A pesar de ello, los productores aún no dieron por terminado el conflicto que desde hace un año pone en aprietos a la presidenta Cristina Kirchner.

El gobierno argentino anunció el martes un acuerdo con las patronales agrarias en torno a la producción de alimentos, aunque los productores aún no dieron por terminado el conflicto que desde hace un año pone en aprietos a la presidenta Cristina Kirchner. 

"Hemos llegado a un acuerdo", dijo el ministro del Interior de Argentina, Florencio Randazzo, en rueda de prensa al término de una reunión en la que participó la presidenta Cristina Kirchner.

Randazzo manifestó su esperanza de que el acuerdo en torno a la producción de trigo, leche y carne "ponga fin al conflicto y finalmente podamos, todos los sectores de la vida económica, trabajar para resolver este difícil momento, en el marco de la crisis internacional".

La ministra de la Producción, Débora Giorgi, precisó además que el acuerdo contempla distintos beneficios para las economías regionales.

Los dirigentes de las cuatro entidades agrarias, que nuclean a unos 250.000 productores, valoraron que Kirchner haya participado dos de las más de cinco horas que duró el encuentro y consideraron el convenio un paso en el sentido correcto, pero no dieron por terminado el conflicto.

"El conflicto de ninguna manera está resuelto", dijo Mario Llambías, representante de los poderosos ganaderos de la Pampa Húmeda (centro), el corazón agropecuario argentino.

En el mismo sentido se manifestó Eduardo Buzzi, líder de los pequeños y medianos agricultores, que señaló que "los productores no tienen la sensación de que el conflicto está terminado. No podemos darlo por terminado, como dice el ministro, solo hemos dado un paso", insistió.

El acuerdo establece, entre otros puntos, la eliminación de los impuestos a las exportaciones de todos los productos lácteos, compensaciones para la industria molinera, el envío de proyectos de ley al Congreso para el sector cárnico y mejoras para la comercialización de productos regionales.

El documento no hace mención a la reducción o eliminación del impuesto a las multimillonarias exportaciones de soya, uno de los principales reclamos de los productores.

Randazzo explicó que la presión fiscal sobre las ventas al exterior de soja sigue siendo un tema de disputa, pero insistió "en la necesidad de que todos los sectores entiendan que el Gobierno pretende mantener el nivel de actividad económica y empleo en un contexto mundial excepcional".

El conflicto, que está por cumplir un año el 12 de marzo, se generó en el intento oficial de imponer un sistema de gravámenes a las exportaciones de granos cuya cuota dependiera de la fluctuación de los precios mundiales.

La puja por la distribución de la renta agraria se desarrolla ahora en un marco desfavorable para el país sudamericano, a raíz de la caída mundial de la demanda y de los precios.

Argentina exportó el año pasado unos 25.000 millones de dólares en materias primas agrícolas y unos 14.000 millones en agroindustriales, lo que representa más de 50% de las ventas al exterior.

Los ingresos fiscales por retenciones significan un 12% del total de la recaudación del Gobierno. Argentina es el mayor proveedor mundial de aceites de soya y de girasol, además de figurar entre los cinco primeros de otros granos como el trigo y el maíz, según la secretaría estadounidense de Agricultura.

Cristina Kirchner y su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), líder del gobernante peronismo, enfrentan este año el duro desafío de elecciones de renovación del Parlamento con una fuga de aliados que nació de las discrepancias por su manejo del conflicto con el agro.