¿Qué tan irreversible es la crisis de la Corte Penal Internacional?

¿Qué tan irreversible es la crisis de la Corte Penal Internacional?

El retiro de Burundi, Sudáfrica y Gambia es un golpe duro, pues afecta universalidad del organismo.

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La misión de la CPI es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad.

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Corte Penal Internacional

20 de noviembre 2016 , 10:54 p.m.

Colombia, por numerosas razones, no puede permanecer ajena a la honda crisis en que ha entrado en las últimas semanas la Corte Penal Internacional (CPI).

Tres países africanos –Burundi, Gambia y Sudáfrica– han depositado su carta de renuncia ante el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Rusia retiró su firma de adhesión al Estatuto de Roma y el Departamento de Estado está muy molesto con los rumores crecientes de una apertura de investigación por la conducta de sus tropas en Afganistán.

Para algunos analistas, los más pesimistas, estos retiros –a los cuales probablemente van a seguir en cascada en los próximos meses otras naciones de África lideradas por Namibia, Kenia, Uganda y Tanzania– anuncian el principio del fin de este organismo.

Para otros, más optimistas, se trata de un traspié muy grave que va a obligar a la CPI a una revisión de sus métodos y orientaciones, pero que no necesariamente conducirá a su desaparición, debido a su significación y al rol que cumple en el ámbito de la justicia internacional.

¿Cómo explicar estos hechos y cuáles pueden ser sus consecuencias a nivel mundial y, en particular, para Colombia? ¿Un órgano neocolonial europeo?

El principal argumento de los países que han anunciado su retiro de la CPI es el malestar con una institución que perciben como una herramienta neocolonial antiafricana.

Sin duda, los principales avances en la aplicación del Estatuto de Roma han sido, ante todo, en este continente. Unos simples datos bastan para evidenciar esta aseveración.

Primero, de los nueve Estados en los cuales se hallan abiertas investigaciones contra individuos responsables de haber cometido crímenes de jurisdicción de la CPI (Uganda, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán, Kenia, Costa de Marfil, Libia, Malí), todos son africanos, con la sola excepción muy reciente de Georgia debido a los excesos cometidos en el 2008 durante la guerra ruso-georgiana.

Segundo, las cinco sentencias que han proferido los jueces de la CPI han cobijado todas sin excepción a africanos: en el año 2012 fueron condenados dos jefes milicianos de la República Democrática del Congo (RDC): Thomas Lubanga y Germain Katanga. Y este año fueron condenados el antiguo vicepresidente de la RDC, el millonario Jean-Pierre Bemba, por los crímenes cometidos por una de sus milicias: el Ejército de Liberación del Congo, en la República Centroafricana.

También el líder local de una organización islámica radical, Achmad al Mahdi, por la destrucción de algunos bienes culturales en Malí, que habían sido declarados tesoros de la humanidad por la Unesco. La única sentencia absolutoria favoreció a otro exmiliciano de la RDC, Mathieu Ngudjolo Chui.

Tercero, las seis personas que se hallan en juicio y detenidas en la prisión de Scheveningen en La Haya son todas de nacionalidad africana. Ante todo, por su significación, vale la pena mencionar al expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo y a su principal asesor, Charles Blé Goudé (ex ministro de la Juventud), por la violencia que hubo en su país debido a la negativa del primero de dejar el poder tras su derrota electoral en el año 2010.

Cuarto, a pesar de que ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China forman parte de la CPI, por medio del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tienen la facultad para dilatar investigaciones en su contra, pero, a su vez, pueden solicitarle a la fiscalía de la CPI la apertura de investigaciones.

Así ocurrió contra dos jefes de Estado africanos, Muamar el Gadafi, de Libia, y Omar al Bashir, de Sudán. Un total contrasentido y una fuente de hondo malestar en África.

En pocas palabras, los países africanos críticos de la CPI sostienen que, a pesar de que las naciones africanas adherentes al Estatuto de Roma representan más o menos una tercera parte de la corte, concentran la casi totalidad de los procesos que están en curso.

Los defensores en África

Sin negar estas evidencias, sus defensores en África liderados por Ghana, Zimbabue y Senegal argumentan que no es posible negar la vocación universal de la CPI.

Por una parte, el Estatuto de Roma –aprobado el 17 de julio de 1998– fue el resultado de la conferencia diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, en la cual participaron 160 países y no fue, por lo tanto, ni el producto de una jurisdicción 'ad hoc' impuesta por los vencedores de una guerra (como los Tribunales de Núremberg y Tokio) ni es una institución establecida de manera excepcional por el Consejo de Seguridad, como lo fueron los tribunales especiales para la antigua Yugoslavia y Ruanda. Por otra parte, 123 Estados de manera voluntaria ratificaron el Estatuto de Roma, entre ellos 33 africanos.

No niegan, sin embargo, el ‘afrocentrismo’ dominante, el cual justifican por las circunstancias propias de este continente. Primero, debido a que la mayoría de las investigaciones abiertas han sido por solicitud de los propios gobiernos africanos (Uganda, RDC, República Centroafricana, Costa de Marfil). Segundo, en los dos casos en que el Consejo de Seguridad ha solicitado la intervención de la CPI (Sudán y Libia), ha contado con los votos afirmativos de los países africanos miembros.

Por último, argumentan que el peso de los funcionarios de origen africano en la corte es muy significativo, comenzando por la propia fiscal, Fatou Bensouda, y nada menos que por el actual presidente de la Asamblea de Estados Partes, el ministro de Justicia de Senegal, Sidiki Kaba. Es decir, según la jurista Anne–Charlotte Martineau, el ‘afrocentrismo’ sería un fenómeno circunstancial y no estructural.

¿Cuáles fueron las chispas que desataron la crisis?

En este clima tan tenso, desde hace varios años, varios líderes africanos han planteado la necesidad de retirarse masivamente de la CPI y crear una corte penal propia, una amenaza que hasta el momento se había logrado contener.

Sin embargo, dos hechos sirvieron de detonantes principales de la presente crisis. Por una parte, la apertura de una investigación contra el presidente y el vicepresidente de Kenia, Uhuru Kenyatta y William Ruto, debido a los cientos de víctimas que hubo en las elecciones celebradas en el año 2007, en las cuales se enfrentaron diversas comunidades étnicas que eran lideradas por uno y otro.

Por otra parte, el hondo malestar que causó en Sudáfrica la exigencia de la CPI de detener y entregar al presidente de Sudán, Omar Al-Bachir, cuando éste se hallaba participando en una conferencia de la Unión Africana el año pasado.

Tras muchos malentendidos y fricciones, el partido de gobierno, el Congreso Nacional Africano y el presidente Jacob Zuma consideraron que la corte había irrespetado a Sudáfrica, pues si bien el artículo 27 del Estatuto de Roma afirma que éste es aplicable a cualquier persona con independencia del cargo que ocupe, el artículo 98 sostiene que la corte no puede presionar a un Estado para que desconozca la inmunidad de los funcionarios públicos que se hallan de visita en su territorio.

Los retiros de Sudáfrica y Gambia son particularmente graves. En el primer caso, se trata ni más ni menos que de la patria de Nelson Mandela, de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación liderada por Desmond Tutu; es decir, de una de las naciones en las cuales emergió con fuerza la justicia transicional y el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. En el segundo caso, se trata de la nación de origen de la actual fiscal, Fatou Bensouda, cuyo presidente en ejercicio, Yahya Jammeh, está acusado de serios atentados contra los derechos humanos.

El retiro de Burundi, Sudáfrica y Gambia es un golpe muy duro para la CPI, pues afecta la ambición de este organismo –que entró en funcionamiento en el año 2002– de avanzar hacia su universalidad. Ya tenía en su seno 123 Estados, de los 194 que tienen asiento en las Naciones Unidas, aun cuando poderosos como Estados Unidos, China, Rusia, India y Pakistán, se niegan a formar parte.

Los dictadores y criminales de guerra deben estar muy contentos con esta mala noticia. En especial, pero no exclusivamente, los gobiernos dictatoriales de la propia África. El debate está abierto y caliente.

¿Y Colombia?

Una de las reacciones probables de la CPI para liberarse de la acusación de que se trata de un órgano antiafricano y poder contener el desangre puede abrir investigaciones en otras regiones del mundo, además de la apertura reciente en Georgia.

En estos momentos, 10 países están en la lista de naciones bajo examen preliminar, es decir, en estudio para determinar si tienen la voluntad y la capacidad para juzgar los crímenes cometidos en su territorio y de jurisdicción hoy de la CPI (crímenes de guerra, de lesa humanidad y de genocidio): Colombia (2004), Afganistán-USA-OTAN (2007), Guinea (2009), Nigeria (2010), Israel (2013), Ucrania (2014), Irak-Gran Bretaña (2014), Palestina (2015), Burundi (2016) y Gabón (2016).

En plata blanca, Colombia constituye el caso más antiguo bajo esta condición. Y, por lo tanto, debe desplegar una intensa gestión diplomática para continuar demostrándole a la fiscalía de la CPI que el país no solamente tiene la voluntad sino la capacidad para juzgar esos crímenes, respetando los estándares del Estatuto de Roma.

Y debe, además, garantizar que los acuerdos alcanzados en La Habana y en Quito respeten plenamente los estándares del Estatuto de Roma. No olvidemos que la fiscalía de la CPI nos acaba de recordar en una enérgica carta (‘Informe sobre las actividades de examen preliminar. Situación en Colombia, 14 de noviembre de 2016’), que continúa teniendo cinco temas de estudio en el país: los crímenes sexuales en el marco del conflicto, los ‘falsos positivos’, el desplazamiento forzado, la caracterización de las ‘bacrim’ y el contenido jurídico de los acuerdos de paz.

La decisión de la fiscalía de la CPI de abrir una investigación en Afganistán, que el analista David Bosco en la revista ‘Foreign Policy’ prevé que será anunciada este año, es una señal clara de que la CPI va a hacer múltiples esfuerzos para avanzar en serio hacia la ‘desafricanización’.

EDUARDO PIZARRO L.
Especial para EL TIEMPO

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