Gobierno de Venezuela arrecia persecución contra opositores

Gobierno de Venezuela arrecia persecución contra opositores

Además, Henrique Capriles es investigado por supuestos manejos irregulares del presupuesto regional.

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El diputado suplente por Miranda Gilber Caro (izq.) fue detenido. Gobierno dice que él y Lilian Tintori tenían un plan en su contra.

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Reuters

12 de enero 2017 , 09:10 p.m.

Con amenazas de cárcel, apresamientos y multas ejecutadas en los últimos dos días, el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, endurece su confrontación con la oposición.

El martes pasado el mandatario juramentó el “Comando Especial Antigolpe”, cuyo líder es el nuevo vicepresidente Tareck El Aissami y el miércoles comenzó la escalada con la detención del diputado suplente por el estado Miranda, Gilber Caro.

(También: Tribunal Supremo de Justicia anula 'abandono de cargo' de Maduro)

A pesar de gozar de inmunidad parlamentaria, el diputado por el partido Voluntad Popular –liderado por Leopoldo López– fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y acusado públicamente por el Vicepresidente y el ministro de Interior, Néstor Reverol, de ser el organizador de supuestos “grupos de choque” que generarían “un plan desestabilizador y hechos de violencia” en el cual incluso participaría la esposa de López, Lilian Tintori.

Según las autoridades, Caro portaba un fusil semiautomático y explosivos al momento de su detención y contaba con el supuesto apoyo de paramilitares colombianos.

(Lea: El Aissami, el 'niño estrella' de la revolución bolivariana)

A través del canal del Estado, el ministro Reverol hizo pública una supuesta conversación telefónica entre Tintori y Caro en la que grupos armados “asaltarían” el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno, para rescatar de la cárcel al líder del partido naranja. En el audio publicado no se escucha una sola frase concluyente al respecto, y aunque Caro fue detenido en una carretera mientras se dirigía a Caracas, el Gobierno asegura que fue atrapado en flagrancia, es decir, cometiendo el delito, única forma permitida por la ley venezolana para detener a un diputado.

Ese mismo día fueron detenidos por el Sebin los concejales del estado Zulia Jorge Luis González y Romer Angel Rubio, del partido opositor Primero Justicia, señalados también por Reverol como parte de los organizadores del plan desestabilizador.

“Estaban planificando un hecho de conmoción este jueves en la concentración de (el exgobernador y recién liberado preso político) Manuel Rosales”, aseguró el ministro Reverol sin dar mayores detalles.

Luego, este jueves, fue detenido nuevamente el general Raúl Isaías Baduel, al acudir a su acostumbrada presentación semanal ante los tribunales luego de que se le otorgó una medida de “casa por cárcel” para terminar de cumplir la condena de ocho años de prisión por supuesta corrupción.

Según el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, el exministro de Defensa –otrora mano derecha del fallecido presidente Hugo Chávez– incumplió con la medida de presentación, lo que fue negado por sus hijos, quienes denunciaron la detención de su padre sin conocimiento de los cargos de los que se le acusa. Paralelamente en el estado Bolívar fue detenido el concejal del partido Voluntad Popular, Roniel Farías, según denunció la diputada Gabriela Arellano, militante del mismo partido. Al cierre de esta edición se desconocía el paradero de Farías.

La ola de detenciones y amenazas fue denunciada por el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, como un panorama clásico de “terrorismo de Estado” dentro del cual puede incluirse la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, publicada el miércoles, de declarar como “ilegal” a la nueva directiva del parlamento y anular sus actuaciones.

Capriles, investigado por irregularidades

El contralor General venezolano, Manuel Galindo, anunció la apertura de una investigación administrativa contra el gobernador del estado Miranda y excandidato presidencial, Henrique Capriles, para corroborar o descartar supuestas irregularidades en manejos del presupuesto regional encontradas en auditorías practicadas en los años 2012 y 2015 a su despacho. De encontrarse culpable de manejos fraudulentos, el gobernador podría ser sancionado con la inhabilitación administrativa y política, con lo cual no podría postularse para algún proceso electoral e incluso podría costarle años de cárcel.

La decisión de la Contraloría es evaluada por la oposición como una movida política para debilitarla y neutralizar el liderazgo de Capriles en un eventual escenario electoral.

Líderes opositores como Leopoldo López y María Corina Machado han sido sancionados de este modo y se han quedando fuera, respectivamente, de las elecciones por la Alcaldía Metropolitana en 2012 y un escaño en la Asamblea Nacional en el 2015.

VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO

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