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Hectáreas entregadas por restitución equivalen al tamaño de Quindío

La Unidad de Restitución ha recibido 89.000 reclamaciones de tierras en todo el país.

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El abismo que hay entre el Gobierno y la Procuraduría por la restitución de tierras en Colombia es hondo. La discusión se quedó a vivir en la arena política, pero es mucho más profunda. Toca temas jurídicos que no se pueden sepultar tres metros bajo la tierra en disputa.
Los personajes que juegan en esta contiendan son el procurador Alejandro Ordoñez, el presidente Juan Manuel Santos, el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri y el director de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) Ricardo Sabogal. Detrás del telón están algunos dueños de tierras que ven cómo la Ley de Restitución avanza y está que los alcanza para llevarlos hasta los estrados judiciales.
Los datos que muestran la magnitud del tema demuestran que desde que comenzó la vigencia de la ley, la Unidad de Restitución ha recibido 89.000 reclamaciones de tierras en todo el país. De ellas, 35.000 han sido resueltas, es decir que ya se ordenó la devolución de la tierra a los reclamantes luego de procesos jurídicos en los 56 juzgados de tierras que hay en Colombia.
En carta blanca, según datos de la URT, se ha ordenado la restitución de 185.000 hectáreas de tierra, casi el equivalente a la extensión del departamento del Quindío.
En palabras del ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, “esta ley de posconflicto se puso a andar en medio del conflicto, sabíamos que no iba a ser fácil y por eso el Gobierno tomó las salvaguardas para que funcione. Hacemos un llamado para que el tema sea mirado como lo que es y no como una discusión política”.
Germán Robles Espinosa, procurador delegado para los asuntos de tierras, sostiene: “La Procuraduría ha venido haciendo seguimiento a la política de restitución. Es novedosa, revolucionaria y muy importante para las víctimas en Colombia. Pero se empiezan a evidenciar problemas con los segundos ocupantes y eso es lo que no quiere revisar el Gobierno Nacional”.
Para la Procuraduría, hubo compradores de tierras que adquirieron predios y por haberlo hecho en zonas de conflicto, no pueden probar su buena fe, por tanto, ellos van a perderlas cuando sus procesos vayan a la justicia. “Esto tiene que revisarse porque todas las tipologías de despojo no son iguales”, dice Robles Espinosa.
Y agrega: “Es una ley valiosa, pero fue diseñada solo para el despojado. Pero cuando encontramos una víctima del conflicto, un campesino que llegó desplazado a una zona de violencia y le compró a su vecino, y hoy según la ley él figura como si fuera despojador, es cuando la cosa se complica. Él pasa de ser un campesino a un despojador, enfrentado a una carga de la prueba invertida y que tiene la obligación de probar una buena fe excenta de culpa. No ver esto es desconocer el inicio de un nuevo conflicto en Colombia”.
El ministro Iragorri explicó que en efecto hay casos excepcionales, que hay compradores de buena fe y de hecho hizo referencia a que por lo menos hay 200 sentencias que han ordenado varias acciones que van desde la indemnización de los segundos ocupantes, a quienes se les calificó como despojadores, hasta el hecho de que a las víctimas de despojo se les ha reubicado en otros territorios, entre tantas otras.
“El Ministerio, la Unidad de Restitución y el Consejo Nacional de Tierras tienen la obligación de mirar todos los casos, incluyendo los excepcionales, y es lo que estamos haciendo, pero el mecanismo no puede ser el de una audiencia pública, como lo hizo la Procuraduría en Sabanas de San Ángel, sino caso por caso”, dice Iragorri.
Y justo esa fue la gota que rebosó la copa de las malas relaciones entre el Gobierno y la Procuraduría, pues esta última realizó una audiencia pública en un municipio del Magdalena. Allí los propietarios criticaron al Gobierno y anunciaron medidas para exigir que sea reformada la Ley de Restitución de Tierras.
Iragorri se reunió a puerta cerrada el martes a las 4:30 de la tarte con el Procurador Ordoñez. A su salida puntualizó que hoy el Gobierno no está considerando hacer modificaciones a la ley y que pese a las críticas sí están conformes con el resultado de de tierras devueltas a los campesinos en Colombia en cuatro años de aplicación de la norma.
En medio de todo el lío están las víctimas y los ciudadanos, quienes también crítican el lento avance de la restitución. Cuando se presentó la ley se habló de que por lo menos se deben restitutir 2’400.000 hectáreas en Colombia.
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