Este lunes, el abogado Joffre Campaña denunció ante la Fiscalía que al texto constitucional se le hizo un cambio sin conocimiento de los asambleístas.

"Se trata de una denuncia formal por el delito de alteración de textos", dijo el jurista, tras revelar que la denuncia la presentó el pasado jueves 31 de julio.

Explicó que si se comprueba el cambio de texto, podría "dejar eventualmente sin efecto la posibilidad de que se convoque a referendo sobre un proyecto viciado".

Campaña aseguró que fundamentó su acción, entre otras, en comentarios de asambleístas, ahora en receso, y de la fundación Konrad Adenauer, que siguió el proceso, y que hablaron de cambios en el texto original.

La polémica en torno al proyecto de Constitución elaborado en los últimos ocho meses por la Asamblea Constituyente ha crecido en los últimos días, al desconocerse, según diversas versiones, cuál es el texto final que aprobaron los asambleístas a finales del mes pasado.

Durante la votación del documento, varios asambleístas de la oposición dijeron desconocer su contenido, pues después de presentar el que presuntamente era el texto final se incluyó el quechua como idioma oficial en relación de interculturalidad.

Aunque Fernando Cordero, presidente de la Asamblea en receso, asegura que ese fue el único cambio efectuado y aprobado en el pleno, la oposición asevera que hay modificaciones de fondo en los textos, extremo negado por la mayoría del cuerpo colegiado.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) prevé llevar a cabo un referendo el 28 septiembre y, aunque aún no convoca al período para el inicio de la campaña electoral, el proselitismo en favor del 'no' y del 'sí' se ha dado ya en diversas instancias.

El otro frente de 'batalla'

De otro lado lado, el proyecto de Constitución que irá a referendo en Ecuador ha enfrentado como nunca antes al gobierno de izquierda con la jerarquía católica, que desafió las advertencias oficiales, para alentar su cruzada contra un texto que juzga favorable al aborto y al matrimonio entre homosexuales.

Antes de que despegue oficialmente la campaña para el plebiscito, el presidente Rafael Correa y los prelados se enfrascaron en una dura controversia en torno a la propuesta que elaboró y aprobó una Asamblea dominada por el oficialismo.

Según la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), "el proyecto es favorable al aborto, al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la intervención del Estado en la educación religiosa en las escuelas".

A raíz de ello el presidente de ese organismo, monseñor Antonio Arregui, aseguró haber recibido amenazas el mismo día en que anticipó una "batalla de paz" para promover mediante catequesis el rechazo a las reformas.

"Es doloroso constatar la agresividad de algunas personas que de forma anónima se dedican a amedrentar", dijo el prelado sin ofrecer detalles.

Correa -quien se define como un cristiano de izquierda- trató de atajar la avalancha de reparos, advirtiendo a los sacerdotes sobre cualquier intromisión en política en un país con Estado laico y de mayoría católica.

Al mismo tiempo, el mandatario se empeñó en desvirtuar las objeciones, recalcando que la Carta Magna garantiza la vida desde la concepción, y el reconocimiento de la familia como la unión de una mujer y un hombre.

No obstante, los jerarcas -a quienes el presidente socialista llamó aliados de la derecha- lejos de amilanarse, ventilaron públicamente sus críticas, negando que estén apoyando el 'no' en el referendo.

Y el ministro de Gobierno (Interior), Fernando Bustamante, volvió a prevenir a los obispos sobre "convertir esa catequesis en una forma solapada de acción política". 

"En lo que el Gobierno insiste es en que la Iglesia se abstenga de entrar en la política electoral, cosa que es absolutamente consistente con lo que debe ser una sana relación entre las organizaciones religiosas y el Estado", declaró.

Correa promueve la aprobación del proyecto constitucional que reemplazaría a la Constitución vigente de 1998. La propuesta incluye varias reformas que dotan al Estado de herramientas para regular la economía y le permiten al Presidente buscar la reelección y permanecer en el poder hasta 2013.

La derecha y otros sectores creen que el marco constitucional propuesto concentra el poder en el líder socialista, quien por ahora dirige su artillería más pesada contra los púlpitos en discursos de contenido moral y religioso.