Catalanes apelan a normas internacionales para su referendo

Catalanes apelan a normas internacionales para su referendo

Los  independentistas quieren celebrar en octubre el referendo que busca la separación de España.

Carles Puigdemont

El presidente regional catalán, Carles Puigdemont, al momento de anunciar que su comunidad autónoma hará un referendo secesionista.

Foto:

Lluis Gene / AFP

04 de julio 2017 , 09:23 p.m.

La futura Ley del Referéndum de Autodeterminación, presentada este martes por los secesionistas de la región española de Cataluña, apelan a sentencias del Tribunal de La Haya y de la Corte Suprema de Canadá para justificar un “régimen jurídico excepcional” que ampare esa consulta para separarse de España.

Los independentistas que gobiernan esa región de 7,5 millones de habitantes quieren celebrar el 1.° de octubre ese referendo, que la Justicia española considera inconstitucional y que el Gobierno de Madrid está dispuesto a impedir.

Los dos grupos separatistas, Junts pel Sí y la CUP, presentaron el martes el proyecto de ley que probablemente será aprobado por el Parlamento de la región a finales de agosto para intentar dar cobertura a esa hipotética consulta de autodeterminación.

Aparte del gobernante PP, los socialistas del PSOE y los liberales de Ciudadanos rechazan los planes secesionistas y los consideran ilegales, mientras que el tercer partido español, Unidos Podemos (izquierda), defiende un referendo consensuado con el Estado –no unilateral– y la permanencia de Cataluña en España.

Los portavoces parlamentarios de los secesionistas explicaron detalles del proyecto y aseguraron que se prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña antes de 48 horas si ganase el sí en el supuesto referendo del 1.° de octubre, mientras que si ganase el no, el Ejecutivo de la región convocaría elecciones autonómicas.

La base legal sobre la que pretende asentarse la nueva ley se refleja en la afirmación de que el pueblo de Cataluña es un “sujeto político soberano” y, como tal, “ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política”.

Estos son argumentos rechazados por el Gobierno español, que subraya que, tal como dice la Constitución, la soberanía nacional reside en el pueblo español y que la misma Carta Magna impide la convocatoria de consultas de autodeterminación de territorios.

EFE

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