Foto: Efe
Los grupos opositores al Gobierno mantienen bloqueadas varias rutas en la región del Chaco boliviano para presionar a Evo Morales a restituir la renta petrolera que les disminuyó en enero pasado.
La escasez de gas licuado de petróleo y diésel comenzó a hacerse evidente en las ricas zonas gasíferas de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, vecinos de Paraguay y Argentina.
Allí, las carreteras permanecen bloqueadas desde el lunes de la semana pasada.
En poblados como los petroleros Camiri y Villamontes, por ejemplo, hay escasez de alimentos y un inusitado aumento de precios en los productos básicos de la canasta familiar.
En la ciudad de Santa Cruz, de 1,4 millones de habitantes, el transporte público está semiparalizado por la falta de diésel, y la provisión de carne vacuna a los Andes de Bolivia desde el departamento amazónico de Beni, su principal proveedor, también está en duda.
Tarija, capital del departamento del mismo nombre, es hasta ahora la ciudad más afectada por la falta de gas licuado de petróleo.
El ejecutivo de la estatal Superintendencia de Hidrocarburos, Leonardo Chiquie, manifestó su preocupación por esta ciudad, puesto que se quedó sin combustibles, a pesar de que allí se concentran las mayores reservas de gas del país y de Suramérica, estimadas en 1,36 billones de metros cúbicos.
Según canales privados de TV, el bloqueo de las carreteras ha provocado que se suspenda toda importación de gasóleo en carros cisterna procedentes de Argentina, que sirve para mover la maquinaria agroindustrial de Santa Cruz, motor de la economía boliviana. Beni y Pando (otras dos regiones opositoras), también se sumaron a los cortes de carreteras.
Según el presidente Morales, las protestas opositoras surgen por su fracaso de intentar empujar a las Fuerzas Armadas a un "golpe de Estado", aunque no precisó cuándo habría ocurrido ello ni en qué circunstancias.
Referendo para aprobar Constitución
Mientras tanto, el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) planteará en el Congreso de Bolivia una ley de convocatoria a un referendo para aprobar la polémica nueva Constitución, a finales del 2008.
Jorge Silva, influyente dirigente del pardito, dijo ayer al diario 'La Razón' que "ya existe un proyecto de ley que se está estudiando para presentar al Congreso y buscar la aprobación de la convocatoria a los referendos dirimitorio (sobre propiedades agrícolas) y constitucional".
El lunes pasado, la Corte Nacional Electoral decidió frenar las consultas, que Morales convocó por decreto para el 7 de diciembre, con el argumento de que debe existir una ley emanada del Congreso para que se lleven a cabo.
Los dos plebiscitos, resistidos por prefectos (gobernadores) y líderes cívicos de cinco de los nueve departamentos de Bolivia, son para dirimir el destino de las extensiones agrícolas privadas (5.000 o 10.000 hectáreas) y para votar el texto final de la nueva Constitución, aprobada sin la presencia de la oposición, en noviembre del año pasado, y que necesita de dos referendos para entrar en vigencia y reemplazar a la de 1967.
El resultado sobre la consulta agrícola sería incorporado, de inmediato, a la nueva Carta Magna.
LA PAZ (AFP-Efe)
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