Lo hizo luego de que el ministro de Interior italiano, Roberto Maroni, del partido xenófobo Liga Norte, ordenó la semana pasada que se recogieran las huellas dactilares de todos ellos.

Según la Eurocámara, fichar a los gitanos -incluidos menores de edad- que viven en ese país, sean o no italianos, es un acto de "discriminación racial y étnica".

Desde hace varios días, Bruselas venía pidiendo a Roma que detuviera el acoso al pueblo gitano -la minoría étnica más importante de Europa, con más de 10 millones de personas-, pero la gota que colmó el vaso fue la aparición, en la ficha que deben llenar los gitanos, de una casilla donde hay que escribir la etnia y la religión a la que pertenecen.

De acuerdo con un informe de la Comisión Europea dado a conocer en Bruselas hace unas semanas, el 77 por ciento de los europeos reconoce que ser gitano es hoy casi tan desventajoso como ser discapacitado (79 por ciento), y que "las desventajas persistentes en la educación, incluyendo la débil presencia en la escuela, hacen muy probable que sin intervención política fuerte, la próxima generación de gitanos siga en una situación de gran pobreza".

La Comisión reaccionó así a las persecuciones que han sufrido los gitanos, sobre todo desde la llegada al poder del primer ministro italiano Silvio Berlusconi, cuando vieron varios de sus campamentos quemados y fueron atacados, inclusive, con cocteles molotov.

La votación parlamentaria de ayer, que la derecha intentó boicotear, salió adelante por amplia mayoría -336 votos a favor, 220 en contra y 77 abstenciones- gracias a la unión de liberales, socialistas, verdes y demás grupos de izquierda.

Los líderes de los partidos que apoyaron la resolución y otros 120 eurodiputados enviaron, en señal de protesta, sus huellas dactilares al gobierno italiano. Los eurodiputados de derecha votaron en contra.

El texto aprobado en Estrasburgo dice que tomar indiscriminadamente las huellas dactilares de todos los gitanos es "un acto de discriminación racial y étnica" y que "amenaza los derechos fundamentales de las poblaciones nómadas".

Además, pidió a la Comisión Europea -que hasta ahora no se ha atrevido a enfrentarse directamente al gobierno italiano por esta cuestión- que compruebe si las medidas tomadas en Roma son compatibles con el derecho comunitario.

La resolución misma dice que el acoso italiano a los gitanos no es compatible con el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, "porque constituye un acto de discriminación directa basado en la raza y el origen étnico".

La resolución aprobada ayer también alza el tono para defender a los menores de edad. Consideran los eurodiputados que tomar huellas dactilares de niños con el único argumento de que son gitanos viola sus derechos fundamentales y piden que la Unión Europea (UE) y el gobierno italiano les garanticen el acceso en igualdad de condiciones a la educación, la vivienda y una asistencia sanitaria de calidad.

Además, se exige a Italia que "ponga en marcha programas contra el racismo y la discriminación en las escuelas, el mundo laboral y los medios de comunicación".

Algo que seguramente caerá en balde porque desde que llegó al poder en abril, el gobierno presidido por el primer ministro Silvio Berlusconi no ha hecho más que hablar de una supuesta "emergencia gitana y de seguridad" que pretende combatir, incluso sacando al Ejército a patrullar las calles.

Muestra de cómo Italia recogió ayer la resolución del Parlamento Europeo fue la respuesta del ministro de Asuntos Europeos, Andrea Ronchi, quien dijo desde Roma, citado por la agencia Efe, que "la resolución de la Eurocámara es uno de los peores aspectos de las instituciones de la UE" y que rechaza "las acusaciones de racismo".

Maroni, ministro del Interior y responsable de las medidas de acoso a los gitanos, dijo por su parte que sólo se trata de luchar contra la criminalidad y que no piensa dar marcha atrás "ni un milímetro".

Según él, es necesario fichar a los niños "para protegerlos", algo que los eurodiputados no creen "porque los criminaliza".

La UNICEF y Amnistía Internacional ya sentaron su más enérgica voz de protesta. Por su parte, la Conferencia Episcopal italiana habló de "fuerte preocupación", la oposición política acusó al Gobierno de "racista" y la Liga de Comunidades Judías emitió un comunicado recordando que Benito Mussolini empezó de la misma forma el fichaje de los judíos, en 1938.

Un funcionario español de la Comisión Europea dijo ayer a EL TIEMPO: "Imagina cuánto ha caído Italia en la extrema derecha que gobiernos de pura derecha como el francés o el polaco parecen moderados frente a Berlusconi y sus socios de la Liga Norte". 

IDAFE MARTÍN PÉREZ
PARA EL TIEMPO
DESDE BRUSELAS