El ex funcionario, que renunció en medio de críticas el año pasado, era el hispano con el cargo público de mayor rango en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia se negó a enjuiciar a Gonzales, por el mal, y posiblemente ilegal, manejo de información secreta sobre dos de los esfuerzos de combate al terrorismo más delicados del gobierno del presidente George W. Bush.

Hacer un mal manejo de información secreta viola las normas del Departamento de Justicia, y retirarlos de instalaciones con sistemas de seguridad especiales sin la autorización adecuada es un delito, aunque menor.

Un informe del inspector general del Departamento de Justicia presentado el martes afirma que el departamento decidió no presentar cargos contra Gonzales.

Como el principal funcionario para el cumplimiento de la ley, se vio inmiscuido en un escándalo sobre el despido de nueve fiscales federales. Los demócratas señalaron que los despidos tuvieron móviles políticos.

El informe del inspector general de Justicia, Glenn A. Fine, halló que Gonzales puso en riesgo al menos algunos fragmentos del programa de vigilancia al terrorismo de la Agencia Nacional de Seguridad, así como interrogatorios de los terroristas detenidos.

Algunos aspectos del programa de vigilancia a los que se hacía referencia explícita en los documentos eran ''protegidos estrictamente'' por la agencia de seguridad, según el reporte.

Fine refirió el caso a la División de Seguridad Nacional (NSD, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia para que determinara si se debían presentar cargos contra Gonzales. Pero los fiscales desecharon el caso después de una revisión interna que comenzó previamente en este año, afirmó el vocero del Departamento de Justicia, Dean Boyd.

''Después de realizar una revisión cuidadosa sobre el asunto y de consultarlo con funcionarios con gran experiencia dentro y fuera de la división, la NSD determinó finalmente que la acusación debería ser anulada'', dijo Boyd en un comunicado.

La anulación de los cargos contra Gonzales indignó al demócrata John Conyers, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que exigió saber por qué se había decidido así.

Los abogados de Gonzales reconocen que no guardó ni protegió los documentos secretos _unas notas escritas a mano sobre el programa de vigilancia y 17 documentos más_ como lo debió hacer. Pero afirmaron que no pretendía ponerlos en riesgo de que alguien sin autorización los viera, y que no había evidencia de que eso hubiera ocurrido.

Según el informe, Gonzales no guardó los documentos en lugar seguro e incluso los llevó a su casa. También dice que los dejó en su maletín porque desconocía la combinación de la caja fuerte en su vivienda.

Gonzales también conservó documentos en una caja fuerte de su oficina a la cual tenían acceso empleados que ''carecían de la autorización de seguridad correspondiente a esta información''.

WASHINGTON.
AP