Rechazo de ONG y médicos a nueva ley que deja sin atención médica a inmigrantes indocumentados.

"¿Cómo lo van a dejar a uno sin médico?", pregunta aterrada Gloria, una caleña que lleva once años en España y no ha conseguido aún los documentos para regularizar su situación. Es el mismo interrogante que se plantean miles de inmigrantes sin permiso de residencia que dejan de ser atendidos gratuitamente en los hospitales españoles a partir de hoy.

El Real Decreto Ley 16/2012 excluye a los inmigrantes en situación irregular de la asistencia sanitaria gratuita, a la que hasta ahora tenían derecho. Se crea, en cambio, una especie de póliza que los obliga a pagar 710 euros al año (1.864 euros si son mayores de 65 años).

Hay algunas excepciones: urgencias, asistencia al embarazo y parto, servicios a menores de edad, asilados y víctimas de tráfico de seres humanos. Hay otra que contempla la denominada "salud pública", que cobija las enfermedades infecciosas y de declaración obligatoria (hepatitis, tuberculosis, VIH, etc.).  

Hasta ahora, solo era necesario empadronarse para conseguir la tarjeta sanitaria. Un sencillo procedimiento, en el que basta suministrar una dirección de permanencia y pocos datos más (como el nombre).

La medida, con la que el gobierno pretende ahorrar más de 500 millones de euros al año, ha despertado enorme polémica en España. De hecho, cinco comunidades autónomas (departamentos) ya anunciaron que seguirán prestando atención sanitaria gratuita a los inmigrantes sin papeles. Se trata del País Vasco, Asturias, Andalucía, Canarias y Cataluña. Navarra, por su parte, lo hará cuando el necesitado demuestre que carece de recursos.

Dentro de la comunidad médica también se levantan voces en contra. Según la Sociedad Española de Medicina de Familia Comunitaria, 1303 médicos se han declarado objetores mediante un formulario rellenado. José María Molero, médico de Madrid, explica la razón que lo lleva a oponerse a la norma: "Tengo un compromiso con mis pacientes", dice. "Se trata de un compromiso ético".

Los debates públicos sobre la nueva medida sacan a relucir contradicciones y detalles aún no previstos, como el manejo de las enfermedades mentales, que no está incluido. Un editorial del diario El País esta semana decía sobre la norma: "La incoherencia suprema, que roza la desfachatez y que es una llamativa muestra de la lejanía de los gobernantes respecto a la realidad social, es pedir a personas sin trabajo unas cantidades que están fuera de su alcance poder pagar".

Fuentes del gobierno español aseguraron a EL TIEMPO que la medida busca sintonizar a España con el resto de países europeos. Según ellas, "España era el único país que no cumplía con la directiva europea de no dar tarjetas sanitarias a personas no residentes legales". Con ello, un inmigrante en condición ilegal que tenía la tarjeta sanitaria española, podía ser atendido en cualquier país de la Unión Europea.

El gobierno también se defiende al asegurar que a nadie le va a faltar atención sanitaria urgente. Así como tampoco a mujeres embarazadas ni a menores de 18 años. Sin embargo, los inmigrantes sin documentación no podrán acudir gratuitamente a médicos especialistas ni recibir tratamientos (solo los que habían empezado antes de hoy).

Inmigrantes

Para la Asociación América, España, Solidaridad y Cooperación (Aesco), se trata de una violación de los derechos humanos. "La garantía de la salud es un derecho consagrado que ahora se les recorta a los inmigrantes", señala su directora, Yolanda Villavicencio.

Villavicencio resalta situaciones complicadas que se pueden presentar a los extranjeros sin documentos. "Hay muchos colombianos que han estado cotizando a la Seguridad Social y que han perdido el empleo con la crisis", explica. "Sin el trabajo no han podido renovar sus permisos de residencia y ahora no pueden beneficiarse de un sistema de salud gratuito al que han ayudado a financiar".

Señala que también son víctimas de esta norma muchos inmigrantes que trabajan, pero no cuentan con un contrato que lo certifique. "Muchos empresarios se aprovechan de la crisis y de la vulnerabilidad de los inmigrantes para contratarlos sin los documentos legales necesarios", dice.

En el caso de los inmigrantes colombianos, Villavicencio saca a relucir el fondo especial para casos de urgencia, contemplado en el sistema nacional de migraciones, creado para situaciones humanitarias, que aún no está dotado. "El Estado colombiano podría dar una respuesta más allá de una exposición sobre la defensa de los derechos de los inmigrantes". 

Cifras

Es muy difícil establecer las cifras de los inmigrantes sin documentación, justamente porque no están registrados y porque suelen presentar mucha movilidad. Sin embargo, las estimaciones oficiales estiman que pueden estar entre los 460 mil y los 550 mil. De ellos, unos 305 mil provienen de la Unión Europea, pero no han adelantado los trámites de homologación. Y cerca de 150 mil vienen de América Latina, África y algunos países asiáticos.

España puede enviar a los gobiernos de los países de origen la factura de los inmigrantes atendidos, cuando ellos vienen de Europa o de algunos países con los que hay un convenio especial.

Según Aesco, los colombianos que viven en España sin documentación están en torno a los 90 mil. La asociación aclara, eso sí, que es difícil determinar una cifra exacta.

Discriminación

Entre los colombianos afectados se encuentra Gloria, la caleña que lleva once años intentado regularizar su situación. Mientras vivía en Valencia, recibió las atenciones médicas que necesita para un problema de tiroides que padece. Pero cuando tuvo que trasladarse a Madrid por culpa de una desgracia familiar, comenzó el vía crucis del traslado de la tarjeta sanitaria.

"Como no he podido solucionar ese problema, me he pagado yo misma el servicio médico", explica. "Cada cita particular me cuesta 35 euros, los medicamentos mensuales llegan a los 25 euros y debo pagar aparte los exámenes", dice. "Los últimos tres me costaron sesenta euros".

Tras un año de desplazamientos entre Valencia y Madrid para el traslado de la tarjeta sanitaria, Gloria ahora ve que los esfuerzos han sido infructuosos. "Sin los papeles no me puedo enfermar", dice. "Es simplemente discriminación".

JUANITA SAMPER OSPINA
Corresponsal de EL TIEMPO
Madrid