Si cultivos ilícitos no se reducen, EE. UU. congelaría ayuda

Si cultivos ilícitos no se reducen, EE. UU. congelaría ayuda

Se podrían perder el 30 por ciento del apoyo económico, que equivale a 82,8 millones de dólares.

La productividad más alta de cocaína en la historia

La concentración de cultivos está en Nariño, Norte de Santander y Putumayo, donde están casi el 41 por ciento de las matas de coca.

Foto:

Policía Antinarcóticos

19 de julio 2017 , 09:11 a.m.

Si Colombia no logra reducir en lo que queda de este año los cultivos ilícitos de cocaína, podría perder cerca del 30 por ciento de la ayuda que Estados Unidos le otorga anualmente.

Eso, al menos, es lo que han propuesto los legisladores de la Cámara de Representantes de ese país en el proyecto de presupuesto para las operaciones en el extranjero en el 2018, que sería discutido y aprobado este miércoles en la Comisión de Apropiaciones.

"El 30 por ciento de los fondos solo podrán ser utilizados luego de que el Secretario de Estado certifique y le reporte a esta comisión que Colombia ha reducido los cultivos ilícitos de droga, su producción y tráfico”, sostiene el documento.

En total, la Cámara de Representantes solicita cerca de 335 millones de dólares para gastar en el país a partir de octubre, cuando comienza el año fiscal en EE. UU. De esos fondos, 276 millones de dólares quedarían sujetos a la evaluación y visto bueno del departamento de Estado, lo que significaría que 82,8 millones de dólares pasarían al congelador si el país no logra reducir los cultivos ilícitos.

Este porcentaje, que quedaría bloqueado hasta que el Secretario de Estado expida la certificación, incluye tanto los fondos para la lucha contra el narcotráfico como los previstos para apoyar la implementación de los acuerdos de paz, siempre y cuando estos se ajusten a la Constitución y a la ley.

De hecho, el texto de la Cámara de Representantes establece otras condiciones, entre estas, que los fondos no podrán ser usados para pagar reparaciones a víctimas del conflicto o compensaciones a excombatientes desmovilizados.

Esta misma condición ya estaba incluida en la ayuda que se aprobó para el gasto durante este 2017.

El borrador señala también que los recursos deberán utilizarse en programas encaminados a brindar seguridad y estabilidad en las regiones, expandir el acceso a la justicia y la promoción del desarrollo económico y social en zonas golpeadas por el conflicto.

El asunto es delicado y podría convertirse en un obstáculo para la cooperación, al igual que irritante en las relaciones bilaterales.

En los últimos años, los cultivos de coca en el país se han duplicado y, de acuerdo con las últimas estadísticas de la Casa Blanca, alcanzarían ya más de 188.000 hectáreas (hasta diciembre del año pasado), la cifra más alta en toda la historia de las mediciones.

Y es que para la nueva administración de Donald Trump, el problema, en parte, se atribuye a la suspensión las fumigaciones aéreas con glifosato que decretó el Gobierno colombiano en el 2015.

De aprobarse, sería la primera vez en la historia reciente que EE. UU. aprobaría este tipo de condicionamiento a la ayuda.

“No creo que sea adecuado penalizar a Colombia si está haciendo un esfuerzo de buena fe. Y creo que implementar los acuerdos de paz debe contar como un esfuerzo de buena fe”, sostiene Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola).

En cualquier caso, los fondos solicitados por la Cámara son muy superiores (casi un 35 por ciento adicional) si se comparan con lo que había solicitado el presidente Donald Trump hace un mes, cuando presentó su proyecto de presupuesto de gasto para el año entrante en donde pidió 251 millones de dólares para Colombia.

La ayuda ofrecida por la Cámara es, sin embargo, inferior a los recursos que recibirá Colombia este año y que sumarán unos 391 millones de dólares.

Se trata, no obstante, solo del primer paso, una vez el proyecto salga de la Comisión de Apropiaciones pasaría a la plenaria en una fecha aún por definir. Paralelamente habrá que esperar que el Senado avance en su propio proyecto, que una vez esté aprobado en las dos Cámaras entraría a una “comisión de conciliación” para limar diferencias y luego iría nuevamente a votación en la plenarias.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO

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