Polémica por las reformas que estudia la OEA. Presupuesto, asunto central.

Este miércoles, un grupo de trabajo conformado por la OEA presentará ante el Consejo Permanente de la institución un documento en el que se plantean recomendaciones para fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos.

Se trata de sugerencias que atañen en gran medida al funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Salvo el caso específico de la Relatoría para la Libertad de Expresión, las recomendaciones, en el papel, apuntan al perfeccionamiento del sistema a través de mayor transparencia y rigor jurídico.

Pero entre la comunidad de ONG, la comisión misma y la sociedad civil, hay preocupación pues se piensa que, de ser aprobados este miércoles, los cambios propuestos podrían acabar por debilitarla.

Esto ha dado pie a una gran discusión que hasta ahora se ha mantenido al margen de la opinión pública.

"Hay estados que, escudándose en recomendaciones que parecen razonables, buscan tenderle una trampa al sistema interamericano. Sin las herramientas necesarias para implementarlas, en la práctica se trata de sugerencias de imposible cumplimiento que solo servirían para distraer recursos y la atención de la CIDH de situaciones y casos graves que ameritan su atención", explica José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch.

Pero los estados no lo ven así. "Es obvio que hay ruido y sectores que se sienten incómodos. Pero este fue un esfuerzo serio y moderado en el que se trabajó de la mano con la Comisión, las ONG y los estados y se llegó a un consenso. Lo que pedimos es que no sea visto como un ataque, sino como lo que es: unas reformas que buscan ganar en trasparencia y fortalecer el sistema", dice el embajador colombiano ante la OEA, Luis Alfonso Hoyos.

Medidas cautelares

La CIDH pide a los estados proteger a una persona una vez se establecen tres criterios: urgencia, gravedad e irreparabilidad. El documento plantea parámetros más específicos, con sustento jurídico, pues como están en la actualidad -alegan- se prestan para abusos.

También sugieren revisiones periódicas, pues algunos casos llevan más de 10 años, y los móviles que los provocaron pueden haber dejado de existir.

El problema es que para implementar la recomendación es necesario ampliar el pie de fuerza y los recursos de esta oficina, que hoy por hoy cuenta con tres abogados para manejar cientos de solicitudes cada año.

Este tema es particularmente complejo cuando hay una vida en riesgo y se necesita de un proceso expedito, que no perdona demoras.

La Relatoría para la Libertad de Expresión

El documento recomienda que el informe anual de la Relatoría, que evalúa la libertad de expresión en los 35 países de la región, se integre al informe anual de la CIDH. En otras palabras, que sea un capítulo más, lo cual le restaría visibilidad. Algunos creen que, incluso, esto podría acabar con el informe, pues los capítulos de las relatorías no suelen tener más de una página, mientras que el informe de libertad de expresión suele llegar a 400. Pide también igualar el financiamiento de todas las relatorías de la OEA. Dado que la Relatoría para la Libertad de Expresión recibe más del triple de los recursos que todas las otras, vería su presupuesto reducido.

Por último, sugiere un "código de conducta" que podría impedir que la Relatoría publique los comunicados de prensa que tanto molestan a países como Venezuela y Ecuador.

El capítulo cuarto

Es el que pide a la CIDH evaluar la situación de DD. HH. en un país donde se han presentado graves violaciones. Colombia, uno de los evaluados cada año, alega que bajo los criterios del capítulo cuatro, al menos 16 países de la región ameritarían revisión, pero que son solo dos o tres (Cuba, Venezuela y Colombia) los que terminan contra la pared.

El texto propone que se mire a todos los países por igual.

"Lo que se pide es un análisis de toda la región, y si se elige a un país, que se diga por qué. Si uno mira, solo se ve a unos pocos, y por eso parece más una sanción política. Aparecemos como los parias, y la decisión de evaluarnos es arbitraria", dice el embajador Luis Alfonso Hoyos.

Pero la CIDH no cuenta con recursos para realizar una evaluación de 35 países, y de hacerla, tendría que movilizar recursos y, en el proceso, desatender otras de sus funciones como medidas cautelares o trabajo de casos.

El asunto de la financiación

Gran parte del debate que han suscitado estas reformas se acabaría si se resolviera el tema de la financiación requerida para implementarlas. "Lo más importante de todo es contar con los recursos para poder sacar esto adelante. Sin la financiación, esto no funciona", dice el embajador Luis Alfonso Hoyos.

El documento, en cierto sentido, deja planteado el tema y propone algunas soluciones concretas. Entre estas, pide elevar el presupuesto de la CIDH para el 2012 en un 5 por ciento, y le recomienda al Secretario General de la OEA transferir recursos de otras áreas. Así mismo, se alienta a elevar las contribuciones voluntarias de los estados de aquí al 2015.

Lo que nadie sabe es si todos los estados realmente se meterán la mano al bolsillo para financiar a un órgano que no siempre rema para el mismo lado.

Sergio Gómez Maseri
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington.