Carlos Lauría habla de la paradoja de que "un gobierno que silencia prensa" le dé asilo a Assange.

¿Qué es el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ)?

Es una organización independiente, sin animo de lucro, fundado en 1981 por un grupo de corresponsales norteamericanos. Hoy trabajamos en 120 países del mundo promoviendo la libertad de prensa.

¿Cómo se financia?

Por contribuciones de individuos, de corporaciones o de fundaciones. No aceptamos fondos gubernamentales.

¿Por qué es tan importante la defensa de la libertad de prensa?

Porque sin ella, pocos otros derechos humanos son posibles. Un ambiente de libertad de prensa fuerte incentiva el crecimiento de una sociedad civil robusta, que garantice una democracia sostenible y un desarrollo social, político y económico saludables.

¿Qué opina entonces de la decisión del gobierno ecuatoriano de otorgarle asilo político a Julián Assange? Irónicamente, la libertad de prensa bajo el gobierno Correa está gravemente amenazada...

Según lo que han podido documentar organizaciones de derechos humanos, incluyendo al CPJ, al grupo de prensa local Fundamedios y a la propia OEA, la libertad de los periodistas en Ecuador bajo el gobierno Correa es una de las más restrictivas del continente. Es un gobierno que busca, a través de distintos métodos, silenciar a sus críticos en los medios. Y esa realidad no la va a cambiar el hecho de facilitar el asilo a Assange.

¿Entonces es cierto que Ecuador tiene uno de los peores récords contra la libertad de prensa en América Latina?

Pues en términos de gobiernos elegidos democráticamente que utilizan herramientas para reprimir el disenso, Ecuador está entre los más restrictivos. La situación es aún más grave a nivel continental, pues en América Latina están matando y desapareciendo periodistas. México lidera ese lote. Honduras es otro país donde asesinan periodistas con total impunidad.

El gobierno de Correa, hábilmente, le otorga asilo a Assange en su calidad de periodista perseguido por EE. UU. por sus 'wikileaks', y no como un hombre pedido por la justicia sueca por cargos de agresión sexual...

Es claro que el mismo gobierno que le ha otorgado el asilo a Assange está persiguiendo a los defensores de derechos humanos en su país. Es el caso de César Ricaurte, cabeza del grupo ecuatoriano Fundamedios, la organización local que ha documentado los abusos contra la libertad de prensa en Ecuador. También están los ataques a periodistas críticos del gobierno. Es suficientemente conocido el caso del periódico El Universo, por la famosa columna contra el Presidente, quien interpuso y ganó una demanda por 40 millones de dólares contra tres directivos y el editor de opinión del periódico, Emilio Palacio, que además fueron condenados a tres años de prisión. Correa luego "perdonó" a los periodistas, pero Palacio salió de su país y se refugió en EE. UU. por temor a ser encarcelado.

¿Y esos abusos los ha registrado la comunidad internacional?

Desde luego que no han pasado inadvertidos. En mayo de este año, durante la revisión periódica universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 17 miembros firmaron un fuerte pliego de numerosas recomendaciones para solucionar el triste estado de la libre expresión en Ecuador.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno Correa?

Como es habitual cuando se le han reclamado estas situaciones: desprecio. En Ecuador están pasando cosas muy serias desde la ascensión de Correa. Partiendo de la propia reforma de la Constitución en el 2008, se introdujeron articulados que van en contra de las garantías que estaban en la Constitución anterior, como el artículo 18, que plantea que todos los individuos tienen derecho a intercambiar, producir y difundir información siempre y cuando sea veraz, verificada, oportuna y contextualizada. Si se permite que sea el Gobierno el que determine qué es información veraz, verificada, oportuna o contextualizada, evidentemente la libertad de expresión puede estar en problemas. También introduce un concepto de intervención oficial en los medios, al establecer que la ley regulará la prevalencia del contenido con fines informativos, educativos y culturales. Hay una catarata de situaciones en Ecuador, no es solo el caso de El Universo, como lo suele plantear Correa.

En el caso de 'El Universo', el Presidente alegó que lo habían difamado...

Los funcionarios públicos deben estar sujetos a mayor escrutinio de los medios y de la opinión. Las leyes civiles proporcionan reparación suficiente para los casos en los que haya una supuesta difamación. Pero cuando lo que se pide en lo civil es exorbitante, como le pasó a El Universo, la inhibición para la prensa puede ser muy grande. El mensaje que eso trae es que, para quien escriba u opine en forma crítica sobre la forma de proceder del gobierno, con puntos de vista opuestos, habrá represalias.

Correa se quejó de la agresividad de la columna escrita en su contra...

Por más que una columna de opinión sea agresiva, de eso se nutre la democracia. Del intercambio de ideas. Allí hay un tema de concepto de democracia que no sé si el poder en Ecuador lo tiene muy claro.

Recurrir a las demandas por injuria y calumnia es un método muy recurrido por el gobierno de Correa...

Ecuador es signatario de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y esas leyes de calumnia e injuria van en contra del artículo 13 de la convención. Está desconociendo tratados internacionales. Es muy grave. Sobre todo porque está de por medio el escándalo de corrupción más grave de estos años en Ecuador, que tiene que ver con unos contratos millonarios del propio hermano del Presidente con el Estado. Curiosamente los únicos dos procesados en la justicia por un escándalo de corrupción mayúsculo han sido periodistas, condenados a pagar un millón de dólares cuando el Presidente los demandó. El mensaje fue claro para los demás periodistas, quienes pueden verse forzados a autocensurarse.

Tengo entendido que también están aprobando restricciones al cubrimiento de las campañas políticas, lo que es especialmente delicado, porque Correa buscará su reelección el año entrante...

Sí. En la ley electoral que fue aprobada por la Asamblea Nacional, uno de sus artículos prohíbe que los medios hagan promoción directa sobre las campañas y sus candidatos 90 días antes de las elecciones. Hasta hacer el perfil de un candidato puede estar sujeto a las sanciones contempladas. Otra cláusula restrictiva prohíbe a los medios transmitir o publicar cualquier tipo de información, fotos y opiniones sobre el proceso electoral durante las 48 horas anteriores a la elección. Eso afecta el cubrimiento de la prensa y perjudica a la ciudadanía ecuatoriana en su derecho a recibir información de cara a las elecciones.

Han cerrado once estaciones de radio locales. Y aunque la mayoría de estas son críticas del gobierno, este alega que fue por incumplimiento de compromisos contractuales...

En Ecuador la ley establece que pueden cerrarse emisoras cuando tienen seis meses de retraso en el pago de sus licencias, pero previo el cumplimiento de unos requisitos legales que en ninguno de los cierres ordenados se han cumplido. Pero además es cierto que muchas de esas emisoras han sido críticas.

¿Creerá Correa que al ofrecerle asilo a Assange, le perdonarán la censura que le hace a la prensa de su país?

No estoy metido en la cabeza del presidente Correa como para conocer sus intenciones. Pero en nada cambia la situación de los periodistas a nivel local. El Presidente todos los sábados, en su programa de radio y televisión, la emprende contra los periodistas críticos, incluso llegando a una situación tan grave como es exhibir fotos de esos periodistas, -como hizo con el editor de El Universo, con César Ricaurte, de Fundamedios, para que el pueblo los reconozca. Eso puede poner en riesgo el bienestar de los periodistas y de sus familias. Es una actitud absolutamente irresponsable del Presidente que marca su intolerancia a cualquier crítica. Una actitud que pone en duda su compromiso con las libertades fundamentales. No veo que lo de Assange cambie en nada la situación del periodismo bajo un gobierno que pretende que se aprueben leyes que buscan imponer sanciones y censurar a la prensa.

¿En aras de la discusión, Assange, que al revelar los 'wikileaks' puso patas arriba el mundo, puede ser considerado un periodista perseguido?

Claro que lo de Assange ha sido importantísimo para el mundo, en términos de difundir información que se había mantenido secreta. Y EE. UU. haría muy mal en enjuiciar a Assange bajo la ley de espionaje. Eso dañaría la reputación de EE. UU. en defensa de la libertad de expresión. Pero eso no tiene nada que ver con la situación de libertad de prensa en Ecuador.

El CPJ es una organización dedicada a proteger los derechos de los periodistas. ¿Si Assange resuelve salir de la embajada, rumbo a su asilo en Ecuador, y las autoridades de Gran Bretaña lo capturan, ustedes lo considerarían una violación de la libertad de prensa?

Habría que evaluarlo en el momento. Assange está siendo sindicado en Suecia por delitos que no tienen que ver con el periodismo. En su momento habría que hacer una evaluación muy fina.

¿Finalmente, cómo ve la situación de la libertad de prensa en Colombia?

Colombia es uno de los países del mundo donde históricamente han caído asesinados más periodistas en cumplimiento de su deber. 43 de ellos han sido asesinados en represalia directa por su labor desde 1992. Uno de los récords más graves. El conflicto armado ha ocasionado que los periodistas hayan sido víctimas de la guerrilla, el narcotráfico, los políticos corruptos, los paramilitares. Es cierto que bajo los dos últimos gobiernos, comenzando desde 2003 a esta parte, el número de periodistas caídos se ha reducido sensiblemente. Es un hecho positivo, pero no compartimos el análisis del gobierno del presidente Uribe en el sentido de que eso se debió a la seguridad democrática. Creemos que tiene relación más bien con la fuerte autocensura que existía y existe en Colombia, por el altísimo costo que ha pagado la prensa en todos estos años. Documentar la autocensura es muy difícil, pero en Colombia se aplica la autocensura, sobre todo en el periodismo local, donde no se pude pasar cierto tipo de información. También hubo el escándalo de las chuzadas, uno de los temas que en los últimos años más perjuicio provocó en la libertad de prensa. Todo esto marca la importancia que tiene Colombia en el trabajo del CPJ.

MARÍA ISABEL RUEDA
Especial para EL TIEMPO