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Los argumentos del alcalde de Cúcuta para denunciar crisis ante CIDH

1.512 niños sin estudiar, la pérdida de enseres y la imposibilidad de trabajar, algunas razones.

SERGIO GÓMEZ MASERI
Los 1.512 niños que hoy no pueden atravesar la frontera con Venezuela para ir a sus escuelas, los colombianos que no han podido volver al vecino país para recoger las cosas que la Guardia venezolana no les dejó sacar el día que los expulsó y los que tampoco han podido volver para trabajar son la base inicial de la denuncia contra ese país que el alcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez, llevó este miércoles ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Que vayan, miren y verifiquen para poder tomar una decisión sobre las medidas cautelares”, dijo Ramírez en Washington, al explicar que pidió ante el organismo la expedición de 16 medidas cautelares para salvaguardar diversos derechos que les están violando a los colombianos en la frontera.
La CIDH, órgano que hace parte de la OEA pero que es independiente, había publicado un fuerte comunicado el viernes pasado pidiendo la inmediata suspensión de las deportaciones colectivas de colombianos desde Venezuela.
Había enumerado una serie de violaciones a los derechos humanos en los que estaría incurriendo el gobierno de Nicolás Maduro.
De otro lado, el defensor el Pueblo, Jorge Otálora, quien también viajó a Washington para denunciar al gobierno de Venezuela ante la CIDH y pedir medidas cautelares, dijo que basaba su denuncia en 1.500 testimonios de los colombianos expulsados. 
SERGIO GÓMEZ MASERI
Corresponsal de EL TIEMPO
Washington
SERGIO GÓMEZ MASERI
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