Llamado agónico de Dilma Rousseff para frenar su destitución

Llamado agónico de Dilma Rousseff para frenar su destitución

En una rueda anunció también que comparecerá la próxima semana ante el Senado.

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Desde Brasilia, la presidenta suspendida se comprometió a promover un plebiscito sobre la posibilidad de adelantar las elecciones.

Foto:

Adriano Machado / REUTERS

17 de agosto 2016 , 08:57 p.m.

La suspendida presidenta brasileña, Dilma Rousseff, dijo este miércoles que el juicio político que se adelanta en su contra sería un golpe de Estado y pidió elecciones anticipadas para unir a un país agobiado por la recesión. (Lea también: Rousseff propone elecciones anticipadas para tranquilizar a Brasil)

En una rueda de prensa en Brasilia, Rousseff anunció también que comparecerá la próxima semana ante el Senado, durante la sesión final de su juicio político, para ofrecer su testimonio a los legisladores.

El pasado martes, la mandataria –una economista que luchó contra la dictadura, fue encarcelada y torturada cuando militaba en una guerrilla marxista– hizo un agónico llamado al Senado, en una carta abierta titulada “Carta a los brasileños”, para que ponga fin al juicio de destitución en nombre de la democracia, y también volvió a negar los cargos formulados en su contra.

En ese documento, al que se refirió ayer, insistió en su inocencia y dijo que, en caso de que fuera absuelta y recuperara su cargo, promoverá la realización de un plebiscito para adelantar las elecciones previstas para octubre del 2018.

“Brasil vive uno de los momentos más dramáticos de su historia” y la solución para la “grave crisis política y económica” del país “pasa por el voto popular, en unas elecciones directas”, dice el documento divulgado por la mandataria.

Una consulta de esa naturaleza, sin embargo, debería ser aprobada por el Parlamento, en el que Rousseff cuenta con escasos apoyos, al menos según las últimas decisiones sobre el juicio de destitución.

Estos importantes anuncios se dan un día después de que un juez del Supremo Tribunal Federal autorizó la apertura de una investigación a la presidenta Rousseff y al exgobernante Luiz Inácio Lula da Silva por supuestamente obstruir el curso de una investigación de corrupción. (Además: El Senado brasileño tiene los votos para destituir a Dilma Rousseff)

En este proceso, la Fiscalía averiguará si Rousseff buscó obstaculizar las investigaciones sobre Lula da Silva, en el marco del megafraude a la estatal Petrobras, al designarlo como ministro jefe de su gabinete.

La sesión final del juicio político contra Rousseff, quien está acusada de violar las leyes presupuestarias de Brasil, está prevista para que comience el próximo 25 de agosto y se extienda entre cuatro y cinco días, según lo anticipó este miércoles el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, quien conducirá el proceso en el Senado.

En los primeros días se llevarán a cabo los interrogatorios a los testigos. Para el lunes 29 de agosto estaría programada la comparecencia de la presidenta suspendida y luego se daría inicio al debate entre los senadores, el cual podría durar alrededor de 20 horas.

La votación final –sin fecha definida– se realizará cuando hayan sido cumplidas las etapas anteriores. Mediante voto electrónico, los 81 senadores decidirán si es culpable o inocente de haber violado la Constitución. Si una mayoría especial de dos tercios (54 senadores) vota a favor de condenarla, Rousseff pierde la presidencia y queda inhabilitada por ocho años para ejercer cargos públicos. (Lea también: Partido de Rousseff pide medidas cautelares por proceso de destitución)

Por su parte, el presidente del Senado, Renan Calheiros, anticipó este miércoles que la votación podría realizarse el 30 de agosto.

Consultada por el diario Folha de São Paulo acerca de si no temía actitudes agresivas de los senadores, Rousseff dijo: “Nunca tuve miedo de eso. Aguanté tensiones mayores en mi vida. Es un ejercicio de democracia”.

Rousseff ha sido representada en todas las audiencias por su abogado y exministro de Justicia José Eduardo Cardozo, quien ha insistido una y otra vez en que el proceso es “ilegal” y carece de “sustentación jurídica”.

REDACCIÓN INTERNACIONAL*
*Con información de Reuters y AFP 

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