Gobierno y sociedad civil se movilizan para combatir un problema que se salió de control y que en la mayoría de los casos está siendo protagonizado por policías activos o en retiro.

Si en octubre del 2003 las autoridades hubieran hecho caso a la denuncia de Fernando Ruiz, quizás México no viviría hoy la situación de paranoia colectiva en la que está sumergido por la fuerte ola de secuestros que lo golpea.

En aquel año, Ruiz y la organización civil que preside, El Consejo para la Ley y los Derechos Humanos, investigaba a una banda de policías de la capital mexicana, llamada La Flor. Operaban como servidores públicos para secuestrar: instalaban un retén vehicular en una arteria importante, y ahí raptaban a sus víctimas.

Ruiz y sus compañeros les seguían la pista de cerca, e intentaban captarlos en video. El 15 de octubre del 2003, Ruiz fue secuestrado. Lo retuvieron durante ocho horas, estamparon sus huellas digitales en una pistola y lo dejaron ir con una amenaza: "Si sigues persiguiéndonos, te acusaremos de homicidio".

El recién liberado denunció e identificó a su captor, y líder de la banda, como el comandante José Luis Romero, de la policía judicial. "Nadie investigó, ignoraron mi denuncia y perdieron la oportunidad de desmantelar a una banda de roba carros y secuestradores que en ese entonces cobraban 100.000 pesos por rescate (unos 10.000 dólares) y retenían a sus víctimas por unos tres días", se queja Ruiz.

El caso que despertó al país

En junio de este año, un grupo de delincuentes secuestró a Fernando Martí, el hijo de un importante empresario deportivo mexicano. Su familia decidió no denunciar, y pagar los 50 mil dólares que los plagiarios pedían. La entrega de dinero se realizó, y un mes después, el cuerpo sin vida del joven, de solo 14 años apareció en el baúl de un carro en una zona aislada de la ciudad.

El problema de los secuestros volvió a las primeras planas. El presidente mexicano, Felipe Calderón, pedía en cadena nacional cadena perpetua para los secuestradores de menores de edad, los que torturen o asesinen a sus víctimas. Y este jueves los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, más representantes de la sociedad civil, firmaron un inédito pacto nacional contra el secuestro y otras forma de violencia delincuencial.

La investigación del caso Martí llevó hasta una banda llamada La Flor, compuesta por policías, ex policías y civiles, que operan mediante retenes vehiculares y cuyo jefe, arrestado a principios de agosto, es un comandante de la policía judicial llamado José Luis Romero. Cinco años después, la Policía se enteró de lo que Ruiz había denunciado en el 2003.

"¿Cómo va a haber confianza para denunciar, si en uno de cada tres secuestros está implicado un policía, ex policía o militar?", dice Ruiz, cuya organización ayuda a los familiares de las víctimas a liberar a sus secuestrados.

Tras la muerte de Martí, la palabra 'ola' se ocupó para describir una situación que nada tiene de reciente y con cifras cada vez más alarmantes.

Las cifras oficiales hablan de un promedio de 65 secuestro al mes, pero Ruiz asegura que hay 208 casos de secuestros mensuales. "Lo que ocurre -explica el activista- es que un 80 por ciento prefiere no denunciar".

Isabel, una mujer estandarte

Las razones del abrumador porcentaje que elige negociar por su cuenta son obvias. Para la muestra, un botón: Isabel Miranda de Wallace es el estandarte mexicano de lo que ocurre cuando no se confía en los que deben aplicar justicia. Su hijo fue raptado en julio del 2005. Ella denunció inmediatamente, pero las autoridades sugirieron que el secuestro era planificado por su hijo y amigos. Hasta la fecha, la ex maestra de 56 años lleva ya a cinco plagiarios en la cárcel, gracias a sus investigaciones, entre ellos, el cabecilla, un policía judicial.

A pesar de todo esto, el cuerpo de su hijo sigue sin aparecer y Wallace ya suma dos intentos de asesinato.

Mientras la sociedad civil se organiza como puede, sobre las autoridades mexicanas pesa título mundial nada honorable: la ONG holandesa Pax Christi informó este mes que México ocupa el primer puesto mundial en secuestros, seguido por Irak.

ÓSCAR MARTÍNEZ
PARA EL TIEMPO
CIUDAD DE MÉXICO