‘Hay que proteger la paz de las causas que provocaron el conflicto’

‘Hay que proteger la paz de las causas que provocaron el conflicto’

EL TIEMPO habló con la alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos humanos, Kate Gilmore.

Kate Gilmore

Kate Gilmore, alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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Eduard Soto

15 de mayo 2018 , 09:51 p.m.

Desde su oficina con vista al lago Leman, en Ginebra, la Alta comisionada adjunta de la ONU para los derechos humanos, la australiana Kate Gilmore, sigue en detalle todo lo relacionado con la situación de los derechos humanos en Colombia, en especial la implementación del proceso de paz con las Farc y, por lo mismo, ha expresado sus preocupaciones por lo que ha sucedido con los asesinatos de líderes sociales, hechos que concitaron la mayor atención de los países que participaron en el reciente Examen Periódico Universal de Derechos Humanos.

Gilmore dice que hay que defender el proceso de paz de las causas mismas que produjeron el conflicto; sobre las sospechas sobre un supuesto desvío de los fondos de paz dice que “no es el fin del mundo”, pero que lo importante es que existan “mecanismos de supervisión y seguimiento para responder con rapidez”; y sobre el asesinato de los líderes sociales, asegura que está “sumamente preocupada”, que es una “vergüenza, para todos”, pero también lo matiza porque es un fenómeno que no está exclusivamente atado al conflicto colombiano sino que responde también a otras dinámicas, de naturaleza económica. “Si siguen muriendo es porque no estamos haciendo lo suficiente”, señaló con fuerza.

Gilmore, que tiene una larguísima trayectoria en la defensa de los derechos humanos y que es reconocida por la pasión y la fuerza con la que defiende sus convicciones, atendió en Ginebra a varios medios colombianos, entre ellos EL TIEMPO.

¿Qué opina sobre los casos de corrupción en relación con los fondos para el proceso de paz?

Tenemos varias preocupaciones respecto del proceso de paz. No investigamos específicamente el flujo de fondos, es una parte diferente de nuestra misión. Pero en general, lo que detectamos es que hay la necesidad de un liderazgo robusto e imparcial en este proceso de paz para protegerlo de las mismas razones que causaron el conflicto. Si las personas no puedan ver, vivir y recibir los beneficios del proceso ¿por qué habrían de implicarse en él? Para mucha gente hubo muy buenas razones para empezar el conflicto aunque el precio fuera demasiado alto.
Es sumamente difícil en tiempos de transición que las acusaciones de corrupción no se investiguen y se esclarezcan de manera imparcial; esto va en contra de la confianza y la fe de la gente, en particular si todavía no disfruta de los beneficios prometidos.

Si las personas no puedan ver, vivir y recibir los beneficios del proceso ¿por qué habrían de implicarse en él?

Si se llegaran a comprobar los temas de corrupción, eso ¿cómo afectaría el trabajo de su oficina?

El trabajo del alto comisionado depende de una cosa: que exista el respeto al Estado de Derecho. Que existan ilegalidades no es usual, pero eso no significa que sea inevitable. Si el gobierno y personas cercanas al proceso de paz no cumplen con sus tareas, si hay corrupción y desvíos no significa que sea el fin del mundo. Lo que importa es que existan mecanismos de supervisión para poder reaccionar rápido de manera proporcional y justa. Todos cometemos errores y eso pasa en cualquier sistema. No es una excusa, pero ocurre.

¿Qué tan viable ve que la Justicia Especial para la Paz (JEP) cumpla su mandato?

Soy totalmente realista. Estamos hablando de un sistema que está basado en el Estado de Derecho, en los estándares internacionales del derecho y busca ganarse la confianza de la gente. Esto es completamente realista. Solo necesitamos voluntad política. También necesitamos priorizar que ese sistema reciba el apoyo financiero y el respaldo para que logre ser un sistema íntegro y no un engaño a los ciudadanos. Nosotros decimos esta frase en todos los países del mundo: ‘el sistema de justicia que ustedes tienen depende de lo que inviertan y del poder que quieran darle’. El sistema debe ser justo y debe ser abierto al escrutinio de la gente.

¿Qué tan viable ve usted esta situación en Colombia, especialmente en términos de respaldo político?

Esta es una de las razones por las que la misión de la ONU está en Colombia. Colombia no necesita a la ONU para que tenga un rol como si el país fuera un Estado fallido. Lo que necesita es que las Naciones Unidas sea un testigo de una administración justa de la Ley y que sea un instrumento para darles al gobierno y a las autoridades reportes de realidades que no siempre les convienen. Tener un rol como el que tiene la ONU en un momento de construcción de paz como el de Colombia es un poco como ir al dentista. No, usted no quiere ir al dentista, el trabajo del dentista es muy doloroso, quisiera con todas sus fuerzas tener que evitarlo, pero por otro lado, sabe que es bueno para usted. El problema es cuando el dentista no es lo suficientemente valiente. El trabajo del dentista dentro de los estándares profesionales es hacer lo necesario para que estemos sanos. Eso es lo que debe hacer la ONU. Mis colegas y yo creemos profundamente que esa confianza en el sistema de justicia, incluyendo el sistema de justicia especial, debe venir no del gobierno sino de la gente, desde las raíces.

¿Cómo hacer para que la voluntad política se vea reflejada en esta situación cuando la oficina ya advirtió que se están equivocando?

La gente de Colombia es la que puede cambiar las cosas, no alguien de afuera. Lo que tenemos que hacer es posicionarnos del lado del proceso de paz para que llegue a la gente y no del lado del poder, del conflicto de intereses y de la incertidumbre. Esto a veces es difícil y es por eso que vuelvo sobre el mismo punto. Que nosotros en la oficina de DD. HH. sentimos una obligación de estar con la gente que más ha sufrido. No es que les demos voz, porque tienen la suya propia, más bien lo que hacemos es ayudar dándoles un micrófono. Es decir, llevando sus voces a los más altos niveles de la autoridad y usar los estándares de DD. HH. para mostrar cómo se debe responder a estas voces. El gobierno y las autoridades deben entender que deben rendir cuentas. No estamos en un régimen de poder sino de responsabilidad frente a los colombianos.

La gente de Colombia es la que puede cambiar las cosas, no alguien de afuera

¿Cree que las medidas para la protección de líderes sociales y defensores de DD. HH. tomadas por el gobierno colombiano han sido eficientes?

Para ser honestos, estamos sumamente preocupados. Es claro para la ley y para el público que la pérdida de vidas, las lesiones personales y la intimidación no deberían estar ocurriendo. Nadie ha dicho que íbamos a prender un interruptor del día a la noche para pasar del infierno al cielo con el acuerdo de paz. Lo que es inexplicable es que la gente siga muriendo. El contexto y las causas de lo que pasa en Colombia también ocurren en el contexto de la región: Latinoamérica es hoy el lugar más peligroso en el mundo para ser un defensor de DD. HH., además de Siria e Irak. ¡¿Cómo es posible?!

Estamos viendo que hay una infección en la región que yo considero muy dañina. Existe un apetito tan grande para progresar que está estrechamente relacionado con un concepto de desarrollo que tiene que ver con explotar todos los recursos del país para alcanzar estos beneficios estrechamente relacionados al desarrollo económico, pero no social ni ecológico. Esas sociedades basadas en el desarrollo económico son las que son más vulnerables a la corrupción. Y me refiero a esto con el tema de los defensores de derechos, especialmente los relacionados con el medio ambiente, porque son ellos quienes denuncian las irregularidades que pueden existir cuando se le da relevancia al desarrollo económico. Cuando ellos levantan la mano y dicen que algo está mal, sabemos que muchos actores, incluyendo los no estatales, están relacionados con muchos asesinatos. Esto es una realidad.

Es importante resaltar que lo que está pasando es diferente a lo que sucedía cuando el conflicto estaba activo y estamos ya empezando a pagar el costo si el acuerdo de paz no queda bien implementado. Esto va a acelerarse si no se maneja diferente, por eso estamos muy preocupados. Estamos viendo la pérdida de vidas y las amenazas, y vemos con temor que que hay un contexto en el que los gobiernos de la región están viendo esta situación casi como aceptable, que las voces de la sociedad deben ser silenciadas y que los defensores de DD. HH. son una especie peligrosa. Siempre estaremos del lado de los defensores de DD. HH.

Pero, en ese sentido, ¿cree que el gobierno colombiano está haciendo lo suficiente?

Mire, mientras sigan muriendo, nadie está haciendo lo suficiente. Todos los que estamos involucrados en la implementación de los acuerdos deberíamos estar avergonzados por las muertes de las que hemos sido testigos. El país añora la paz tanto como sufrió la guerra. Necesitamos defensores de DD. HH. porque son ellos los que están comprometidos en la construcción de un mundo diferente y son ellos quienes harán que la paz sea una realidad.

¿Qué efectos tiene en la estabilidad de la región la internacionalización del conflicto armado, especialmente en las fronteras?

Ustedes saben mejor que yo lo difícil que ha sido esta situación para Colombia. Estamos hablando de Ecuador y de Venezuela, que son fronteras porosas, siempre ha habido movimiento de gente. No es un fenómeno reciente y lo que está pasando con los países vecinos se ve como una complicación para los colombianos y para el proceso de paz. Pero las opciones para el gobierno son trabajar con las comunidades locales y buscar respuestas con ellas.

Nosotros hemos pedido y aconsejado que las autoridades locales estén más presentes en las comunidades de frontera, pero no hablamos de fuerzas armadas, hablamos de jueces, profesores, escuelas y servicios para el manejo el flujo de personas, de trámite para quienes piden asilo. Indudablemente, la situación en Ecuador, Venezuela y otros lugares está muy lejos de reunir estas condiciones. El presupuesto que históricamente se ha destinado a las fuerzas militares debe construir una nueva tradición de inversión en la población civil.

¿El caso Santrich podría poner en jaque el proceso de paz con las Farc?

El caso Santrich es un caso que pone a prueba la credibilidad de la justicia por las circunstancias de su captura, su huelga de hambre, etc. Hay estándares de seguimiento que tienen que mantenerse, no es muy atípico y él también tiene derechos. Para nosotros este es un caso simbólico por su estatus y lo que representa, pero también es un caso de prueba como lo sería para cualquiera, independientemente de su identidad. Se trata de si el sistema de justicia es capaz de mantenerse en un punto de vista claro y objetivo para el Estado de Derecho y prevenir que sea contaminado por otras influencias. Esto va a ser importante para todas las partes implicadas, con lo que vuelvo a la idea inicial: un componente principal del acuerdo de paz es la construcción de confianza. Si la gente ve este caso como un mensaje de que no se puede confiar en la justicia esto tiene implicaciones muy graves.

El presupuesto que históricamente se ha destinado a las fuerzas militares debe construir una nueva tradición de inversión en la población civil

¿Cuál es su mensaje para Colombia?

Todo nuestro trabajo en países alrededor del mundo no se compara con el que hacemos en Colombia. No existe otro país en el mundo al que le tengamos tanto afecto como Colombia, sobre todo con nuestros colegas. Nuestra relación representa tantas cosas en términos de qué es lo peor que puede pasar a la gente y también lo mejor por su valentía y coraje. El proceso de paz a pesar de los contratiempos ha sido uno de los pocos momentos en los que mis colegas y yo hemos sentido esperanza y emoción. Nos sentimos muy conectados como si hiciéramos parte de la paz que se merece Colombia. Y por eso, la consolidación basada en la consolidación de los derechos y a justicia en Colombia lo vemos como un reto para el mundo.

 ¿Cuál es el futuro de la oficina del Alto Comisionado para los DD. HH. en Colombia?

Tenemos que seguir ganándonos el respeto de los ciudadanos. Si lo logramos, seguiremos ahí. Si no logramos consolidar la confianza, no importa cuál sea el mandato que tengamos, no estaremos haciendo lo correcto. Confiamos en que la gente en Colombia nos vea como unos colaboradores para consolidar su paz. En el minuto en el que no nos vean de esta manera, debemos irnos.

EDUARD SOTO
Enviado especial de EL TIEMPO
Ginebra*
*Por invitación de la Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH)

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