Se trata de dineros públicos regionales generados por la producción petrolera que, aseguran fueron confiscados por el Gobierno, informaron medios de prensa locales.

La petición fue hecha a través de una carta firmada por las principales autoridades regionales, Rubén Costas (Santa Cruz), Mario Cossío (Tarija), Manfred Reyes Villa (Cochabamba), Leopoldo Fernández (Pando) y Ernesto Suárez (Beni), quienes apoyan la formación de gobiernos autónomos. La misiva fue reproducida por medios locales.

"Esperamos su respuesta hasta el día martes 8 de julio con soluciones definitivas a nuestras justas demandas departamentales".

Los cinco firmantes se quejan de que el Poder Ejecutivo les recortó a los nueve departamentos unos 1.200 millones de bolivianos (unos 166 millones de dólares) para pagar una renta anual de 315 dólares a todos los ancianos mayores de 60 años que, señalan, ha perjudicado la ejecución de obras de desarrollo.

El director de Planificación de la región gasífera de Tarija, Rubén Ardaya, dijo al matutino La Prensa que "se movilizarán", si el gobierno no atiende sus demandas, aunque no mencionó qué tipo de protestas desencadenarán, a poco más de un mes de que en Bolivia se realice un referendo revocatorio de autoridades.

El ministro de Hacienda, Luis Arce, respondió que los prefectos han asumido posiciones políticas sin sustento técnico y acotó que el presupuesto de las gobernaciones ha subido hasta 1.149 millones de bolivianos anuales (unos 159 millones de dólares), de los cuales sólo unos 48 millones de dólares se usan para la bonificación de los ancianos.

LA PAZ
AFP