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CIDH otorga medidas cautelares a favor de Leopoldo López y Ceballos

El organismo hemisférico exigió al gobierno de Venezuela cambios para proteger a los opositores.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió otorgar ayer medidas cautelares a favor de los dirigentes políticos opositores venezolanos Leopoldo López y Daniel Ceballos, al considerar que su vida corre peligro en el penal de Ramo Verde, donde se encuentran recluidos.
En un comunicado, la CIDH informa que “tras analizar los alegatos de hecho y de derecho, la Comisión considera que la información, en principio, demuestra que Leopoldo López y Daniel Ceballos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, puesto que su vida e integridad personal se encontraría en riesgo”.
En el caso de López, del partido Voluntad Popular, está preso desde el 18 de febrero del año pasado luego de ser acusado de instigar las protestas que sacudieron a este país a comienzos del año pasado y que dejaron 43 personas muertas.
Las medidas también se extienden al alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, detenido en marzo de ese mismo año y encarcelado en la misma dependencia donde se encuentra López.
“La CIDH le solicita al Estado de Venezuela que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de los amparados, que asegure que las condiciones de detención de los beneficiarios se adecuen a estándares internacionales; y que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes”. (Lea: 'La lucha por una Venezuela democrática vale la pena': Leopoldo López)
También “le otorga 15 días al Gobierno para que informe sobre la implementación de las medidas y que, a partir de esa fecha, los mantenga informados de manera periódica”.
El organismo internacional responde así a la solicitud de medidas cautelares solicitada en agosto del 2014 por la coordinadora judicial Observatorio Venezolano de Prisiones.
Desde entonces, la CIDH había sido objeto de múltiples críticas por la lentitud a la hora de extender una protección que supone operan cuando hay riesgos inminentes e irreparables. (Lea: Las tres familias que se reparten el poder en Venezuela)
Ya concedidas, no obstante, son relevantes pues comprometen a Venezuela y la hacen responsable de lo que les pueda suceder.
“Respecto al requisito de urgencia, la CIDH considera que se encuentra cumplido en la medida que la posible continuidad, en el tiempo, de las actuales presuntas condiciones de detención, y de la alegada reiterada exposición a aislamiento podrían implicar serias afectaciones a los derechos a la vida, integridad personal, física y psicológica de los señores Leopoldo López y Ceballos”.
Las medidas generarán un nuevo enfrentamiento entre la CIDH y Maduro, que lleva años protestando por una injerencia del órgano en sus asuntos internos. (Lea: Los dos años de promesas incumplidas de Maduro)
En septiembre del 2012, Venezuela denunció la Convención Americana de los Derechos Humanos y por lo tanto salió de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Sin embargo, la CIDH, que también hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, aún tiene potestad y esa solo acabaría si Venezuela decide salir de la OEA.
Opositor llega a Madrid por caso Andorra
El diputado opositor venezolano Julio Montoya afirmó ayer en Madrid que dialogará con parlamentarios españoles e impulsará la investigación sobre las cuentas que altos funcionarios de su país tenían en la Banca Privada de Andorra (BPA), que está en la mira judicial por supuesto lavado de dinero.
En una entrevista, Montoya, del partido Primero Justicia, aseguró que en los próximos días se reunirá con diputados y senadores españoles para exponerles información sobre los altos cargos venezolanos vinculados a la banca andorrana y que puedan colaborar en este caso. (Lea: Venezuela dio pasaportes diplomáticos para lavado de dinero en Andorra)
Además, trasladará al Tribunal de Cuentas reportes acerca de pagos desde Venezuela a una sociedad vinculada al dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, que probarían que la fundación tuvo relaciones con el Gobierno entre 2004 y 2014.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
@sergom68
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