Cierto es que aplica penas duras a quienes cometan ese delito, pero en ese afán la nueva ley penaliza también a los familiares si acaso pagan rescate por su ser querido.

 Sus defensores y promotores, diputados de la Asamblea Nacional venezolana, aseguran que la recién aprobada Ley Antisecuestro y Extorsión pondrá un freno radical a la práctica del secuestro en el país, que se ha disparado a un alarmante promedio de un caso por lo menos cada 38 horas.

La nueva legislación prevé penas de entre 20 y 30 años tanto para quien ejecute el secuestro propiamente dicho, pero también para quienes funjan como custodios o cómplices en cualquier grado de este delito. También establece penas hasta por 10 años a quienes simulen haber sido secuestrados para obtener algún beneficio.

Pero lo que parece justo a simple vista se enrarece un poco cuando se establecen penas de hasta 14 años de cárcel para los allegados de algún secuestrado que paguen rescate a los secuestradores (artículo 11), y cuando esa misma legislación establece la realización de un inventario y "congelación" de bienes de los familiares de la persona secuestrada (artículos 15 y 16).

La idea, según ha explicado en varias oportunidades el diputado Rafael Gil -presidente de la Comisión de Defensa- es que los secuestradores "sientan" que no están lidiando solo con la familia del plagiado, sino con el Estado.

"El mensaje es contra los que perpetren el delito, contra los delincuentes que van contra los bienes familiares. Ellos tendrán que enfrentar al Estado, al cual se le dan herramientas para proteger los bienes de los ciudadanos".

Específicamente, el artículo 16 de la mencionada ley establece que la Fiscalía venezolana, una vez realizado el inventario de bienes de la familia afectada, acordará con esta un monto mínimo al que le permitirá tener acceso para cubrir sus gastos básicos. Queda expresamente prohibido que la familia haga alguna operación de compra-venta o exceda el monto acordado, pues ello podría interpretarse como algún intento de dar dinero a los secuestradores.

Secuestro en silencio Pero esta forma de lidiar con el secuestro no termina de convencer a todos los sectores del país, especialmente a quienes están más expuestos a ser víctimas del secuestro. Genaro Méndez, presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, explicó ayer que teme que la nueva Ley en vez de reprimir las intenciones de los secuestradores lo que haga sea retraer aún más a los afectados a presentar la denuncia ante las autoridades.

"En vez del secuestro como tal, lo que va a desaparecer es la denuncia formal del secuestro, por lo que oficialmente el Gobierno seguro dirá entonces que ese crimen desapareció", advirtió Méndez, quien señaló que en lo que va del año, en Venezuela 196 personas han sido secuestradas.

A la nueva legislación solo le falta el visto bueno y orden de publicación del presidente Hugo Chávez, quien constitucionalmente puede hacer observaciones y devolver proyectos de ley al parlamento si considera que estos tienen alguna falla.

Algunos abogados del país explican que esa es la última oportunidad que tiene el Gobierno de mejorar esta ley que, según dicen, intenta suprimir la práctica del secuestro con medidas que dan la espalda a las víctimas.

VALENTINA LARES MARTIZ
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
CARACAS