Gobierno venezolano da marcha atrás al ‘Madurazo’

Gobierno venezolano da marcha atrás al ‘Madurazo’

El TSJ desactivó decisiones que otorgaban superpoderes a Maduro y anulaban el parlamento.

Venezuela

Cientos de personas salieron a protestar en varias ciudades de Venezuela para pedirle al Gobierno que le devuelva al parlamento sus funciones.

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Cristian Hernández / EFE

02 de abril 2017 , 02:56 p.m.

En cuestión de horas, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela acató la orden del Consejo de Defensa de la Nación de revisar el contenido de las sentencias 155 y 156 y, a través de dos nuevas decisiones, ordenó “suprimir” los polémicos apartados que atentaban contra la inmunidad parlamentaria, otorgaban poderes especiales en todos los ámbitos al presidente Nicolás Maduro y la decisión de la Sala Constitucional de “asumir las competencias” de la Asamblea Nacional (AN).

Un borronazo exprés de las decisiones que en la última semana acabaron con la separación de poderes y dejaron en agonía a la democracia venezolana.

Maduro convocó en la noche de este viernes, con carácter de urgencia, un “Consejo de Defensa de la Nación” para dirimir lo que consideró una “controversia” o un “impasse” entre el máximo representante del Poder Judicial –el TSJ– y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien en la tarde había calificado como violatorias del orden constitucional las referidas sentencias, que, de facto, dejaba a Venezuela sin parlamento.

Aunque Ortega Díaz no acudió, el presidente Maduro, acompañado de las cabezas de los otros poderes del Estado, sostuvo una breve reunión que concluyó con la orden al TSJ de revisar y aclarar el contenido de las decisiones cuestionadas.

“Hemos llegado a un acuerdo de solución de esta controversia y puedo decir que con la lectura de este comunicado y la publicación de la aclaratoria y las correcciones respectivas de las sentencias 155 y 156 queda superada esta controversia”, dijo el mandatario la madrugada del sábado.

Aunque los juristas venezolanos reaccionaron de inmediato y aseguraron que las sentencias no se “revisan” –solo aquellas en materia de derechos humanos o correcciones constitucionales–, el sábado, muy temprano, el TSJ ya tenía lista la supresión de las polémicas decisiones, lo que teóricamente reconoce la existencia de la Asamblea Nacional y la inmunidad parlamentaria a los diputados. Sin embargo, la diligencia del TSJ solo reforzó la convicción de que en Venezuela no existe autonomía e independencia de poderes.

El delito de usurpación de funciones que cometieron allí no puede borrarse y así debe plantearse al mundo


La sentencia 155 despojaba de la inmunidad parlamentaria a todos los diputados por el supuesto “desacato” en que está la AN, declarado por el TSJ por una controversia electoral sobre tres diputados del estado Amazonas.

La sentencia otorgaba al Presidente de la República dos inmensos poderes: “Tomar las medidas económicas, civiles, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes para evitar un estado de conmoción” y “revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva (incluyendo la Ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, la Ley contra la corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar –pues pudieran estar cometiéndose delitos de naturaleza militar–), que permita conjurar los graves riesgos que amenazan la estabilidad democrática y la convivencia pacífica”.

Todo esto fue suprimido la mañana de este sábado, lo mismo que el apartado 4.4 de la sentencia 156 que ordenó que “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga”. Este párrafo, al representar prácticamente la disolución del parlamento venezolano, encendió todas las alarmas en la comunidad internacional.

Cambiar para que todo siga igual

Este párrafo, al representar prácticamente la disolución del parlamento venezolano, encendió todas las alarmas en la comunidad internacional.

Lo que no fue suprimido por el TSJ fue su decisión de permitir al Presidente de la República establecer contratos y crear empresas mixtas en materia de hidrocarburos sin pasar por la AN.

En ese sentido, el mandatario tiene, según el TSJ, plenas facultades, aunque la Constitución establece que el parlamento debe revisar estas acciones.

De fondo, tampoco hay supresión o corrección sobre el estado de “desacato” en el que el TSJ ha declarado a la Asamblea Nacional desde el año pasado y sobre el cual ha emitido más de 40 decisiones que anulan cada una de las actuaciones del parlamento.

En sus nuevas sentencias, el TSJ tampoco deja ver alguna forma de resolver el referido desacato, decretado por los magistrados alegando que los tres diputados del estado Amazonas fueron elegidos de forma fraudulenta en las elecciones de diciembre del 2015.

Así como las sentencias 155 y 156 generaron enorme rechazo entre la población, la “corrección” a través de la 157 y 158 en nada mejoran el estado de desazón y crisis política de Venezuela.

“Lo ocurrido demuestra en primer lugar que sí había una ruptura del hilo constitucional de un nivel muy grueso, era la liquidación de un poder público, pero también que no hay división de poderes, por la manera como se toma la decisión de revisar la sentencia, una forma para nada institucional”, comenta a EL TIEMPO Luis Salamanca, profesor y politólogo de la Universidad Central de Venezuela.

Retomar la calle

“Es una derrota clara del Gobierno y del régimen. Se ve que están dando pasos en falso. Se ve que podía ser un error fatal para el Gobierno en el futuro inmediato, pero la corrección madurista lo deja peor: lo deja como un pésimo gobierno, a la defensiva, que perdió la iniciativa tras la confiscación del revocatorio. Este es el chance para que la oposición imponga de nuevo su agenda”, agrega. La primera reacción de la oposición venezolana fue mantener su agenda de protesta para el sábado, que contó con concentraciones masivas en plazas y avenidas emblemáticas en todos los estados de Venezuela, como en la zona de Chacaíto, en Caracas, donde cientos de personas protestaron en rechazo a las últimas actuaciones de Maduro. El insulto más leve que coreaban era “Gobierno pirata”.

El expresidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup calificó como “malandros” y “pillos” a los magistrados del TSJ tras los cambios de las sentencias, el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, afirmó que los magistrados no harán “nunca nada que atente contra la estabilidad” de Venezuela.

Pero el reversazo del TSJ fue también criticado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien afirmó en su cuenta de Twitter que en Venezuela ahora hay “aún más alteración del orden constitucional”. La OEA, de hecho, discutirá mañana por tercera vez en una semana la situación del país.

El vocero del partido Voluntad Popular, Freddy Guevara, invitó a los venezolanos a continuar “la lucha” por el restablecimiento de la Constitución, lo mismo que el gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, quien señaló que la grave situación del país sigue igual a pesar de las sentencias.

Al respecto, los principales juristas del país advirtieron que los magistrados, tanto con las sentencias 155 y 156 como con las “correcciones”, incurrieron en varios delitos que no pueden borrarse con la supresión de los apartados polémicos.

“El delito de usurpación de funciones que cometieron allí no puede borrarse y así debe plantearse al mundo”, recalcó Salamanca. La llave para comenzar el proceso de destitución de los magistrados está, justamente, en las manos de la Fiscal General.

VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
Caracas

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