La mayor instancia judicial de ese país declaró así inconstitucional una ley de la capital y señaló que ese derecho está garantizado por la Carta Magna, y no puede ser limitado en nombre de la seguridad pública.

Según varios estudios, hay al menos 200 millones de armas de fuego en circulación en Estados Unidos, para 300 millones de habitantes, y aproximadamente el 45 por ciento de los hogares estadounidenses posee al menos una.

La decisión fue celebrada de inmediato por el jefe de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, John Boehner: "Los estadounidenses, incluidos los residentes en la capital del país, deben tener la capacidad de defenderse y en términos de la Constitución ese derecho está claramente reconocido".

El de ayer, es el primer pronunciamiento definitivo de la máxima corte con respecto a la Segunda Enmienda de la Constitución, que data de 1791 y establece que " siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas". 

Para los magistrados, el meollo de este caso era determinar si la Segunda Enmienda protege el derecho a tener armas, sin importar los motivos, o si éste está vinculado con el servicio dentro de una milicia estatal ordenada.

El fallo enfrentó a grupos divididos a lado y lado del controvertido asunto, que se apostaron con carteles en las escalinatas del edificio de la Corte Suprema, en Washington.

Al final de la sesión, la decisión fue dividida 5-4, a favor del derecho legal de todos los ciudadanos de portar pistolas. Sin embargo, la polémica que existe en Estados Unidos respecto a la posesión de armas para la autodefensa, continúa.

En nombre de la mayoría, el juez Antonin Scalia argumentó que "la Constitución de E.U. no dice en ningún caso que se prohíbe de forma absoluta la tenencia y uso de pistolas para la autodefensa en casa".

De igual manera, Scalia agregó que "la opinión de la Corte no debe ser percibida como un cuestionamiento a las antiguas prohibiciones sobre la posesión de armas por parte de personas con antecedentes penales o enfermos mentales, o las leyes que prohíben el porte de armas cerca de instalaciones sensibles como escuelas o edificios administrativos".

En una de las leyes más estrictas del país sobre este asunto, el Distrito de Columbia, que incluye a Washington, prohibió desde 1976 la posesión de  armas de bajo calibre, pero permitió el porte de otras siempre y cuando estuvieran descargadas, sin ensamblar, registradas o que tuvieran un seguro en el gatillo.

Las autoridades capitalinas insisten en que esas leyes han contribuido a reducir la criminalidad en el área, pero sus detractores piensan diferente y aseguran que esas normas les impedían el derecho a defenderse, pese a que el Gobierno local no penaliza el uso de las armas en casos de legítima defensa.

David Kopel, una de las máximas autoridades sobre el control de armas en E.U. e investigador del Instituto de Independencia en Denver (Colorado), dijo: "La decisión es tremenda y supone un revés para los esfuerzos de Naciones Unidas (...) y para activistas estadounidenses que buscan la eliminación absoluta del uso de las  armas para cualquier propósito. No tendrá un efecto inmediato en las leyes estatales (...) con seguridad habrá más retos cuando los tribunales tengan que pronunciarse, por ejemplo, sobre la prohibición de armas en Chicago (Illinois) y suburbios aledaños".

Por su parte, Paul Helmke, de la Campaña Brady para Prevenir la Violencia con Armas, afirmó en rueda de prensa que "el dictamen limitó los extremos respecto al control de  armas en E.U., donde cada estado impone sus propias leyes".

Helmke agregó que "el fallo de la Corte mantendrá restricciones razonables sobre las  armas" y vaticinó que habrá más casos similares ante el Supremo.