Perseguir a alcaldes opositores, la nueva estrategia del chavismo

Perseguir a alcaldes opositores, la nueva estrategia del chavismo

Seis regidores de oposición sufren presión judicial por no reprimir a manifestantes contra Maduro.

Perseguir a alcaldes opositores, la nueva estrategia del chavismo

El presidente Nicolás Maduro asistió este jueves a la Asamblea Nacional, tomada por la constituyente.

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Carlos Garcia / Reuters

10 de agosto 2017 , 11:28 p.m.

El régimen chavista ha destituido, inhabilitado y ordenado encarcelar a seis alcaldes de la oposición en las últimas dos semanas, en una escalada represiva que pone contra la pared el liderazgo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y busca desactivar las protestas que desde abril enfrenta el presidente Nicolás Maduro.

Esta semana cayeron uno tras otro los regidores de Chacao, Ramón Muchacho, y El Hatillo, David Smolansky, dos municipios clave de la oposición en el este de Caracas. “Se nos condena por hacer nuestro trabajo, por garantizar el legítimo derecho a la protesta pacífica, y el ejercicio de los derechos civiles y políticos de los venezolanos”, se defendió Muchacho desde la clandestinidad.

Varían los nombres, pero la fórmula es la misma: la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dominado por el oficialismo, procesa a los alcaldes por permitir el cierre de vías y las manifestaciones contra Maduro, y les castiga con 15 meses de prisión. Con estos fallos, el máximo juzgado desconoce su propia jurisprudencia, que establece que un funcionario de elección popular solo puede ser removido de su cargo por los votantes a través de un referendo revocatorio.

Soy el alcalde número 12 que es inhabilitado, destituido y con una orden de aprehensión. Al ritmo que vamos, no quedará municipio en Venezuela con alcalde de la Unidad”, advirtió en un video que difundió en sus redes sociales Smolansky, quien tampoco se entregó a las autoridades y acusó al Supremo de ser “el paredón político de los alcaldes”.

El alcalde de Campo Elías (Mérida), Omar Lares, sobre quien pesa un juicio penal, escapó hacia Colombia el 30 de julio, día en que se celebraron las cuestionadas elecciones de la Asamblea Constituyente. “Mi vivienda fue atacada por más de 200 hombres que llegaron en helicópteros con la intención de capturarme sin ninguna medida judicial, ni con la presencia de un fiscal del Ministerio Público. Capturaron a mi hijo con la intención de que yo me entregara. No fue así y tuve que huir y temo por mi vida”, relató al diario Los Andes.

La oposición conquistó 77 de las 335 alcaldías del país en los comicios de diciembre del 2013. Al menos 33 han sufrido alguna medida en su contra, según la ONG Transparencia Venezuela. Aunque el oficialismo dijo “aceptar” el veredicto popular en esos municipios, en la práctica ha desplegado todo su arsenal político y judicial para neutralizar a los regidores.

Desde el 2014 los gobiernos municipales democráticos hemos venido siendo objeto de procedimientos inconstitucionales para terminar de manera anticipada con los mandatos dados por el pueblo”, dijo la Asociación de Alcaldes por Venezuela el 26 de julio. Allí ratificaron que pese a los ataques de Maduro y las presiones del TSJ, “no impediremos el derecho a protestar de nuestro pueblo y respaldamos todas las acciones de protesta pacífica hasta que se restituya el orden constitucional brutal y constantemente violado”.

La víctima más relevante de la embestida del oficialismo contra el poder local es Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas. Luego de su triunfo electoral en noviembre del 2008, el difunto presidente Hugo Chávez desmanteló ese despacho, le negó su presupuesto y le eliminó sus atribuciones y competencias. Para terminar de sepultar a la Alcaldía Metropolitana, Chávez creó un jefe de gobierno del Distrito Capital que impuso a dedo, sin elecciones.

Ledezma alcanzó la reelección en diciembre del 2013 y el 19 de febrero del 2015 fue capturado en su oficina por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), señalado por presuntamente participar en un plan golpista. “Debe ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad, la Constitución”, espetó Maduro. Ledezma cumple arresto domiciliario y no ha sido llevado a juicio.

El oficialismo ha descabezado a los alcaldes de las capitales de los estados Táchira (San Cristóbal), Lara (Barquisimeto), Monagas (Maturín) y Mérida (Libertador).

Lumay Barreto asumió en el 2013 la alcaldía de Guasdualito, en el fronterizo estado Apure, con el desafío de administrar un municipio con presencia de guerrilleros de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y la venezolana Fuerza Bolivariana de Liberación (Fbl).

Pero sus principales enemigos fueron los concejales chavistas, que la destituyeron en marzo del 2015 con respaldo del Tribunal Supremo de Justicia.

Nueve alcaldes que esperan citación

Aplicando un método parecido al utilizado para echar a Barreto, la Cámara Municipal de Mario Briceño Iragorry (Aragua) nombró alcalde a un militante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela y envió a prisión a Delson Guarate en septiembre del 2016. Esta operación política estuvo dirigida por el entonces gobernador, Tareck El Aissami, hoy vicepresidente de la República. En este momento, nueve alcaldes esperan la citación de la justicia para enfrentar procesos similares a los que les costaron el puesto a Muchacho y Smolansky.

Maduro saluda que la oposición participe en elecciones regionales

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó este jueves a la Asamblea Nacional Constituyente su proyecto de Constitución para que sea evaluado y discutido por ese órgano, integrado únicamente por miembros afines al Gobierno e instalado el pasado viernes.

Yo, como lo prometí, quiero entregar a esta magna Asamblea mi proyecto de Constitución para la República Bolivariana de Venezuela, el proyecto que aprobamos en 1999, ese es mi proyecto, ese es nuestro proyecto, perfeccionar la Constitución pionera de 1999”, dijo Maduro en una sesión especial de la Constituyente.

El mandatario se refirió además a un proyecto de Ley para castigar a quien “salga a la calle a expresar intolerancia y odio” con hasta 25 años de cárcel. “Aquel que salga a las calles a expresar intolerancia y odio será capturado y será juzgado y castigado con severas penas de 15, 20 y 25 años de cárcel. Así lo propongo aquí en esta ley”, dijo
Maduro.

Desde el Palacio Federal Legislativo, el jefe de Estado aprovechó para ofrecer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una conversación frente a frente, pero lo acusó de promover la violencia para derrocarlo y del aislamiento internacional de su país. “Si está tan interesado en Venezuela, aquí estoy yo (...). Mister Donald Trump, aquí está mi mano”, dijo Maduro.

En el recinto, el mandatario saludó también que los partidos de la oposición hayan inscrito candidatos para las próximas elecciones regionales y afirmó que con esto “reconocen” la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente, conformada solo por chavistas. “Yo saludo que al día de hoy, todos los partidos políticos de la oposición hayan inscrito candidatos y candidatas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y se dispongan a participar en las elecciones (...)”, dijo.

Sin embargo, agregó que “por las buenas o por las malas” sentará en una mesa de diálogo a los dirigentes opositores con los que mantuvo conversaciones a finales del año pasado.

PEDRO PABLO PEÑALOZA
Para EL TIEMPO

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