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La viabilidad de la deportación de Alejandro Toledo a Perú

Especialistas coinciden que esta vía no prosperaría en el caso del expresidente del país.

A pesar de que por la vía judicial existe una solicitud de orden de arresto provisorio con fines de extradición para el expresidente de Perú Alejandro Toledo –por supuestamente recibir una coima de 20 millones de dólares para dar la concesión de la carretera Interoceánica a Odebrecht, en 2014–, el actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), le pidió a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que evalúe deportar al exmandatario, quien se encuentra –según el propio Gobierno– en EE. UU.
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Fernando Zavala, explicó este lunes que “se identificó que existe una norma, en el marco de las competencias que tiene la ley de inmigración en EE. UU., (con la cual) el Departamento de Estado podría evaluar deportar a una persona”. (Lea también: Esposa de Alejandro Toledo sale en su defensa y ataca a Kuczynski)
Pero, ¿es posible que Toledo sea deportado a Perú?
Las opiniones de los expertos penalistas consultados por el diario El Comercio de Perú son variadas.
El abogado Luis Lamas Puccio sostuvo que es “difícil” que el expresidente peruano sea expulsado de EE. UU., porque es una jurisdicción migratoria quien toma la decisión en última instancia, y el exmandatario –por lo que se conoce– tiene una situación migratoria “regular”.
“Toledo está totalmente en forma regular en EE. UU. Es residente e incluso dicen que enseña en la Universidad de Standford”, precisó Lamas.
Para el especialista, lo “correcto” es que el expresidente llegue a Perú por la vía de la extradición.
“No podría ser expulsado, porque además si fuera así, sería un argumento ideal para la defensa de Toledo, para recurrir al sistema norteamericano. Sería la mejor prueba de que están violando el debido proceso y la interferencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial”, agregó Lamas. (Además: En Perú creen que Toledo está en San Francisco, Estados Unidos)
En la misma línea, el exprocurador anticorrupción Yván Montoya indicó que si no hay “nada relevante” sobre alguna falta a las normas migratorias, las autoridades administrativas de EE. UU. no podrían deportar a Toledo. “Es difícil en términos normales que procedan así, salvo que, por ejemplo, se encuentre fraude fiscal”, agregó.
Montoya explicó que si intentan expulsarlo, Toledo podría presentar un hábeas corpus en EE. UU., mecanismo que “puede resultar eficaz” en ese país.
“Judicialmente nos complican toda la estrategia. Por lo tanto, solo si hubiese alguna falta migratoria clara y notoria, podría proceder a la expulsión”, precisó Montoya.
Sin embargo, para el abogado Carlos Caro, la residencia de Toledo podría ser revocada por las autoridades bajo diferentes argumentos, ya que estas podrían hacer lo mismo que el gobierno de Israel: pedirle a Toledo que primero arregle sus asuntos legales en Perú. “Sería una decisión puramente administrativa y política a nivel Ejecutivo”, explicó Caro.
Según varios medios, Israel habría sido un refugio ideal para el expresidente peruano porque este país no tiene un acuerdo de extradición con Perú y, además, guarda buenas relaciones con el país latinoamericano, en parte, gracias a que su mujer, Eliane Karp, es una judía de origen belga que tiene la nacionalidad israelí. (También: 30.000 dólares para capturar al expresidente peruano Alejandro Toledo)
Por su parte, el excongresista Heriberto Benítez, abogado de Toledo, le dijo a El Comercio que el pedido de PPK a Trump es una “interferencia” en los trámites judiciales. “Que un presidente llame a otro para pedir la detención de una persona es una interferencia y le está dando el tinte político”, añadió.
Actualmente existe una solicitud de arresto provisorio con fines de extradición contra Toledo, quien tiene orden de prisión preventiva de 18 meses por el caso Odebrecht. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, confirmó que la extradición es la vía que están tomando para que el expresidente se someta a la justicia.
Por otra parte, un testigo de la Fiscalía acusó a la ex primera dama de Perú Nadine Heredia, esposa de Ollanta Humala (2011-2016), de haber intervenido para favorecer a Odebrecht para que ganara la licitación de la construcción del Gasoducto Sur Peruano (GSP) en 2014, según medios. (Además: Alejandro Toledo enfrentará a la Justicia peruana por caso Odebrecht)
El testigo declaró que, desde el 2013, Heredia coordinaba directamente con el exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, para modificar las bases de la licitación, con el fin de que la compañía ganara el proceso, según informó Perú21.
EL COMERCIO PERÚ
(GDA)
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