La doctora Ana María Abreu lleva cuatro días detenida en la sede de la policía política venezolana, en Caracas. Se le acusa de un delito del que muy pocas veces se ha acusado a alguien en el país: filtrar "secretos políticos o militares concernientes a la seguridad" relacionados con la seguridad del Estado.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha dado razón precisa de qué tipo de información habría filtrado la doctora Abreu, quien llevaba 12 años trabajando como médico en el edificio de oficinas adscritas a la Presidencia de la República, conocido como 'Palacio Blanco', y que se encuentra ubicado frente al Palacio de Miraflores, sede del despacho presidencial.

El caso trasciende lo anecdótico pues la señora Abreu es cuñada de la reconocida abogada, experta militar y defensora de Derechos Humanos, Rocío San Miguel, quien en el año 2004 fue despedida de su cargo (trabajaba en el Consejo Nacional de Fronteras) por haber firmado la petición para que se realizara un referéndum revocatorio al presidente Hugo Chávez.

San Miguel, lo mismo que otras dos compañeras de trabajo, al ser despedidas por la misma razón, hicieron pública su causa y desde entonces se revelaron cientos de casos de personas que perdieron sus trabajos por discriminación política. Poco después, fundó una organización no gubernamental llamada Control Ciudadano, desde la que hace críticos llamados de atención al gobierno nacional ante atropellos contra los Derechos Humanos y emite opiniones relacionadas al ejercicio de la justicia y de la Fuerza Armada Nacional.

Sus abogados, entre los que se cuenta la propia San Miguel, aseguran que la Fiscalía acusa a Abreu por la existencia de unos correos electrónicos con datos supuestamente sensibles, escritos entre los años 2010 y 2012.

"El expediente es un burdo montaje político, pues los tres correos fueron desconocidos por Ana María quien admitió que en su vida los ha emitido", afirmó San Miguel, para luego advertir: "Que no nos sorprenda que en las próximas horas haya una medida de detención en mi contra, porque tiene que haber un receptor de información".

La Fiscalía venezolana tiene 45 días para presentar la acusación debidamente sustentada ante el tribunal de juicio para proceder con las audiencias formales. De ser hallada culpable, Abreu enfrenta una pena de hasta 10 años de cárcel.

El caso ha levantado de nuevo las alarmas en Venezuela sobre la existencia de presos políticos y el uso del Poder Judicial por parte del gobierno como arma de retaliación política.

Al respecto, el Colegio de Abogados de Caracas hizo un pronunciamiento el martes en la mañana en el que señala: "En nuestra patria la democracia y el Estado de Derecho son aparentes, la Ley y la justicia son instrumentos del régimen para legalizar y normalizar el odio, el miedo, la muerte y la discriminación al extremo de que quien no lo comparta no es considerado venezolano".