados por los habitantes de la región.

LA PAZ
Efe

• Unasur dice que hubo masacre en Pando en informe cuestionado por la oposición boliviana

MONTEVIDEO
AFP

Hasta la tarde de ayer el mandatario venezolano adelantó tres nuevas ideas al respecto. La primera, su autopostulación como candidato presidencial para las elecciones del año 2012 (aun cuando la Constitución no ha sido cambiada y limita su opción para una tercera elección).

La segunda, su idea de que si termina un tercer período presidencial, en el 2019, comenzaría una cuarta etapa de la 'revolución bolivariana' que terminaría en el año 2029.

Y la tercera idea, que la iniciativa para enmendar la Constitución debe provenir de la Asamblea Nacional para que el proceso sea todo lo rápido que él espera, pues tomaría mucho más tiempo la recolección de firmas de ciudadanos, que es la otra manera de activar la enmienda.

Prácticamente enseguida, el diputado Carlos Escarrá (el mismo que lideró la elaboración de la reforma constitucional) destacó que el parlamento discutirá el método que utilizarán para proponer la enmienda.

Precisó que solo hace falta que la propuesta la hagan 30 por ciento de los diputados, la cual debe ser aprobada por toda la cámara, algo que luce fácil para el Presidente en vista de que la gran mayoría de diputados son del partido de gobierno y sus aliados.

Sobre la nueva etapa de la revolución, que anunció por primera vez, comentó que espera que Dios le dé "vida y salud" para acompañar a los venezolanos durante todo el período revolucionario, asegurando que desde que asumió la Presidencia su vida dejó de pertenecerle.

"Si alguien me preguntara qué prefiero yo, diría que prefiero irme dentro de cuatro años, por muchas razones humanas y personales. Pero no me pertenezco, no tengo derecho a disponer de mi vida libremente. Y ante esa falta de libertad yo prefiero dejar la decisión acerca del futuro de mi vida en el pueblo", dijo.

Pero tal desprendimiento no llega a las esferas de la población que disienten de su propuesta de enmienda, pues aseguró que no le importan las opiniones adversas. "Ahora dicen que Chávez tiene una obsesión de poder, el tirano y el dictador. Digan ustedes lo que les dé su real gana, oligarcas de Venezuela. No me importa nada.

Yo lo que sé es que vamos a enmendar la Constitución. Vamos a ver si ahora pueden evitarlo".

Tampoco desde el domingo ha parado el flujo de análisis y apreciaciones de expertos constitucionalistas que señalan que la propuesta de la enmienda para la reelección está fuera de los límites que establece la Carta Magna.

Enrique Albornoz, abogado y analista, comentó a una radio local que la enmienda es un instrumento de menor jerarquía que la reforma constitucional, y recordó que no permite cambios estructurales a la Constitución, como lo es el principio de la alternabilidad, al que calificó como un "fundamento" del concepto de república.

Por su parte, el también experto y profesor Jesús María Casal explicó al diario El Universal que "no se puede confundir alternabilidad con elecciones periódicas, pues son dos garantías distintas. La Constitución garantiza elecciones periódicas, pero con la alternabilidad lo que quiere garantizar es que el gobierno cambie y que ninguna persona se perpetúe en el ejercicio de ningún cargo. Por eso el constitucionalismo venezolano siempre ha establecido límites o prohibiciones a las reelecciones de los funcionarios".

Casal advirtió que tanto la propuesta presidencial -a la que calificó como "impresentable"- como la ofensiva contra los medios de comunicación considerados opositores, particularmente Globovisión, refuerza la erosión de las instituciones venezolanas.