Colombia amarra ante el mundo procesos de paz con Farc y Eln

Colombia amarra ante el mundo procesos de paz con Farc y Eln

El país presentó la lista de recomendaciones del Examen Periódico Universal (EPU).

Suiza

Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra (Suiza).

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Mininterior

15 de mayo 2018 , 01:31 a.m.

Colombia dio a conocer este lunes la lista de recomendaciones que aceptó o dejó en lista durante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado el pasado 10 de mayo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra (Suiza), en el que el pedido más generalizado fue hacer todo lo posible para proteger la vida de líderes sociales y defensores de derechos humanos luego del notorio incremento de asesinatos y amenazas tras las firma de los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc.

Esto, por supuesto, tras felicitar a Colombia por haber logrado llegar a un acuerdo con las Farc luego de 53 años de conflicto armado con esta organización, un proceso que está en camino de implementación y que también fue mencionado dentro de las recomendaciones, en el sentido de que que se perciben atrasos y de que el Estado debe continuar un sostenido esfuerzo hacia dicho acuerdo; y también respecto al diálogo que se inició con el otro gran grupo guerrillero colombiano, el Eln.

Si se mira desde un punto de vista más amplio, al aceptar dichas recomendaciones y al firmar compromisos y promesas voluntarias, el Estado colombiano está trazando una hoja de ruta que debe guiar la política de derechos humanos para los próximos cinco años, que se ajustan con la llegada de un nuevo gobierno a la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto.

Es decir, deja amarrados ante la comunidad internacional varios temas como la implementación de los acuerdos con las Farc
, la continuación de los diálogos con el Eln, la protección a los defensores de derechos humanos y líderes sociales y las políticas hacia comunidades LGBTI y mujeres, por ejemplo, y los pone, teóricamente al menos, casi al nivel de irreversibilidad, más allá de quién sea el nuevo inquilino de la casa presidencial colombiana.

Pero este es un documento que este martes será aceptado, y luego debe ser confirmado en septiembre próximo.

“Se han salvado tres mil vidas con el proceso de paz”, dijo el ministro del Interior colombiano Guillermo Rivera, durante la presentación de la evaluación el pasado jueves, quien dijo sentirse satisfecho sobre el balance de Colombia en cuanto a su política de derechos humanos, pues casi todos los países destacaron el acuerdo con las Farc así “aún haya desafíos” como el de “evitar el asesinato” de los defensores y líderes.

De hecho, habló de un plan de protección colectiva regional como uno de los instrumentos para contrarrestar el fenómeno.


Según un informe de la Fiscalía citado durante la presentación de Colombia, este organismo da cuenta de haber recibido 261 casos de homicidio de líderes sociales y defensores de derechos humanos entre 2016 y abril de 2018.

Durante el examen colombiano intervinieron 86 delegaciones que dejaron 211 recomendaciones, muchas de ellas que giraban sobre los mismos temas, pero que igual son respondidas y contabilizadas.

De ellas, 183 fueron aceptadas, se tomó nota de 28, que en lenguaje diplomático quiere decir que fueron ‘rechazadas’, y se hicieron cinco compromisos y promesas voluntarias.

Colombia aceptó la protección de la vida de defensores de DD. HH. y líderes sociales, todo lo relacionado con la protección y promoción de los derechos humanos, la lucha por la desigualdad y cualquier forma de discriminación, los derechos de las mujeres, la implementación de los acuerdos de paz, la justicia transicional, la verdad, la reconciliación y la no repetición.

Garantizar los derechos de las víctimas, la reintegración de combatientes y continuar los diálogos con el Eln, así como revisar los mecanismos que permitan la participación efectiva de las comunidades en las decisiones del Estado, en particular para indígenas y afrocolombianos, entre muchas otras recomendaciones.

Respecto a los vecinos, Colombia aceptó la recomendación de Ecuador de “incrementar los esfuerzos para salvaguardar y proteger los derechos humanos de la población civil en las áreas de frontera en el marco de la cooperación internacional”, algo que está muy relacionado con la actual crisis en el límite colomboecuatoriano por la presencia de disidencias de las Farc y grupos y carteles de narcotraficantes que están impactando con actos terroristas, secuestros y amenazas a la población civil.

Entre las 26 recomendaciones rechazadas, está la ratificación del protocolo opcional de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Colombia firmo y ratificó dicha convención, pero no el protocolo. Fuentes consultadas en Ginebra relacionan la actitud de Colombia por el problema de hacinamiento carcelario, que podría ser equiparado con la ‘tortura’.

Colombia también ‘tomó nota’ de las recomendaciones para ratificar los protocolos sobre la convención de los derecho de las personas en condición de discapacidad y el del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Y en cuanto a los compromisos y promesas voluntarias, Colombia reafirmó su decisión de llevar a buen término la implementación del acuerdo final y fin del conflicto con las Farc, continuar los diálogos de paz con el Eln, y continuar como la promoción de una cultura de paz, entre otros.

Pasada la euforia por el histórico proceso de paz con las Farc, el desafío en derechos humanos para Colombia es enorme y en el 2023 se sabrá si el país superó la mayor parte de los temas en los que se rajó en este ciclo del EPU o si todas los compromisos y promesas se quedarán en eso, simples promesas.

EDUARD SOTO
​Enviado especial de EL TIEMPO
Ginebra

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