Justicia militar, el terror de los estudiantes venezolanos

Justicia militar, el terror de los estudiantes venezolanos

Estas son las irregularidades en el proceso que siguen contra 27 estudiantes de la Upel.

Venezuela

Con esta detención, suman 433 los presos políticos en Venezuela.

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Miguel Gutiérrez / EFE

10 de julio 2017 , 12:00 a.m.

La madrugada del 2 de julio, un grupo de funcionarios de la policía del estado Aragua violentó la sede de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel) en Maracay y a punta de golpes, porrazos y patadas arrastraron a 27 estudiantes hasta los vehículos que los trasladaron a la Comandancia de la Policía estatal, donde estuvieron presos durante casi 35 horas sin que se les permitiera contacto con familiares o abogados.

Con esta detención, suman 433 los presos políticos en Venezuela, y aunque todos los casos reflejan en alguna medida las manipulaciones y torsiones del sistema de justicia del país para castigar a la disidencia política, el proceso contra este grupo parece condensarlas todas.

La primera violación fue al recinto universitario, pues las leyes venezolanas prohíben el ingreso de los cuerpos de seguridad.

Confiando en eso se refugiaron los universitarios en el gimnasio cubierto del lugar tras un día de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, pero de nada les sirvió.

“Inicialmente fueron 28 estudiantes, pero una muchacha estaba embarazada y la soltaron después de golpearla”, explica a EL TIEMPO el abogado Gabriel Chacón, miembro del Foro Penal Venezolano de Maracay y uno de los que asiste al grupo legalmente.

“Los demás fueron salvajemente agredidos, los amarraron a todos y les pegaron sin distinguir hombre o mujer”, precisa. Una de las jóvenes, Dayana Martínez, está hospitalizada con traumatismos craneal y abdominal severo –se desmayó en la audiencia de juicio– y los abogados aún esperan los resultados de las experticias forenses, pues las muchachas denunciaron haber sido vejadas y abusadas sexualmente.

Tras recibir la noticia del apresamiento de los estudiantes, decenas de madres y padres acudieron a la comandancia para tener noticias de los suyos e intentar verlos.

Teníamos policías por un lado, guardias por el otro, cualquier cosa menos un ambiente de imparcialidad

Y al contrario de lo que establece el proceso jurídico venezolano, su mayor sorpresa fue enterarse de que los estudiantes no serían procesados por el sistema ordinario sino presentados ante el Tribunal Militar quinto de control que, en otra violación de los procesos, se instaló directamente en la sede de la Policía.

“Los abogados protestamos que se les sometiera a justicia militar. El juez ordenó a un pelotón de la Guardia Nacional a entrar a la sala y entraron con armas, en actitud intimidatoria y de forma ilegal, pues esa era una audiencia privada. Nos dijo que si nos íbamos el tribunal nombraría nuevos defensores para los muchachos. Nos quedamos y seguimos en esa sala que acondicionaron para el juicio, con telas rojas y fotos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, teníamos policías por un lado, guardias por el otro, cualquier cosa menos un ambiente de imparcialidad”, dice Chacón.

De ese forcejeo también cuenta a EL TIEMPO María Teresa Espinoza, madre de uno de los detenidos. “Después de más de un día sin saber nada de ellos, vino un tribunal militar y los presentaron. A la muchacha que se desmayó el juez (de nombre Édgar Volcanes) primero no quería dejar que la llevaran a la clínica y luego ordenó que regresara inmediatamente, si no es por la lucha de los abogados, la hubiesen traído como sea”.

La audiencia duró doce horas y los estudiantes fueron acusados de los delitos de instigación a la rebelión, destrucción de fortaleza, violación de zona de seguridad y sustracción de pertenencias de la Fuerza Armada.

El expediente, elaborado por los fiscales militares acusadores, señala que los jóvenes fueron detenidos tras romper las rejas del Círculo Militar de Maracay y que robaron municiones.

“Esa narrativa de los hechos no tiene fundamentación legal ni técnica. Todo el mundo sabe que los muchachos fueron sacados de la Upel. El portón del Círculo Militar está intacto y esa es una instalación social para los militares, hay restaurantes, bingo, piscina, no es una fortaleza ni mucho menos un parque de armas”, precisa Chacón.

La maratónica audiencia terminó con un mazazo final, la orden del juez de enviar a 11 estudiantes hombres a la cárcel 26 de Julio y los otros 11 a la cárcel El Dorado.

Ninguna está ubicada en la jurisdicción de los tribunales de Maracay, y aunque la primera queda a 70 kilómetros de la ciudad, la segunda queda en el estado Bolívar, a más de 1.000 kilómetros y prácticamente en el medio de la selva.

Chacón precisa otra irregularidad al enviarlos a estas cárceles, que son para “condenados” –con sentencia decidida– y no “procesados”, como son los estudiantes para quienes apenas comienza el juicio.

A las cinco estudiantes mujeres se les ordenó arresto domiciliario y solo a ellas se les practicó exámenes de medicatura forense. Los hombres no han sido examinados por algún doctor, afirman los abogados.

La angustia e impotencia de los padres que esperaron afuera de la audiencia fue respondida con lacrimógenas cuando intentaron protestar el traslado de sus hijos. “Los policías nos insultaban, iban vestidos con ropa oscura y no se dejaban ver el nombre. Nunca me dejaron ver a Joan, no pude entregarle ropa, ni zapatos, ni comida, nada”, dice Espinoza apenas conteniendo las lágrimas.

Hasta la publicación de esta nota ni ella ni algún familiar había podido ver a los estudiantes de la Upel. Según el protocolo de las cárceles a donde fueron enviados, durante los primeros 30 días de su ingreso los presos no pueden recibir visitas de ningún tipo.

En El Dorado también se encuentran otros 12 estudiantes universitarios detenidos en Ciudad Bolívar el 14 de junio por protestar por el asesinato de uno de sus compañeros, también en las protestas.

VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO

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