A través de un decreto oficial sin precedentes, el gobierno venezolano estableció este martes 'cuotas' obligatorias de producción a todas aquellas empresas que elaboran aceite comestible, arroz blanco, azúcar, café en grano (tostado y molido), harina de maíz, leche, margarina, mayonesa, pastas, quesos y salsa de tomate.

La justificación de este decreto, según voceros del gabinete venezolano, es garantizar que las empresas sigan elaborando estos alimentos, los cuales están sometidos a un control de precios desde el año 2003 también por orden gubernamental, y que no se "desvíen" a producir productos parecidos cuyo precio no está controlado.

"Si alguna industria desea atropellar a los consumidores con el fin de obtener mayores dividendos, nosotros vamos a proceder", dijo el superintendente nacional de silos y almacenes, Carlos Osorio.

"Para el Gobierno, el acceso a los alimentos es un tema de seguridad de Estado", dijo.

Y es que para el Gobierno, una de las causas principales del desabastecimiento crónico de algunos productos se debe al "principio capitalista" de las empresas de querer ganar cada vez más y más dinero. Se acusa a los empresarios de no producir alimentos que están bajo control de precios, lo que habría causado desabastecimiento.

Estos, a su vez, argumentan que bajo esas condiciones se desestimula la producción porque merman las ganancias.

Desde todos las empresas y gremios productores de bienes a precio regulado se escucha un coro unitario: nadie puede producir a pérdida. Tan solo el año pasado, que cerró con una inflación del 30,7 por ciento, el grupo de alimentos y bebidas en general sufrió un aumento del 41,3, pero no sucedió lo mismo con el precio de decenas de productos regulados, que no fue flexibilizado.

El caso del arroz blanco

El decreto publicado establece, por ejemplo, que las empresas productoras de arroz deberán dedicar el 80 por ciento de su producción al arroz blanco al precio regulado de 2,15 bolívares por kilo (1 dólar).

El resto, 20 por ciento, podrán destinarlo a la elaboración de otros tipos de arroces no regulados -como los saborizados- que en el mercado se consiguen hasta 6,2 bolívares el kilo (2,88 dólares).

Las empresas privadas, como Polar (intervenida por el gobierno venezolano la semana pasada por supuesta negligencia para producir arroz a precio regulado) aseguran que la sola producción de un kilo de arroz blanco ya está por encima de los 4,41 bolívares por kilo (2,05 dólares).

"Obligar a la empresa a producir arroz a pérdida no resuelve el problema, lo agrava", dijo el gerente de operaciones de la empresa, Luis Carmona.

Por su parte, el asesor legal de Polar, Guillermo Bolinaga, llamó a reflexionar sobre el artículo 112 de la Constitución venezolana, que establece el derecho a la libertad de empresa y la libertad económica.

Pero esa reflexión quedará para los ejercicios teóricos pues, por ahora, las empresas de aceite comestible, azúcar, café, salsa de tomate y quesos deberán dedicar el 95 por ciento de su producción a elaborar productos a precios regulados.

Las de harina de maíz, leche, margarina y mayonesa deberán dedicar el 90 por ciento, y las de pastas, el 70 por ciento.

El gobierno venezolano, paralelamente, inició un operativo de intervención y vigilancia a todas las empresas productoras de arroz del país. A lo que el martes se añadió la intervención de algunas industrias de harina de maíz y aceite.

Aunque los precios de estos y otros alimentos básicos están controlados, sin cambiar ni un céntimo, desde el año 2003, la realidad muestra cómo la cadena de producción está cada vez más lejos de encajar en los límites establecidos.

De nuevo, el caso del arroz es más que ilustrativo, pues para poder lograr el precio de 2,15 bolívares por kilo, las empresas aseguran que deben poder comprar a los agricultores el producto bruto -sin procesar- a un precio de 0,78 bolívares por kilo.

Sin embargo, los industriales del arroz han explicado que desde hace al menos 4 años no consiguen un solo agricultor venezolano que les venda el arroz a ese precio.

De hecho, no consiguen alguno que les venda el arroz en bruto a menos de 2 bolívares el kilo. Esto hace imposible que al fabricar su producto final puedan venderlo a menos de 4,4 bolívares, para tener un margen mínimo de ganancia.  

VALENTINA LARES MARTIZ
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
CARACAS