La polémica Filipinas del presidente Rodrigo Duterte

La polémica Filipinas del presidente Rodrigo Duterte

Tras un año en el poder, goza de popularidad, pese al saldo humano de su 'guerra contra las drogas'.

Rodrigo Duterte

Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas.

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Noel Celis / AFP

02 de julio 2017 , 12:00 a.m.

Fueron 15 días de incertidumbre. El presidente filipino, Rodrigo Duterte, no apareció en público durante ese lapso de tiempo y en el país asiático hubo todo tipo de especulaciones, desde quienes lo daban por muerto hasta los que hablaban de abandono del cargo.

Pero el jefe de Estado puso fin a los comentarios cuando reapareció ante los periodistas el martes pasado, justo tres días antes de cumplir su primer año en el poder.

No es raro que este primer corte de su mandato termine con una situación de esa naturaleza. De hecho, toda la presidencia de Duterte ha estado marcada por asuntos polémicos, como las acusaciones que lo señalan de haber sido el cerebro de los escuadrones de la muerte cuando fue alcalde de la ciudad de Davao, por la ofensiva contra los extremistas islámicos en el sur del país y, en especial, su famosa y peculiar “guerra contra las drogas”, que –con el argumento de erradicar el crimen y aumentar la seguridad– ha dejado más de 7.000 muertos y otras cientos de miles de personas desplazadas.

Aun así, Duterte es uno de los presidentes más populares que ha tenido Filipinas. Según el último sondeo realizado por Pulse Asia, el 85 por ciento de los filipinos aprueban su gestión.

Según analistas, esto se puede explicar, paradójicamente, por su estilo de gobierno. “Tiene que ver con cómo enmarcó Duterte la guerra contra las drogas, pues es algo que no es una cuestión de estadísticas, sino de temores de la comunidad local”, dijo a EL TIEMPO Patricio Abinales, profesor de la escuela de estudios de Asia y Pacífico de la Universidad de Hawái en Manoa.

El hecho de que “la guerra contra las drogas” haya sido el centro de las políticas del presidente filipino ha permitido mayor libertad para que la Policía, el Ejército y grupos clandestinos ejecuten a traficantes y consumidores de sustancias psicoactivas, lo que ha generado una condenada internacional.

“Su política contra las drogas ha sido un fracaso: miles de muertos, principalmente usuarios pobres o distribuidores; ninguna gran organización (de tráfico de estupefacientes) ha sido destruida, y ningún político con fuertes vínculos con el narcotráfico capturado”, apuntó Abinales.

Pero estos resultados no son nuevos. Algo similar sucedió cuando Duterte fue alcalde de Davao, en el sur de Mindanao, donde aparecieron escuadrones de la muerte dedicados a perseguir la presencia de drogas en la ciudad y sembrar el pánico.
No obstante, la mano dura del mandatario –que algunos han llamado abuso de autoridad– caló muy bien entre sus electores.

“La gente aprueba o mira hacia otro lado cuando se trata de críticas a los escuadrones de la muerte”, y prima la promesa “de poner fin a la delincuencia en el país”, concluyó Abinales. Eso explica que acusaciones fuertes en su contra –como la que hizo Arturo Lascañas, exlíder de operaciones de los escuadrones de la muerte en Davao y quien resposabilizó a Duterte en el Senado de “todos los asesinatos” que se cometieron durante su alcaldía– no afecten su imagen favorable.

“Él mismo lo admite: fue elegido presidente por su fama”, dijo en diálogo con este periódico Tom Smith, académico experto en Filipinas y columnista de The Guardian. Sin embargo, otro asunto que preocupa es que la feroz persecución contra las drogas no sea respaldada por un conocimiento o estudio claro sobre dicho fenómeno.

“El tráfico de drogas ilícitas en Filipinas y los adictos causan crímenes de bajo nivel. Sin embargo, el problema no se entiende bien ni se investiga. Lo que sí se sabe con más certeza es que es el resultado de la corrupción y la pobreza endémica”, aseveró Smith.

Eso se relaciona con las propias declaraciones de Duterte, quien durante lo que lleva de mandato ha preferido utilizar palabras vulgares y agresivas en lugar de argumentos.

“Estos hijos de p… están destruyendo a nuestros hijos. Si conoces a algún adicto, ve por él y mátalo porque conseguir que sus padres lo hagan será muy doloroso”, dijo el mandatario para legitimar el exceso de las Fuerzas Armadas y de grupos armados clandestinos en contra de los consumidores de droga.

A pesar de que su gobierno se ha centrado casi que exclusivamente en los problemas de las drogas, hay otras promesas de su presidencia que tampoco se han materializado.

Sigue la inseguridad

Según analistas, la seguridad que tanto prometió todavía no se siente. De hecho, en su gobierno se rompieron las negociaciones de paz con el movimiento comunista, se detuvieron los acercamientos con el separatista Frente Moro de Liberación Islámica y no se ha evitado la radicalización de los jóvenes musulmanes, lo que quedó claro con la ofensiva que Duterte lanzó en mayo, en el sur del país, bajo la consigna de luchar contra el grupo terrorista Estado Islámico.

“No hay evidencia confiable de que estas drásticas medidas –como las ejecuciones extrajudiciales– estén realmente funcionando para mejorar la paz y el orden en Filipinas”, dijo a este diario Gerard Finin, director del Programa de Desarrollo de las Islas del Pacífico del East-West Center. Pero en el campo de las relaciones exteriores le ha ido un poco mejor. Duterte prometió reducir la dependencia del país frente a Estados Unidos y acercarse a sus vecinos asiáticos, y lo ha conseguido. Por ahora, su gobierno espera de China 24.000 millones de dólares en inversiones y préstamos favorables.

Lo cierto es que, aunque varios diputados opositores le han pedido la renuncia y ONG como Human Rights Watch y Amnistía Internacional lo acusan de violar derechos humanos, a la polémica presidencia de Duterte todavía le quedan cinco años, pues las posibilidades de que sea destituido son bajas: tiene el control del Parlamento y pronto podrá poner magistrados en la Corte Suprema.

El tema de siempre: Extremismo islámico

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, decretó en mayo de este año la ley marcial en la sureña isla de Mindanao, después de enfrentarse milicianos del grupo yihadista Estado Islámico (EI) contra la fuerza pública en la ciudad de Marawi y matar a tres uniformados.

El suceso dio inicio a la ofensiva que el Ejército desplegó en esta región para combatir a este y otros grupos extremistas.

Al igual que en la ‘guerra contra las drogas’, el uso de la fuerza ha sido desmedido. Se habla de cerca de 265.000 personas desplazadas de sus hogares en Marawi y más de 400 muertos.

Pero las disputas con los grupos islamistas no son nuevas. Según
Tom Smith, experto en Filipinas y columnista de The Guardian, la insurgencia musulmana lleva más de medio siglo funcionando y responde, más que nada, a “clanes familiares en el sur que han empleado la violencia y la bandera del islam extremista durante décadas”.

Otros analistas sostienen que eso tiene que ver con la disputa entre el actual alcalde de Marawi, Majul Gandamra, y un antecesor suyo, conocido por ser un importante productor y proveedor de metanfetaminas y quien ha sido además arrestado en varias oportunidades. Muchos seguidores de este último han engrosado las filas del grupo Maute, afiliado al EI, para buscar un cambio de gobierno en la ciudad.

La situación es propicia para la intervención de las fuerzas leales a Duterte, entre otras razones porque la ciudad y la isla de Mindanao han sido epicentros del tráfico de drogas.

DANIEL STEVEN TÁMARA DUARTE
Redacción Internacional

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