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EEUU

Preocupación en CIDH por aumento de asesinatos de líderes sociales

Detrás de las siluetas estaban los líderes y defensores, quienes no querían mostrar sus rostros por temor a más amenazas y agresiones.

Detrás de las siluetas estaban los líderes y defensores, quienes no querían mostrar sus rostros por temor a más amenazas y agresiones.

Foto:Cortesía Corporación Jurídica Libertad

En informe el organismo presentó evaluación de los acuerdos de paz del Gobierno con las Farc.

Diana Ravelo
Aunque no sin reconocer los avances del estado colombiano a lo largo del año 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, publicó este jueves un duro reporte en el que expresa su alta preocupación por el incremento en los asesinatos de líderes sociales, el uso excesivo de la fuerza para reprimir la protesta social y la reconfiguración de grupos criminales en zonas antes controladas por las Farc, entre otras cosas.
Esta valoración hace parte del Informe Anual de la CIDH en el que Colombia fue ubicada en el Capítulo 5, donde se incluye a los países que se sometieron a una visita "in loco" por parte de la Comisión y se evalúa el cumplimiento de las recomendaciones plasmadas en su observación inicial.
Este es el quinto informe que presenta la CIDH sobre el país desde su visita en diciembre del año 2102. "En relación al cumplimiento de las recomendaciones, este año la Comisión se encuentra especialmente preocupada por el alto número de ataques a defensores que ha dejado un saldo de al menos 52 muertos hasta la aprobación del presente informe; la recomposición de los actores armados ilegales y el reclutamiento de disidencias de las Farc; y la represión de la protesta social por las fuerzas de seguridad del Estado con excesivo uso de la fuerza", dice el texto de casi 100 páginas.

En relación al cumplimiento de las recomendaciones, este año la Comisión se encuentra especialmente preocupada por el alto número de ataques a defensores

Así mismo, la Comisión reiteró que a lo largo del año 2017 siguieron presentándose una serie de "desafíos" que no han dejado de estar presentes en la historia reciente.
Entre ellos la situación de violencia que se registra en zonas rurales, las violaciones de derechos humanos que se mantienen en la impunidad, el alto número de personas que continúan desaparecidas, el aumento de personas en situación de  desplazamiento forzado, y los derechos de quienes pertenecen a grupos históricamente discriminados.
El informe también presenta una evaluación de los acuerdos de paz que se alcanzaron con las Farc y el primero año de su implementación. En este punto la CIDH arranca diciendo que es consciente del gran reto y responsabilidad que Colombia tiene por delante y reconoce los esfuerzos del Estado de cara al cumplimiento de los acuerdos.  Y reitera, de paso, que a su juicio "la consolidación de la paz es un requisito indispensable" para una mejora de la situación de los DD.HH. en el país.
"La Comisión reconoce que el Estado continúa desarrollando importantes políticas públicas en materia de derechos humanos para hacer frente a la realidad compleja de las víctimas del conflicto, los esfuerzos en la atención y protección de personas en riesgo, y la significativa inversión en recursos humanos y financieros en estas áreas", se afirma en un parte del reporte.
Igualmente la CIDH destaca que desde que se pactó el cese al fuego con las Farc las tasas de homicidios y secuestros se han reducido de manera significativa. Pese a esos avances, dice la Comisión, el país siguió teniendo una de las más altas tasas de asesinatos en América Latina.
Uno de los puntos al que dedica más atención el reporte es el que se refiere a la aparición de grupos criminales en zonas que antes controlaba las Farc. La Comisión recoge apartes de las observaciones de misión de la OEA (MAPP/OEA) en las que dice que el Estado no ha logrado posicionarse en esas zonas de manera eficiente e indica que hay regiones, como el Sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño, donde "se percibe una situación de abandono e inoperancia de la Fuerza Pública".
Por eso, le pide el Estado estrategias con impacto a largo plazo para desmantelar estas organizaciones y fortalecer la institucionalidad en estas zonas.  En el informe la CIDH también cuestiona la aprobación de una disposición en la Ley Estatutaria de la JEP en la que se prohibió que personas con antecedentes de demandas ante el estado colombiano por temas de derechos humanos puedan aspirar a cargos en la justicia transnacional.
Según la CIDH, de aprobarse una Ley Estatutaria que contenga dicha limitante, ésta podría constituir un obstáculo para la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas en el marco de la JEP.
En referencia a la JEP la Comisión también advirtió que para que el sistema funcione quienes integren los tribunales deberán hacer valer de manera rigurosa los requisitos de los que depende que se otorgue una pena atenuada a quienes se sometan y confiesen.
De otra parte, la CIDH también catalogó de "incipiente" la implementación de los puntos del Acuerdo de Paz relativos a la reforma política, así como a los derechos sociales y económicos de las comunidades rurales en las zonas del conflicto y por eso insta al estado a que avance "en todos y cada uno de los puntos del Acuerdo, sin perjuicio del actual contexto electoral".
El informe presenta a su vez duras críticas por las acciones del ESMAD y le pide al estado "adoptar medidas inmediatas para que el escuadrón realice sus funciones dentro del estricto marco del respeto de los derechos humanos y que se tomen las acciones penales y disciplinaras correspondientes contra los responsables de las alegadas violaciones".  
Respecto a las medidas cautelares, el informe denuncia que en muchos casos no se están cumpliendo a cabalidad y critica al Estado por la falta de resultados en las investigaciones contras las personas o grupos que provocaron la protección especial.
En el informe se expresa preocupación por la situación de riesgo que están experimentando las personas cuando regresan a los territorios de donde fueron desplazados y por la "grave situación de impunidad" que aún existe frentes a las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH cometidas por todos los actores del conflicto en Colombia.
Por último, y a manera de conclusión, la Comisión sostiene que continuará colaborando con el estado en la búsqueda de soluciones a los problemas y desafíos identificados en el informe, y dando acompañamiento para asegurar que las víctimas puedan defender sus derechos y el país pueda cumplir con sus obligaciones internacionales.
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
En Twitter: @sergom68
Diana Ravelo
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