Solo después de entregar el poder, podrá solicitar su juramento como senador, tras ser elegido para el Congreso en los comicios generales del pasado 20 de abril.

Unos 15 diputados leales a Duarte suscribieron una petición para suspender la sesión bicameral, que fue aceptada por el titular del Congreso, el senador Miguel Abdón Saguier, ante el temor de que la oposición dejara nuevamente sin quórum la cita parlamentaria, como ocurrió el martes.

El pedido de los diputados oficialistas se produjo después de que el mandatario cambió radicalmente su posición sobre su renuncia, en declaraciones que formuló tras un acto oficial.

"Soy del criterio personalísimo de que mi juramento se dará después de dejar la Presidencia", dijo Duarte este jueves en el Palacio de Gobierno. "Jurídicamente, nadie puede privarme del derecho a ejercer la representación en el Senado, porque lo he ganado en unas elecciones limpias", expresó.

Parlamentarios afines a Duarte responsabilizaron de la falta de quórum de la sesión del martes al presidente electo y amenazaron con boicotear el acto de investidura del ex obispo, que se celebrará con la presencia de varios gobernantes de la región.

Por su parte, los opositores a su juramento que boicotearon la sesión plenaria, todos partidarios de Lugo, acusan a Duarte de haberse postulado en forma anticonstitucional.

La Carta Magna paraguaya prohíbe la superposición de cargos y reserva a los jefes de Estado que completan su periodo presidencial el cargo de senador vitalicio, con voz y fuero, pero sin voto.

La oposición, que además trató de impedir la candidatura de Duarte en la Justicia Electoral y el Tribunal Supremo, argumenta que el mandatario pretende escudarse en los fueros para evitar posibles denuncias de corrupción en su contra y que también quiere renunciar a su cargo para no estar el día de la asunción presidencial de Lugo, un ex obispo católico suspendido en sus funciones por el Vaticano, que pondrá fin a 61 años de hegemonía del Partido Colorado en Paraguay.

Algunos legisladores y expertos consideran que si el gobernante no jura antes del primero de julio perderá su escaño, mientras que otros aseguran que lo puede hacer después de abandonar el cargo. 

De esa forma, la decisión parlamentaria sobre la renuncia del jefe de Estado quedará a cargo del próximo cuerpo legislativo, que entrará en funciones ese día, informaron fuentes legislativas.