Cataluña, en punto crítico tras petición de destituir a Puigdemont

Cataluña, en punto crítico tras petición de destituir a Puigdemont

El presidente Mariano Rajoy hizo la solicitud al Senado, que se pronunciará este viernes.

Protestas en Barcelona

450.000 personas salieron a las calles de Barcelona a protestar tras el anuncio del presidente Mariano Rajoy.

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Gonzalo Fuentes / Reuters

22 de octubre 2017 , 04:24 a.m.

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anunció este sábado que solicitó al Senado el cese completo del Gobierno catalán –Carles Puigdemont y todo su gabinete– y la realización de elecciones anticipadas en esa región, en un plazo no mayor a seis meses.

Ante la amenaza de que el Parlamento catalán pudiera llegar a votar una declaración unilateral de independencia, Rajoy optó por una aplicación rigurosa del artículo 155 de la Constitución previsto para los casos en que una comunidad autónoma no cumpla con las leyes y/o la Constitución, o “atente gravemente” contra el interés general de España.

El Gobierno señaló que tuvo que aplicar el citado artículo en contra de su deseo y que espera que esto permita realizar elecciones regionales tan pronto como se recupere la normalidad.

Ante la atenta mirada de la plana mayor de su gobierno, Rajoy aseguró en una rueda de prensa que las medidas buscan restaurar el orden constitucional frente “a un proceso que ha sido unilateral y contrario a la ley”, asegurar la neutralidad institucional, garantizar los servicios y la actividad económica y preservar los derechos de los ciudadanos. Y subrayó que “no se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña (...) se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley”.

No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Cataluña (...) se cesa a las personas que han puesto ese autogobierno fuera de la ley

Las medidas, que cuentan con el respaldo del partido opositor PSOE y Ciudadanos –que junto con el gobernante Partido Popular (PP)suman 254 de los 350 diputados de la Cámara Baja nacional– deben ser refrendadas en el Senado este viernes, por mayoría absoluta: una mayoría con la que cuenta el PP en la Cámara Alta.

Rajoy aprobó además un decreto con el que propone asumir diferentes competencias del Ejecutivo (Generalitat) de la región de Cataluña, entre ellas tomar el control de la hacienda pública y de la Policía.

En respuesta, el presidente de la autonomía catalana, Carles Puigdemont, emitió este sábado una declaración institucional en la que anuncia que dejará en manos del parlamento autonómico la respuesta al “ataque” del Gobierno español –previsiblemente antes del día 27–. Sin embargo, no anticipó cuál puede ser su posición en ese debate parlamentario, después de días en que varios de sus aliados han planteado la posibilidad de una declaración de independencia.

“El Gobierno español, con el apoyo del Partido Socialista y de Ciudadanos, ha lanzado el peor ataque a las instituciones y el pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Francisco Franco aboliendo la Generalitat”, dijo Puigdemont, para quien el Ejecutivo español quiere “humillar” a Cataluña y gobernar desde Madrid los asuntos de la región. Mientras que la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, calificó el anuncio de Rajoy de “golpe de Estado de facto”.

Aunque el presidente del gobierno español no adelantó en qué fecha se llevarían a cabo las nuevas elecciones en Cataluña, el Partido Socialista Obrero Español (Psoe) y Ciudadanos dijeron haber acordado llamar a las urnas locales en enero. El hecho, en todo caso, supondrá la disolución del actual parlamento catalán.

Para el analista Oriol Bartomeus, profesor de ciencias políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona, las medidas “son muy duras” y con ellas Rajoy pretende “recuperar la agenda”, tras haber dejado hasta ahora en manos de la justicia la respuesta a los avances independentistas.

Bartomeus puso por otro lado en duda que los funcionarios catalanes vayan a obedecer: “no hace falta ser independentista para negarse a eso, a ser teledirigido desde los ministerios. ¿Cómo puedes controlar todo desde Madrid? Me parece extraordinariamente difícil”.

Reacciones

“El único temor que se puede tener en una situación como esta es no cumplir con tu obligación”, dijo Rajoy al ser consultado sobre si no temía que la decisión provocase un aumento de las ya importantes protestas en Cataluña.

Pocas horas después, una marcha convocada en Barcelona para protestar por la encarcelación de los líderes separatistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart se convirtió en una manifestación contra el anuncio oficial y reunió 450.000 personas en las calles de Barcelona según cifras de la policía regional.

Puigdemont, quien no tenía previsto asistir, cambió sus planes y se presentó allí, junto con las demás autoridades de su gobierno, como Oriol Junqueras –vicepresidente– y diputados independentistas. También estuvo la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. De la misma manera se hicieron presentes otras autoridades políticas como Artur Mas (expresidente judicializado también por iniciativas independentistas), Gabriel Rufián (de Esquerra Republicana de Catalunya) y Albano-Dante (de Podem).

Con cintas amarillas como símbolo de la petición de libertad para ‘los Jordis’, directores de las plataformas civiles independentistas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, cientos de miles de manifestantes invadieron las vías de Barcelona y gritaron contra las medidas adoptadas. Banderas de Cataluña ondeaban por todas partes, mientras la gente mostraba su indignación ante el sobrevuelo de los helicópteros de la Guardia Civil (policía bajo control central).

Se prevén más marchas similares en los próximos días, mientras varios analistas no han dudan en calificar la situación como la peor crisis institucional de la España democrática en 40 años.

De qué trata el artículo 155 de la Constitución

En los 40 años de la Constitución española nunca un gobierno se había planteado emplear el artículo 155. Por lo tanto, tampoco se ha desarrollado en una ley para aplicarlo.

Lo que establece la norma es que si una Comunidad Autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actúa de forma que atente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría del Senado, podrá adoptar medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones.

JUANITA SAMPER
Corresponsal ELTIEMPO – Madrid
Con información de AFP, EFE Y REUTERS

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