Los islamistas, ahora en la presidencia, los militares y la judicatura luchan por el poder.

Una nueva batalla empezó en Egipto, solo que esta vez en las instituciones del Estado. Los islamistas, ahora en la presidencia, los militares y la judicatura luchan por el poder.

Una semana después de tomar posesión, el islamista Mohamed Morsi lanzó su ofensiva restableciendo por decreto presidencial el Parlamento, a pesar de que la Corte Constitucional lo había declarado "inconstitucional" el 14 de junio y de que había sido disuelto rápidamente y por la fuerza por la Junta militar que gobierna de facto el país desde la marcha del dictador Hosni Mubarak en febrero del 2011.

La cámara baja egipcia se volvió a reunir el martes, desafiando tanto las sentencias judiciales como a los militares. Fue una sesión muy breve y vacía de contenido, pero cargada de simbolismo, ya que el Parlamento reivindicaba así el poder que la Junta militar le había arrebatado. La Corte Constitucional reiteró la ilegalidad de la cámara baja pocas horas después.

"Los egipcios de a pie no entienden qué está pasando y lo único que desean es que sus gobernantes resuelvan los problemas, no que los creen", dijo a EL TIEMPO el abogado pro derechos humanos Amr Ismail Adly.

Morsi no ha conseguido formar gobierno en casi dos semanas y el abrir este nuevo frente lo ha aislado aún más de las demás fuerzas políticas, que acusan al Presidente de luchar por sus intereses y los de los Hermanos Musulmanes, el nuevo poder en Egipto tras la revolución.

El otro gran poder, la Junta militar, que ha manipulado la ley a su antojo y modificó la Constitución para limitar los poderes del mandatario, por el momento prefiere permanecer a un lado y dejar que sean los jueces y los islamistas los que se enfrenten directamente en esta ocasión.

La ilusión de estabilidad parece esfumarse

Ni siquiera los expertos legales se ponen de acuerdo en si el Presidente tiene derecho a restablecer el Parlamento o si el Tribunal Constitucional puede anular un decreto presidencial, pero el resultado es un conflicto abierto en el seno del Estado que amenaza con paralizar su funcionamiento y afectar a los ciudadanos. En lo que sí coinciden los expertos es en que este choque de trenes solo empeora las cosas: "Egipto está inmerso en un gran caos institucional y legal, que puede dar lugar a un estado disfuncional", afirma el abogado Amr Ismail Adly. La esperanza de los egipcios de que la elección de un presidente trajera estabilidad parece desvanecerse.

FRANCESCA CICARDI
Para EL TIEMPO
El Cairo