Hoy, en la prisión militar de Guantánamo (Cuba), Estados Unidos tiene retenidos a 245 sospechosos de terrorismo.

Paralelamente, el mandatario oficializó este miércoles el establecimiento de nuevas reglas que prohíben la tortura como método de interrogación y en las que E.U. se compromete a respetar tratados como las Convenciones de Ginebra.

También se prohibió la retención secreta de sospechosos de terrorismo en cárceles en el extranjero.

Las movidas, hechas a través de 'órdenes ejecutivas', fueron interpretadas como sendos 'reversazos' a los años de la administración republicana de George W. Bush, durante los cuales Washington ignoró el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y usó la base de Guantánamo para negar garantías constitucionales a los prisioneros.

"El anuncio del cierre de Guantánamo es un poderoso acto político, pues la prisión se había convertido en sinónimo de los excesos de Bush y de todo lo que el mundo alcanzó a odiar de este país", dijo a El TIEMPO Adam Isacson, del Centro para la Política Internacional (Washington).

Obama pidió, a su vez, la revisión inmediata de los casos de los 245 detenidos en la isla, con la idea de aclarar su situación jurídica lo antes posible.

La mayoría de los prisioneros, capturados en las guerras de Irak y Afganistán, han estado retenidos durante años sin siquiera ser acusados de crimen alguno, como lo exige la justicia ordinaria.

Esa detención es 'legal' desde el 2006, cuando el Congreso de mayoría republicana aprobó una ley que así lo permite y en la que se creó la figura de las llamadas 'Comisiones Militares', órganos a los que les fueron encomendados los procesos judiciales contra los supuestos 'terroristas' y que operan bajo un sistema de justicia que no ofrece las mismas garantías que el civil.

Aunque la intención de cerrar Guantánamo es concreta, mucho hay del dicho al hecho. La administración, junto con el Congreso, que ahora controlan los demócratas, tendrán que decidir qué hacer con los presos, muchos considerados como peligrosos.

Se estudia, por ejemplo, transferirlos a centros de detención en E.U., donde quedarían en manos de la justicia civil. Se habla, también, de diseñar un nuevo sistema de justicia civil específico para casos de terrorismo, o seguir usando las 'Comisiones Militares'.

En algunos casos, se pretende devolver a los detenidos a sus países de origen o enviarlos a un tercer país que acepte recibirlos. Pero por el momento, ninguno ha aceptado.

El próximo lunes 27 de enero, los ministros de Relaciones Exteriores de todos los Estados miembros de la Unión Europea (UE) analizarán la posibilidad de acoger a algunos de los presos en sus países.

En el caso de la tortura, Obama exigió que se use el manual del Ejército como guía para el interrogatorio de detenidos. En este manual están prohibidas prácticas como el 'submarino' o 'waterboarding' (técnica que incluye cubrir la cabeza del sospechoso con un sábana y echarle agua, generando asfixia y sensación de ahogamiento), que venían usando agencias como la CIA.

Un día después de su posesión (20 de enero), Obama había pedido retardar por cuatro meses las diligencias judiciales que se realizan en dicha cárcel, para que su Gobierno se enterara de los procesos.

En respuesta a la petición de Obama, el juez militar Stephen Henley suspendió los juicios de cinco detenidos por los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos.

Sin embargo, cuatro de ellos se manifestaron contra el aplazamiento de sus diligencias, pues desean declararse culpables de los cargos de los que se les acusa.

Otro juez decidió el aplazamiento por 120 días del juicio del canadiense Omar Khadr, quien fue capturado en Afganistán cuando tenía 15 años de edad. Actualmente tiene 22.

SERGIO GÓMEZ MASERI
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
WASHINGTON