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'Correa cree que somos sus mayores enemigos'

El periodista ecuatoriano Diego Cornejo-Menacho, director de la Aedep, habló con EL TIEMPO.

El periodista ecuatoriano Diego Cornejo-Menacho, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), habló con EL TIEMPO sobre la difícil situación que enfrentan los medios y las asociaciones civiles en su país.
El gobierno de Rafael Correa se ha enfrascado en una lucha contra quienes considera enemigos del Gobierno desde los micrófonos, las páginas y los blogs de internet.
La Secretaría de Comunicación (Secom) notificó la decisión de iniciar el proceso de disolución de la ONG Fundamedios por divulgar contenidos de blogs de opinión independientes. ¿Qué piensa de esta nueva movida del gobierno?
Es una medida de una dureza extrema y de un autoritarismo radical. Acusar a Fundamedios de hacer política o de intervenir en política partidista, que es la prohibición que tenemos las asociaciones de la sociedad civil, es desde todo punto de vista un absurdo.
Esta es una situación muy extraña porque no se ha iniciado ningún proceso de investigación, los documentos que respaldan la acusación o este proceso de disolución son de carácter interno de la Secom. No hay ningún organismo externo que hubiese elaborado la información y tampoco hay una instancia interna que pueda juzgar y en donde pueda defenderse Fundamedios. Es decir, el organismo que anuncia la disolución funciona como juez y parte.Otorgan un plazo de diez días para la defensa, pero es una ficción. Es un sainete.
¿Se podría interpretar como un tribunal inquisidor de medios?
En la Ley de Comunicación, el tribunal inquisidor es la Superintendencia de Comunicaciones (Supercom). En este caso no se está aplicando esa ley sino el Decreto Ejecutivo 16 del 2013, que actúa sobre asociaciones de la sociedad civil. Mientras la Ley de Comunicación es una reglamentación regresiva con respecto a la libertad de expresión, información y prensa, este decreto es regresivo en cuanto al derecho de asociación.
Entonces, por medio de esta nueva medida, algunas asociaciones, como Fundamedios y Aedep, hemos pasado a depender de esta Secretaría de Comunicación, que es una oficina de la Presidencia.
La Secom aduce que Fundamedios se está desviando de su objetivo social al difundir alertas, mensajes y ensayos de “carácter netamente político”.
Para llevar adelante estos procesos administrativos, tanto la Secom como la Supercom se valen de una legislación muy amplia y con un articulado demasiado ambiguo, que permite cualquier tipo de interpretación por parte de la autoridad sancionadora. Entonces, aquí hay una interpretación de esa oficina del Gobierno para sustentar la acusación contra Fundamedios. Se está llegando a unos extremos de intolerancia muy radicales.
¿Se podría decir que incluso medios que sean de filosofía afín a la del Gobierno no pueden opinar en Ecuador?
La aplicación de la Ley de Comunicación en Ecuador no es equitativa. Vemos el balance de sanciones aplicadas en virtud de esta ley, y el 79 por ciento es contra medios privados, independientes.
El problema ha llegado a tal límite que en los medios hay abogados que son una especie de veedores previos a la publicación de cualquier información. Están llevando a cabo, realmente, una función de censores. La paranoia es tal entre los periodistas con respecto a esta ley que ya hay autocensura. Lo que busca el Gobierno no es cerrar medios con acciones de tipo policial o judicial, sino que pierdan su contenido periodístico, influencia y autonomía económica, como pasó con el cierre de la revista Vanguardia.
Un sello de gobiernos como el ecuatoriano es la concentración de medios. ¿Cree usted que el público crítico cede ante esta inundación de información poco o nada equilibrada?
En Ecuador se ha consolidado un monopolio de una treintena de medios directamente controlados por el Gobierno, a los que se suman otros, entre grandes y pequeños, por distintas razones, que pueden ser económicas o de conveniencia política. La mayoría de las veces, la razón económica es por la publicidad gubernamental.
Esto es parte del funcionamiento de un aparato muy sofisticado de propaganda del Gobierno, que desarrolla una campaña constante tanto dentro como fuera del país. De modo que los contenidos que se emiten desde allí son propaganda dura. Los sectores de opinión se resisten a ello, pero los sectores populares no necesariamente lo hacen. Poco a poco, la credibilidad del Gobierno en algunas ocasiones se ha puesto muy en duda.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Comunicación, en mayo del 2013, se ha presentado una distorsión notable en cuanto a la calidad de los temas que se presentan en la prensa. ¿Cree usted que los medios están tratando más temas con agentes oficialistas que con expertos o voces independientes por miedo a instrumentos como la Secom?
Eso es real y es una consecuencia de la aplicación de esa ley. En este proceso toman más protagonismo comunicacional el propio Estado, el Gobierno y los actores gubernamentales, y pierden las voces de la sociedad civil. Van siendo relegadas, y eso es lo que está sucediendo. Esto es resultado de las presiones que existen y de las acciones que se desarrollan desde organismos como la Secom para que los temas gubernamentales estén en una agenda.
Parece que el presidente Correa pretendiera una extraterritorialidad de la Ley de Comunicación al criticar a medios como ‘The Economist’ por sus informes sobre Ecuador. ¿Qué piensa de esto?
Esto es parte de su arrogancia. Ya ocurrió en Colombia con la revista Semana. Su arrogancia no tiene límites. El presidente Correa siempre dice que hay una conspiración nacional e internacional en su contra fraguada desde los medios de comunicación. Los periodistas y medios somos sus mayores enemigos.
Libertad de expresión en Ecuador preocupa a EE. UU.
El Departamento de Estado de EE. UU. expresó ayer su preocupación por el deterioro de la libertad de expresión y asociación en Ecuador.
En un comunicado remitido a la prensa, el vocero John Kirby afirmó que en Washington se encuentran “muy preocupados por las crecientes restricciones a la libertad de expresión y a la libertad de asociación en Ecuador, particularmente por la decisión tomada por el Gobierno ecuatoriano, el 8 de septiembre, de dar pasos legales con la intención de disolver la organización no gubernamental Fundamedios, que apoya la libertad de prensa”. En un segundo aparte, Kirby asegura que “una sociedad civil activa y la tolerancia por las opiniones disidentes son componentes vitales de cualquier democracia. Compartimos la preocupación internacional por los esfuerzos del Gobierno ecuatoriano por silenciar voces críticas y negar a sus ciudadanos acceso a una diversidad de información e ideas”.
Al final del comunicado, el Departamento de Estado, a través de Kirby, hace un llamado al Gobierno ecuatoriano a “que honre sus compromisos bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, manteniendo las libertades de expresión y de asociación como derechos democráticos fundamentales”.
Por otro lado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) criticó ayer la “intolerancia” del gobierno de Rafael Correa al condenar el proceso administrativo contra Fundamedios. El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, fustigó en un comunicado a Quito por su “intolerancia ante las opiniones críticas, nada nuevo en esta etapa administrativa de Ecuador que ahora se ve coronada con la posible eliminación de Fundamedios, cuyo único delito es dedicarse a defender la libertad de expresión en su país”.
“Es menester una reacción firme de la comunidad internacional, especialmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de todos los gobiernos de la región, que no deberían permitir que se atropellen los principios básicos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la Carta Democrática Interamericana”, señaló Mohme.
Fundamedios ha sido cercada “por este gobierno, que ha encontrado todo tipo de artilugios legales y administrativos para amordazar a los críticos y a quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos”, dijo de su lado Claudio Paolillo, encargado de libertad de prensa de la organización que reúne a dueños de medios del continente.
En una de sus últimas salidas en contra de los medios internacionales, el gobierno de Correa, a través de la Secom, vinculó el miércoles a The Guardian, The Economist, Le Monde y El País con una presunta campaña de “desprestigio” y “desestabilización” de gobiernos progresistas de la región, al rechazar artículos de esos medios europeos sobre las recientes protestas contra el presidente Rafael Correa.
LUIS ALEJANDRO AMAYA E.
Subeditor Internacional
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