La inflación es la más alta de los últimos 11 años y la tasa de desempleo volvió a subir al 9,6% (al 23,79%, en tres meses, para los inmigrantes) cuando el verano pasado era la más baja, desde 1978.
La situación económica en España cada vez se complica más, como en muchas otras partes del mundo.
El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, reconoció la semana pasada que la economía española experimenta "casi un frenazo", ante la presión de la oposición para que reconozca la realidad, cuyos efectos ya llegan a los bolsillos de la gente, y particularmente de los inmigrantes, que derivan el sustento de sus trabajos en algunos de los sectores más golpeados (ver nota anexa).
Las cifras ponen números a su angustia. La inflación en junio se aceleró y llegó al 4,7 por ciento interanual, la más alta en 11 años, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández, señaló hace pocos días que el crecimiento de la economía española, que en el 2007 cerró en el 3,8 por ciento, ha ido bajando, de manera que en marzo estaba en el 2,7 por ciento.
"La intensidad del ajuste está siendo más pronunciada de lo esperado inicialmente", afirmó.
El Gobierno, por su parte, se ha visto obligado a revisar periódicamente las expectativas de crecimiento. El presidente calcula que el 2008 cerrará por debajo del 2 por ciento, pero sitúa una mejoría en el segundo semestre del 2009.
El desempleo de inmigrantes ha aumentado un 23,79 por ciento en tres meses, en comparación con el 12,7 que ha crecido el desempleo total. Hay más de medio millón de extranjeros "parados" (desempleados) que cobran la subvención de la Seguridad Social.
Y por si fuera poco, el Gobierno ha tenido que soportar las primeras manifestaciones populares, como las recientes huelgas de pescadores y camioneros, que exigen salidas para atenuar los altos precios de los combustibles y que han castigado en los sondeos a Rodríguez Zapatero.
Razones externas e internas
Por lo pronto, en una situación que atribuye a la crisis financiera internacional y al creciente precio del petróleo, el Gobierno se aprieta el cinturón, y por eso hará recortes en el gasto público (al menos 250 millones de sus gastos corrientes), y congelará los salarios de altos cargos de la administración como una medida más sicológica que efectiva.
Lo que el Gobierno pretende es evitar que las cuentas del Estado lleguen a ser deficitarias. De hecho, en los cinco primeros meses del año el superávit se ha reducido un 80 por ciento con respecto al mismo periodo del 2007.
Y se prevé una merma de los ingresos públicos debido a la caída de la recaudación tributaria (IVA) como consecuencia del estancamiento del sector inmobiliario y de la construcción.
Es que la actividad hipotecaria sufre una desaceleración progresiva, luego de años de franca ebullición. Los datos de la Asociación Hipotecaria Española permiten una comparación elocuente: mientras en febrero del 2007 el crecimiento del negocio hipotecario subía un 22,4 por ciento, este año, durante el mismo mes, solo lo hizo en un 13,1 por ciento. En marzo del año pasado creció un 21,7 y en el de este año, un 11,7 por ciento.
Por eso, para amortiguar la desaceleración en la construcción, el Ejecutivo anunció en abril pasado un plan de choque de 18.000 millones de euros en dos años con reducciones fiscales.
Precios aparte
Y la crisis del ladrillo podría empeorar la situación. Durante el primer trimestre de este año la venta de viviendas en España cayó un 31,8 por ciento en relación con el mismo período del 2007.
Según el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), en los próximos dos años dejarán de existir entre 330 mil y 440 mil empleos, en un sector que absorbe buena parte de la mano de obra inmigrante.
De ahí nació la iniciativa del plan retorno voluntario para inmigrantes, que prevé que estos puedan cobrar en dos plazos los subsidios por desempleo que les correspondan, uno de 40 por ciento, y otro de 60 cuando hayan regresado a su país.
Porque, a juicio de Rodríguez Zapatero, "la inmigración tiene que estar vinculada al trabajo. Inmigración es igual a trabajo".
JUANITA SAMPER OSPINA
CORRESPONSAL DE EL TIEMPO
MADRID